COLIMA, Col. (apro).- Las leyes del Sistema Anticorrupción, de la Fiscalía General y de Justicia Administrativa del Estado contravienen los criterios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la autonomía que deben tener los organismos operativos de estas áreas, señaló Efraín Naranjo Cortés, representante en Colima de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). En entrevista, el también presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG) advirtió que actualmente se deja en manos del gobernador la posibilidad de intervenir en el nombramiento de titulares e integrantes de esas instituciones, lo que “equivaldría a permitir que un procesado pueda nombrar al policía que lo vigilará y al juez que podría enjuiciarlo”. Esta situación, manifestó el activista, es violatoria de tratados internacionales sobre justicia y derechos humanos firmados por México. Por lo tanto, diversas agrupaciones como la Canacintra, Mujeres Empresarias de la Canaco, el Comité Ciudadano ¿Cómo vamos Colima?, el Consejo Ciudadano para la Seguridad, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la ANAD y el CDHNG, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) interponer una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de esas leyes. Naranjo Cortés indicó que las organizaciones entregaron al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, el proyecto de la demanda, en lo relativo al procedimiento para elegir al titular de la Fiscalía General y fiscales especializados, así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de garantizar la plena autonomía de dichos integrantes y el efectivo funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Al respecto, la CDHEC emitió un comunicado en el que anunció que se encuentra analizando la propuesta de las organizaciones, que llevan el propósito de que se privilegie la participación de la ciudadanía en el escrutinio de los perfiles idóneos para el desempeño de las trascendentales encomiendas, obedeciendo a parámetros internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de Nueva York de 2004. Sin embargo, Efraín Naranjo indicó que las organizaciones no se limitarán a la acción de inconstitucionalidad, que podría implicar un proceso de varios años si es que se ven precisadas a llevarla hasta las instancias internacionales, sino que de manera paralela también buscarán en los próximos días reuniones con el gobernador, el priista José Ignacio Peralta Sánchez, y los representantes de las fracciones parlamentarias en el Congreso local, con el fin de exponerles sus preocupaciones y tratar de resolver el asunto por la vía del diálogo. “Junto con la vía jurídica, vamos también a apelar a la voluntad política de las autoridades para que esa situación no prospere”, añadió. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley de Justicia Administrativa fueron aprobadas el pasado 16 de marzo, pero todavía no han sido publicadas en el periódico oficial del estado.