CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial evidenció la complicidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para no separar de sus funciones a un grupo de maestros de una escuela primaria de San Pablo Etla, Oaxaca, por faltar a sus labores más de tres días seguidos. Curiosamente, la ausencia de los mentores se dio durante el paro de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizado en junio de 2015. El juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, resolvió a favor de la organización Mexicanos Primero el recurso de amparo 1442/2015 que interpuso la organización con una niña oaxaqueña en julio de 2015 contra la SEP y el IEEPO. El amparo fue por la omisión de las dos instituciones a separar del servicio a todos los maestros de la escuela de la menor que faltaron a clases del 1 al 16 de junio. La resolución que se dio a conocer hoy en una conferencia de prensa, confirmó que, tanto la autoridad federal como la estatal, “no ejercieron sus facultades” de suspender a los maestros, según lo dicta el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, luego de que no pudieron justificar la inasistencia de los profesores. En el documento –del que Apro tiene copia– se demostró también que tres autoridades del IEEPO –la Junta Directiva, el director general y la secretaria particular de la Dirección General– podrían haber presentado documentos apócrifos con los que justificaron las faltas de los docentes señalando que se habían presentado a un curso denominado “Metodologías globalizadoras”; supuestamente, efectuado en la misma fecha. El subdirector técnico y director de Educación Primaria General presentaron supuestas constancias de asistencia, así como una lista de los profesores que tomaron el curso. Sin embargo, más tarde el mismo IEEPO señaló que no existía ninguna autorización u ordenamiento para el curso. Por su parte, al ser notificados de la denuncia de omisión –según aguarda el engrose del amparo– la SEP, a cargo de Otto Granados Roldán, argumentó que esas eran facultades locales. Ante ello, el juez determinó que era la obligación del titular de la dependencia vigilar el cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente, según la Ley Orgánica de Administración Pública. Tras los señalamientos que constan en el documento de 89 fojas, el juez acusó a la SEP y a al IEEPO de “violar directamente el derecho a la educación”. Luego, los emplazó para que en un término no mayor a 20 días demuestren que separaron del cargo a los docentes faltistas o, en caso contrario, hacerlo. En la conferencia, la abogada de la organización, Claudia Aguilar Barroso, informó que se desconoce el número exacto de los profesores que podrían ser cesados y reconoció que aún podrían ponderarse los derechos de laborales a la huelga de los profesores. El director general de la organización, Juan Alfonso Mejía López, criticó: “Se hace evidente que las autoridades del IEEPO fabrican pruebas. Exigimos al secretario de la SEP, al gobernador de la entidad (Alejandro Murat) y al titular del IEEPO, Francisco Ángel Villareal, cumplir con la orden del juez. A ellos que les gusta hablar del Estado de Derecho les toca ahora demostrarlo. Si la SEP quiere abdicar a su facultad, que lo diga”. Con este sería el tercer recurso legal que el Poder Judicial resuelve en favor de la organización, relacionado con supuestas violaciones al derecho a la educación de niños de Oaxaca.