CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La declaración del presidente Enrique Peña Nieto del pasado 5 de marzo en el sentido de que su única participación en las elecciones sería la emisión de su voto el domingo 1 de julio fue el banderazo de salida para que el gobierno federal y los estatales del PRI iniciaran su decidida y abierta participación a favor de los candidatos de su partido, particularmente de su desangelado candidato presidencial José Antonio Meade. Las acciones gubernamentales caminan por cuatro vías: la embestida de la Procuraduría General de la República en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya; la intensa propaganda gubernamental realizada en el periodo de intercampañas; la propagación del programa social Salario Rosa en los estados gobernados por el tricolor y, finalmente, la defensa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Es evidente que las cuatro intervenciones están coordinadas, pero cada una tiene su propia lógica. Los ataques en contra de Anaya tienen como principal objetivo desbancarlo del segundo lugar en las encuestas de preferencia electoral para que desde esa posición Meade pueda intentar rebasar a Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto la campaña publicitaria pretende abrir un espacio para que Meade pueda defender su oferta de darle continuidad a las acciones del actual gobierno, pues el descontento popular es tal que su simple vinculación con éste lo vuelve muy vulnerable. De allí que la campaña se base en una manipulación clara de las cifras para tratar de construir la percepción de que las cosas están mejor de lo que realmente están. Esa fue la estrategia que siguió Meade como secretario de Desarrollo Social, donde optó por cambiar el levantamiento de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para que a partir del mismo se pudiera abatir la pobreza; es la que se ha seguido al variar el año base de los indicadores económicos, entre otros el del PIB, para que las cifras le resulten más favorables a este gobierno. Y ahora la repiten los promocionales vinculados al ámbito educativo, según los cuales el número de jóvenes que atendió el sistema educativo en el periodo 2012-2017 fue de 2 millones, mientras que el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno señala que fueron 1.1 millones, como aparece en el portal de Verificado 2018 y difundido en proceso.com.mx. La campaña publicitaria del gobierno debió terminar el 29 de marzo, pues a partir del inicio de las campañas, el viernes 30 de marzo, por ley se tiene que suspender absolutamente toda la propaganda gubernamental, pero seguramente en algún momento de su campaña el candidato de la coalición Todos por México recuperará las cuentas de la misma o pretenderá montarse en los slogans oficiales para beneficiarse. En el caso del Salario Rosa, también se aprovechó el periodo de intercampañas para iniciar la implementación de ese programa social, tanto en el Estado de México como en Coahuila, entidades donde la distribución de las tarjetas fue una de las principales estrategias de campaña y de compra del voto popular. Pero dada la efectividad de la misma (Proceso 2158), los priistas decidieron extenderla a otros estados, como en Campeche, donde el programa no fue parte de las promesas del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, aunque de cualquier forma lo anunció el pasado 28 de marzo en un acto con la presencia del secretario federal de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. La lógica actual es replicar a nivel nacional estrategias similares; es decir, la entrega de tarjetas electrónicas (como lo hicieron los priistas en la elección presidencial de 2018 mediante Soriana), o simulaciones de éstas (como se hicieron en el Estado de México en las elecciones del año pasado). En otras palabras, la estrategia de compra y coacción del voto para intentar revertir las desfavorables tendencias electorales. Y, finalmente, en el caso del NAIM intentan nuevamente recrear la percepción de que López Obrador, el candidato puntero, impulsa propuestas descabelladas que provocarían graves pérdidas a la economía nacional y aislarían a México del resto del mundo por el desconocimiento de los compromisos institucionales. Hay varios precedentes de intromisiones gubernamentales en las elecciones; sin embargo, los únicos que han tenido consecuencias son el de Tabasco en el año 2000, en la sucesión de Roberto Madrazo, y el de Colima, en 2003 y 2015, que han provocado la anulación de los respectivos procesos electorales. Sin embargo, en los dos casos en que las autoridades electorales han reconocido la intromisión del presidente, éstas han encontrado alguna razón para no sancionar. El primero fue en la sucesión presidencial de 2006, cuando el entonces presidente Vicente Fox primero impulsó el procedimiento de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en su intento por sacarlo de la boleta electoral. Y, posteriormente, Fox no tuvo empacho en entrometerse abiertamente en el proceso a través de sus declaraciones y de las campañas publicitarias del gobierno federal. En el dictamen de calificación de la elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la intromisión foxista; sin embargo, consideró que ésta no puso en riesgo la validez de la elección porque las autoridades electorales actuaron oportunamente y la injerencia presidencial no incidió en forma determinante en el resultado, a pesar de la diferencia de apenas 0.56% entre el primero y el segundo lugares. Posteriormente, en los procesos estatales de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón, bajo el pretexto de una aguda crisis de inseguridad, solicitó una cadena nacional para abiertamente intentar presumir los logros de su gobierno en esa materia. En esa ocasión, tanto el entonces Instituto Federal Electoral como el Tribunal consideraron que el mandatario sí había violado las disposiciones electorales; sin embargo, no había posibilidad de aplicarle una sanción, por las limitantes establecidas en el artículo 108 constitucional en el sentido de que el presidente únicamente puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Con esos precedentes Peña Nieto y su equipo confían en que pueden intervenir impunemente en el actual proceso, y las estrategias comentadas son simplemente el preludio de las estratagemas que perpetrarán en su intento desesperado por retener la Presidencia de la República. Este análisis se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso.