CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es incongruente, debilita el funcionamiento del sistema democrático, la certeza y la confianza ciudadana en las elecciones. Estos fueron sólo algunos de los calificativos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión urgente de su Consejo General en el que, a pesar de las protestas, acataron la imposición del Tribunal para incluir a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en la boleta presidencial del 1 de julio. Durante su intervención inicial, el consejero Benito Nacif, titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tuvo a su cargo la fiscalización de las firmas de los aspirantes a una candidatura independiente, refutó la resolución del Tribunal Electoral, que se basó en una presunta violación de la garantía de audiencia de “El Bronco” para hacer el recuento de sus apoyos invalidados durante la etapa preliminar del proceso. “Desde mi perspectiva, la determinación (del TEPJF) no abona a la certeza respecto a la forma en que las autoridades electorales resuelven asuntos que guardan gran similitud y en los cuales se encuentran inmersos el ejercicio de derechos y la salvaguarda de principios constitucionales. “Todos los aspirantes tuvieron acceso de forma permanente a un portal de Web en el que pudieron conocer los apoyos ciudadanos recibidos, así como el estatus registral de cada uno de ellos, por lo que en todo momento tuvieron los elementos necesarios para manifestar lo que a su derecho conviniera”, inició. Nacif detalló que el equipo de “El Bronco” solicitó 12 audiencias, mismas que se le concedieron, donde tuvo la oportunidad de revisar la totalidad de las firmas catalogadas como inconsistentes. Sin embargo, según el consejero, sus representantes decidieron revisar solamente una fracción. Después documentó que, durante la audiencia celebrada el 11 de enero, el representante de Rodríguez Calderón descartó revisar las firmas obtenidas a partir de fotocopias, uno de los argumentos que el Tribunal consideró para resolver que el derecho de garantía de audiencia no se había cumplido a cabalidad. En la séptima audiencia, celebrada el 23 de enero, el equipo del aspirante se declaró “satisfecho”, porque por primera vez entre los registros por revisar no se incluyeron aquellos catalogados como “Fotocopia de la Credencial para Votar”. “Estamos ante dos maneras de juzgar. Desde mi perspectiva, por esta razón la sentencia que hoy acatamos resulta incongruente con los precedentes”, sentenció Benito Nacif. Por su parte, la consejera Pamela San Martín se dijo convencida de que el aspirante tuvo a su disposición, en todo tiempo, los medios jurídicos que aseguraban el ejercicio de su derecho de audiencia. Pero puso énfasis en señalar la gravedad de que, más allá de ese punto, el Tribunal Electoral haya decidido otorgar la candidatura al neoleonés sin que acreditara los requisitos exigidos por la ley. “No coincido en que, basados en una presunta violación a la garantía de audiencia, la mayoría de la Sala Superior hoy determine eximir del cumplimiento de requisitos a un aspirante. La mayoría de los magistrados de la Sala Superior obvia el incumplimiento en los procedimientos, las reglas y las formas previamente establecidos.”, dijo. Y remató: “Un tratamiento desigual no abona y estoy convencida que sí debilita el funcionamiento del sistema democrático y de la confianza ciudadana en las elecciones”. San Martín retomó una resolución previa del propio Tribunal que dilapidaría su sentencia. Citó a la Sala Superior del TEPJF: “Si no existe certeza en cuanto a la legitimidad de las postulaciones que participarán en un procedimiento electoral, ello puede trascender a la legitimidad de los resultados”, terminó la mención. Finalmente, entre una cascada de señalamientos que confrontaron al INE con el Tribunal, fue el consejero Murayama uno de los más frontales. Además de señalar errores “elementales” en la resolución del Tribunal, cuestionó que ignoraran irregularidades como las firmas que el equipo de “El Bronco” intentó registrar con datos de siete mil ciudadanos muertos, entre otras. “¿Había que revisar si habían resucitado? O aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón: ¿Querían que acreditáramos a quien nunca ha tramitado una credencial? ¿O ver si los más de 260 mil registros duplicados, con mismo nombre y misma clave de elector se habían convertido en personas diferentes? Aun así, nos pudieron ordenar revisar esas inconsistencias. En cambio, se infirió que, entre fallecidos, personas jamás registradas en el padrón y personas repetidas tal vez se podrían encontrar 16 mil 656 firmas”, para que “El Bronco” pudiera alcanzar el umbral previsto en la ley, lamentó Murayama. Y concluyó: “Esas firmas le siguen faltando (para cumplir el apoyo requerido por la ley), pero para el Tribunal esto no importa”.