BOGOTÁ (apro).- La captura del exjefe de las FARC, Jesús Santrich, por orden de una corte estadunidense que lo acusó de negociar cocaína en complicidad con el Cártel de Sinaloa, puso al proceso de paz con esa exguerrilla en su más grave crisis desde la firma del acuerdo que puso fin al conflicto armado, en noviembre de 2016, y amaga con provocar una “desbandada” de excombatientes de las zonas de reintegración a la vida civil. Santrich, capturado la tarde del pasado lunes en su vivienda de Bogotá por agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional, es uno los excomandantes con mayor influencia al interior de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la antigua organización insurgente, y uno de los villanos favoritos de las elites colombianas por su estilo socarrón y su ortodoxia política. En julio próximo debería asumir como representante o diputado. En una rueda de prensa ofrecida este martes, el número dos de la FARC, Iván Márquez, quien tiene una estrecha amistad con Santrich, dijo que la captura de su amigo es un “montaje judicial” orquestado por el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana. Aseguró que esa detención puede llevar el proceso de paz “al despeñadero”. El fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, sostiene que hay “copiosa prueba” que involucra al detenido como parte de un grupo que negoció un cargamento de 10 toneladas de cocaína con destino final a Estados Unidos, a un precio de 15 millones de dólares. Además del dirigente Santrich –cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte–, fueron aprehendidos Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes. El allanamiento a la casa del dirigente de la FARC y su captura fueron producto de una acusación emitida el pasado miércoles 4 por el gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con base en una investigación de elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que le seguían la pista a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Según el fiscal colombiano, “los acusados manifestaron tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos para trasportar la droga y a laboratorios para suministrar la cocaína y, al efecto, proveyeron evidencia de su acceso a toneladas de cocaína, en el marco de un operativo de investigación”. El acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC establece que el narcotráfico es un delito conexo al de rebelión y, por tanto, puede ser indultado, siempre y cuando haya sido cometido antes de la firma de ese pacto, es decir, del 24 de noviembre de 2016. La acusación de Estados Unidos establece que Santrich habría cometido el delito de narcotráfico “a partir del mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018”. El excomandante guerrillero fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos. Según el acuerdo de paz, ningún exintegrante de las FARC puede ser extraditado por delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016, pero sí por ilícitos que se les comprueben después de esa fecha. El abogado español Enrique Santiago, quien fue asesor jurídico de las FARC durante las negociaciones con el gobierno, aseguró que, según el acuerdo de paz, no corresponde a la Fiscalía, sino a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluar la conducta atribuida cuando se presenta una solicitud de extradición fundada en conductas ocurridas con posterioridad al 24 de noviembre de 2016. Exhorto La FARC exhortó este martes a la presidenta de la JEP, Mirtha Linares, a que haga cumplir los procedimientos señalados en las leyes emanadas de los acuerdos de paz. Linares advirtió, por su parte, que debe ser la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP la que deberá decidir el futuro judicial de Santrich y que, si los delitos que se le imputan son ciertos y fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz, la Sala enviará el caso a la justicia ordinaria. La misión de la ONU encargada de verificar la implementación del acuerdo de paz pidió en un comunicado ceñirse a lo que determine la JEP e hizo un llamado a las instituciones del Estado “a evaluar los acontecimientos actuales con el mayor discernimiento, teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias profundas para el proceso de paz de Colombia”. El abogado Enrique Santiago consideró “absurdo” que Santrich hubiera sido detenido por orden de un tribunal extranjero sin que la justicia colombiana se haya tomado el trabajo de realizar su propia investigación sobre los hechos que se le imputan. Además, hizo notar que el exjefe guerrillero es un invidente que debe movilizarse con bastón y que le quedaría muy difícil coordinar operaciones de narcotráfico. También recordó que parte de la escolta de Santrich –quien tras su detención inició una huelga de hambre– está integrada por policías que conocen todos sus movimientos. La captura del dirigente de la FARC se produjo mientras otros jefes de esa organización política sostenían una reunión con la primera ministra noruega, Erna Solberg, quien visita Colombia y cuyo país es garante del acuerdo de paz. También se dio a solo cinco días de que llegara a Bogotá el presidente estadunidense, Donald Trump, para sostener una reunión con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. La Casa Blanca anunció este martes que Trump canceló su visita a Colombia y a Perú, donde participaría en la Cumbre de las Américas, debido a los ataques con armas químicas contra civiles en Siria. Antes de ese anuncio, el jefe de la FARC, Iván Márquez, consideró que Santrich no podía ser “el trofeo a entregar a Trump en su visita a Colombia”. Además, advirtió que la captura de su excompañero de armas y exnegociador de las FARC del acuerdo de paz “pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuidad de la violencia”. Advierten riesgo Miles de exguerrilleros de las FARC permanecen en 26 zonas de reintegración en varias regiones del país en espera de la puesta en marcha de proyectos productivos que garanticen su sustento económico. Esto, mientras gobiernos extranjeros que son donantes para esos proyectos han cuestionado la ineficacia de las instituciones colombianas para echarlos a andar y mientras cientos de exguerrilleros desencantados por las promesas incumplidas están saliendo de las zonas de reintegración para incorporarse a las disidencias de las FARC involucradas en el narcotráfico. El analista Ariel Ávila dijo que los excombatientes de las FARC no están recibiendo los beneficios acordados con el gobierno “y con esto (la detención de Santrich) pueden salir corriendo a la disidencia”. La directora de la Fundación Ideas Paz, María Victoria Llorente, afirmó que la implementación de los pactos de paz se ha caracterizado “por la incertidumbre y por la incapacidad del Estado del responder adecuadamente a lo estipulado en los acuerdos”. Esto, agregó, es un gran incentivo para que los exguerrilleros se vayan a la disidencia a delinquir. “La captura de Santrich es un elemento más en todo este cúmulo de cosas que gravitan en este proceso”, señaló. Iván Márquez sostuvo que si el gobierno colombiano decide extraditar a Santrich a Estados Unidos, “se acaba el proceso de paz”, aunque al mismo tiempo consideró que la paz en Colombia es “irreversible”. Todos los candidatos que participan en los comicios presidenciales que se realizarán el mes próximo coincidieron en señalar que si existen pruebas de que Santrich delinquió después de la firma de los acuerdos debe aplicarse la ley y ser extraditado.