Publicidad oficial y los engranajes autoritarios del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su naturaleza autoritaria, el PRI desoye todo aquello que pretenda una auténtica democratización de México. Se resiste a enterrar en definitiva al ya inoperante presidencialismo que le permitió el control del poder durante el siglo pasado.

Aun cuando las encuestas lo proyectan en un lejano tercer lugar en las elecciones presidenciales del 1 de julio, ese PRI antidemocrático pretende mantener los engranajes autoritarios que subsisten en el país.

Uno de ellos es la publicidad oficial, el mecanismo con el que sus gobiernos han controlado a la prensa a través del uso discrecional del gasto en esa materia; una partida que no ha dejado de crecer desde que el PAN gobernó entre 2000 y 2012, hasta los 40 mil millones de pesos erogados hasta ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre el presidente José López Portillo, quien gobernó entre 1970 y 1976, y el vicepresidente de facto, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, no hay ninguna diferencia en el uso patrimonialista de los recursos de la publicidad oficial.

Del “no pago para que me peguen” de López Portillo a las decisiones caprichosas de Videgaray en su anterior despacho de la Secretaría de Hacienda, para repartir los contratos publicitarios, hay sólo la distancia del tiempo.

Tampoco hubo diferencia entre los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y el de Felipe Calderón, quienes también en su vena antidemocrática manejaron la publicidad oficial a su antojo. El principio ha sido el mismo: castigar o premiar, según se porten los dueños de los medios.

Un grupo de organizaciones sociales y periodistas, aglutinado en el colectivo #MediosLibres, se ha embarcado en quitarle al gobierno el control absoluto de esos recursos para que sean gestionados y supervisados por un ente autónomo.

Es una tarea cuesta arriba, porque en última instancia lo que está en cuestión es uno de los ejes del control informativo y, en consecuencia, la formación de una sociedad auténticamente libre.

Desde su lógica autoritaria, es entendible que el PRI se oponga. Aun cuando todo apunta a que va a perder la Presidencia de la República, seguirá siendo gobierno en un gran número de estados y municipios, donde también se ejercen recursos de publicidad oficial.

La diputada Mercedes Sebastián Guillén, como presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, está aceitando ese engranaje antidemocrático.

Como lo hizo con la impugnada Ley de Seguridad Interior, la legisladora tamaulipeca se valió de la mayoría del PRI y de sus aliados Partido Verde y Partido Nueva Alianza –con el voto del diputado de Morena Alejandro Ojeda Anguiano–, para imponer un dictamen que busca legalizar el actual estado de cosas a través de la Ley General de Comunicación Social.

Sebastián Guillén procesó de manera ventajosa la iniciativa presentada hace apenas unas semanas por el PRI y sus aliados, desestimando propuestas de la oposición y del colectivo #MediosLibres, encabezado por Fundar y Artículo 19, la organización no gubernamental que desató esta batalla con el amparo que ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La legisladora también desoyó a la SCJN, que fijó hasta el día 30 como plazo perentorio para que el Congreso legisle en la materia. La Corte fijó principios internacionales para evitar que la publicidad oficial tenga un “efecto silenciador”, a través de la asfixia financiera, de los medios críticos al poder, o que granjee el apoyo de la prensa temerosa a perder los recursos que le asigne el gobernante en turno.

El PRI, sencillamente, mandó a volar también a la Corte en esta primera etapa legislativa.

@jorgecarrascoa

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