Peritaje con perspectiva de género obligó a la PGJ-CDMX a reclasificar muerte de Lesvy como feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un peritaje independiente realizado con perspectiva de género obligó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) a reconsiderar la tesis inicial del suicidio en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado hace casi un año en una caseta telefónica, cerca de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el cable enrollado en el cuello.

A partir del dictamen elaborado por peritos independientes, la dependencia que dirige Edmundo Garrido determinó que el novio de la joven, Jorge Luis González Hernández, actualmente preso, es presunto responsable de feminicidio.

La defensa legal de la familia Rivera Osorio –en la que participa el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria–, aseguró que el caso de Lesvy marca un “precedente” en la justicia capitalina, pues demuestra cómo los peritajes con perspectiva de género “juegan un papel fundamental en cada una de las etapas de investigación”.

En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana el Centro de Derechos Humanos, la defensa dio conocer que ayer en el proceso de audiencia intermedia, el Ministerio Público retomó la acusación coadyuvante que elaboró la defensa de manera particular, a partir de un peritaje independiente.

Según Sayuri Herrera Román, abogada del Centro de Derechos Humanos, el peritaje fue muy “novedoso”, pues se incorporaron dictámenes en materia de criminalística, medicina forense, en materia de sociología sobre contexto socio-cultural, de arquitectura, video y hasta impacto psicosocial.

La defensora aseguró que cada una de las pruebas aportadas fue “fundamental” para que el Ministerio Público acusara a González Hernández como presunto responsable de feminicidio agravado y no sólo de homicidio culposo por comisión de omisión, como dijo la Procuraduría en los primeros meses de la investigación.

“Nos congratulamos de que la verdad histórica que elaboró la PGJ sobre el caso y que parecía intocable, enorme y sin manera de considerar lo que decían las víctimas, fue cambiada. Hoy hemos demostrado que es posible hacer cambiar a las autoridades, que es posible hacerlos rectificar a partir de un trabajo muy intenso y con conocimiento científico”, dijo la litigante.

María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dijo que el caso de lesvy marca “un desafío” en la acreditación de las razones de género en la impartición de justicia de la CDMX.

“Si la autoridad no hace investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género, se genera impunidad. Este caso tiene que ser el parámetro que la autoridad debe de hacer para poder acreditar este tipo de delitos, de lo contrario vamos tener otro matanovias”, subrayó.

Las representantes del Centro y el Observatorio hicieron un llamado a la PGJ-CDMX y al Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJ-CDMX) para cumplir con la diligencias e investigaciones con perspectiva de género.

“Hemos documentado en estos seis años que en los casos donde los feminicidios son cometidos por la pareja sentimental, las investigaciones se inician como homicidios dolosos o suicidios. Y esto no solo en el caso de Lesvy, son varios casos que tienen el mismo patrón”, dijeron.

“Necesitamos que la Procuraduría cumpla con sus energías o a diario vamos a tener este tipo de delitos”, alertaron.

El grupo de peritos independientes que formó la defensa de la familia de Lesvy se integró por expertos que trabajaron con perspectiva de género casos como el feminicidio de Mariana Lima Buendía, la Guardería ABC, la discoteca New’s Divine y hasta el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Los participantes fueron Mercedes Rubio Mendoza, José Mario Nájera Ochoa, Sergio Stephen Beltrán, Fernando Reyes Espinosa del Río y Ximena Antillón Najlis.

Esta última, también fue coordinadora del “Peritaje de impactos psicosociales en las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atención”, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre del año pasado.

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