TOLUCA, Edomex (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó atraer la segunda queja de Morena contra el salario rosa y su réplica en el estado de Chiapas, y la turnó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que ni siquiera ha resuelto la primera promovida a finales de febrero. “En el IEEM son un poco lentos, no leen la Constitución que dice debe haber justicia pronta y expedita”, lamentó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, tras confirmar el trámite. Los consejeros del IEEM, dijo, tampoco conocen los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que deben ser resueltos con prontitud, pues se relacionan y afectan de manera directa los procesos electorales. “Hago un llamado al Instituto (electoral mexiquense) a que no se ponga del lado contrario a lo que exige la mayoría de los ciudadanos: que sean una autoridad imparcial, cumpla la ley y ponga en cintura a quien intente violarla”, convocó. Aunque rechazó precisar si detrás de la dilación advierte dolo, Duarte Olivares indicó que al menos hay desconocimiento de la ley por parte de los consejeros electorales locales, quienes además “le tienen todavía un poquito de miedo a algunos actores políticos”. El morenista confió, sin embargo, que pese a la lentitud del IEEM, Morena se alzará con el triunfo en el Estado de México el primero de julio próximo. También advirtió que, pese a que ya se detuvo la entrega masiva y difusión del monedero electrónico en territorio mexiquense con motivo del inicio de la veda federal, deben sancionarse las irregularidades cometidas con antelación. “El que ya no se esté realizando (la entrega masiva) porque la autoridad nacional impuso la veda, no significa que lo que ya violaron no sea sancionado”, apuntó. El salario rosa fue una de las principales promesas de campaña del priista Alfredo del Mazo como candidato a gobernador. Como mandatario, también fue un programa prioritario: en menos de un mes, (comenzó a distribuirse a mediados de febrero), para el 10 marzo, el número de beneficiarias aceptadas ya superaba las 70 mil (de 111 mil previstas), conforme a los informes de Erick Sevilla, secretario de Desarrollo Social. Morena entabló dos quejas por la operación del programa tras considerar que su distribución en la víspera de la contienda electoral rompía la equidad, y los servidores públicos involucrados violaban la Constitución que los obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos y a no influir en los comicios.