Armas, drogas y el poder de los reos en las cárceles sonorenses

jueves, 5 de abril de 2018 · 18:37
HERMOSILLO, Son. (apro).- En los operativos realizados al interior de tres centros penitenciarios sonorenses se han asegurado más mil 669 artículos que son utilizados como armas de defensa y ataque por los internos. En las incursiones del pasado 27 de marzo, así como del 3 y 4 de abril se han encontrado garrotes, tijeras, cuchillos, tenedores, seguetas, serruchos, "puntas", martillos y más de 370 buriles (o piezas de tornos). El 27 de marzo, unos 500 agentes de las policías federal y estatal catearon el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Obregón y encontraron nueve gorras, 11 pantalones, un short, 11 camisetas y dos pares de botas. También incautaron 30 garrotes, 77 "puntas", 63 "ponchadores", 35 tijeras, 33 cucharas, 26 cortauñas, seis tenedores, 49 encendedores, 8 seguetas, 13 candados, cinco llaves, tres cuchillos, 54 "charrascas", diez buriles, tres pinzas y 153 artículos de pedacería de metal. Seis días después, el martes 3, otros 600 elementos de las fuerzas federales y locales incursionaron al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) Uno en Hermosillo. En la revisión carcelaria se aseguraron 120 armas punzo-cortantes, 9 teléfonos celulares, dos envoltorios con pastillas, cuatro envoltorios con sustancia granulada con características físicas de la droga conocida como cristal, 57 martillos, 132 tijeras, 24 desarmadores, 8 cadenas, 2 reproductores de DVD, 2 serruchos y 217 buriles. Y ayer miércoles, la combinación de fuerzas estatales y federales se organizó para catear en el Cereso número 2 de esta capital, donde se incautaron 292 armas punzo-cortantes No solo eso. El pasado 27 de julio se informó que en las cárceles sonorenses existía el cogobierno y mala administración El sistema penitenciario sonorense obtuvo una calificación de 6.03 en la evaluación anual practicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, presentado en junio pasado, ubica a la entidad en vigésimo lugar en el rubro de efectividad carcelaria ofrecida. En 2015, se alcanzó una calificación de 6.37; para 2014 se promedió 6.34 y en 2013 el descenso se detuvo en 5.93, la peor evaluación en la presenta década. Este diagnóstico fue realizado en cinco ceresos estatales: el centro de Ciudad Obregón, el Hermosillo I y II; así como los reclusorios femenil y varonil de Nogales. En el extracto de información, en poder de Investigaciones Larsa Noticias, el Cereso I y II de Hermosillo alcanzaron una evaluación de 5.94 y 6.37, respectivamente. Mientras que la cárcel femenil de Nogales resultó con la calificación más alta con un 6.40. El verdadero poder Existe la Recomendación General No. 30/2017 que alerta sobre condiciones de autogobierno y cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. En la información publicada por la Secretaría de Gobernación y asentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de junio de 2017, se revela que en uno de cada cinco reclusorios existen condiciones de cogobierno o autogobierno. La recomendación define este poder fáctico carcelario como: "internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan el centro de reclusión y esta situación es tolerada por algunas autoridades". Además, se advierte que este poder detrás del poder permite que las personas privadas de la libertad realicen funciones exclusivas de la autoridad o del personal de seguridad tales como el manejo de llaves, coordinación de áreas y servicios, organización de actividades de limpieza y vigilancia de dormitorios, pase de lista, entre otras. No solo eso, también precisa que algunas personas privadas de la libertad ejercen control sobre la población, creándose privilegios y empleo entre pares en servicios personales, existiendo en algunos casos explotación sexual e imposición de medidas disciplinarias. Asimismo, se alienta la introducción y distribución de objetos y sustancias ilícitas al interior de los establecimientos haciendo un uso indebido también del abasto para la alimentación de la población.

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