CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su afán por operar una nueva planta de cianuro de sodio en territorio mexicano, la empresa Chemours Company sufrió su tercer revés --después de dos intentos infructuosos por construirla en Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato--, debido a que un juez de distrito ordenó la suspensión definitiva de su edificación en Gómez Palacio, Durango. La suspensión fue dictada el pasado lunes 2 por el juez Tercero José de Jesús Rosales, en atención a un juicio de amparo promovido por abogados de la asociación civil Pro Defensa del Ciudadano, tras la represión que corporaciones estatales y municipales ejercieron contra pobladores y activistas en una protesta efectuada el 9 de marzo anterior, con varios heridos y detenidos. El juez resolvió que la instalación de la planta de cianuro puede representar riesgos para la salud de los pobladores de los ejidos aledaños. Y es que cada año Chemours pretende producir en esa planta 65 mil toneladas del químico --utilizado por la industria minera para la separación de metales--, durante los próximos 30 años, en un punto que tiene núcleos de población a un kilómetro de distancia. “En tanto se determina el riesgo para la población y la legalidad de los permisos otorgados por las distintas autoridades, con esta suspensión la construcción de la planta debe interrumpirse”, dijo a Apro vía telefónica la abogada Samantha García Villarreal, integrante del equipo legal de la asociación Pro Defensa del Ciudadano. Informó que el juez de distrito “ha hecho un estudio exhaustivo sobre lo que está sucediendo con la planta, está invocando tratados internacionales que ha suscrito México sobre los planes de desarrollo sustentable… ha priorizado la salud pública y ha determinado que sí existe un riesgo”. Pero, además, en este proceso legal iniciado hace casi un mes, los abogados de la asociación se han encontrado con una serie de irregularidades en los permisos otorgados, tanto por el gobierno municipal de Gómez Palacio como por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Estamos revisando y continuamos con este proceso. Señalamos como autoridades responsables de varias anomalías en los permisos otorgados a la empresa Chemours, al gobierno municipal y la Semarnat, principalmente”, subrayó García Villarreal. En un comunicado, Pro Defensa del Ciudadano precisó que en la resolución del amparo indirecto promovido en contra de la construcción de la planta de cianuro de Chemours Company Mexicana S.R.L. de C.V., se concedió la suspensión definitiva al advertirse “los riesgos ambientales y de salud que una empresa cuya actividad en el manejo de residuos peligrosos y tóxicos, como es el cianuro, tiene características corrosivas y toxicológicas para el ambiente… que afecta a las diversas poblaciones que se encuentran en un radio menor a 10 kilómetros de distancia”. “Borrados” del mapa También se consigna que el ayuntamiento de Gómez Palacio, encabezado por la alcaldesa Leticia Herrera Ale, autorizó un cambio de uso de suelo de una zona preponderantemente agrícola a una industrial, para favorecer la instalación de la planta, sin escuchar ni atender a los pobladores de las comunidades aledañas. Y fue esto lo que orilló a habitantes de El Siete, La Aurora, Dinamita, Pueblo Nuevo y Las Américas, entre otras localidades, a protestar. De acuerdo con la abogada Samantha García, entre las irregularidades que han encontrado en la revisión de permisos e informes de las autoridades y la empresa para la instalación de la planta de cianuro, “hay un detalle grande y grave: la Manifestación de Impacto Ambiental es omisa en señalar a los poblados que se encuentran cerca de la planta; se incluye una fotografía digital, pero en ella desaparecen al menos a ocho poblados”. La falta de información de la autoridad municipal a esas comunidades sobre el cambio de uso de suelo es otro de los reclamos principales. “No se está en contra del progreso, pero sí de que se ignore a los habitantes de esos poblados, sus derechos a la salud y a la seguridad”, y a participar en las consultas que la ley prevé para emitir las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo. En cambio, “en sus informes (el gobierno municipal de Gómez Palacio) hace un manifiesto a favor de la empresa, promoviendo su instalación”. La audiencia constitucional por este juicio de amparo se efectuará el próximo jueves 12, y dos días después el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio convocó a un encuentro de comunidades afectadas por el proyecto Chemours Laguna, con la presencia del obispo de Saltillo Raúl Vera.