La orden del TEPJF para que el INE incluya a Jaime Rodríguez Calderón en las boletas de la elección presidencial muestra que los magistrados no tomaron en cuenta la investigación de los consejeros del instituto –como expuso el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama– ni las denuncias que pesan contra El Bronco en Nuevo León por el presunto uso de recursos públicos y triangulación de fondos en su proselitismo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A finales de marzo, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón apestaba a cadáver político. Todo su presunto proyecto de rescatar a México de la partidocracia parecía venirse abajo. Al concluir la etapa de captación de apoyos ciudadanos para los aspirantes independientes a una candidatura por la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que El Bronco falseó más de 1 millón de esos apoyos –más de la mitad de los que registró– y no alcanzaba el mínimo requerido para lograr la candidatura y aparecer en la boleta electoral del próximo 1 de julio. Sin embargo, de manera insólita y con todas las pruebas en contra de él, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo rescató in extremis en su sesión del 9 de abril, cuando las campañas presidenciales ya llevaban 10 días de iniciadas. En votación dividida, los magistrados señalaron que no fueron respetados sus derechos políticos electorales y que se violentó el “debido proceso”. Así, el Tribunal ordenó al INE inscribir al Bronco como el quinto candidato presidencial, pese a que se documentaron de manera fehaciente las irregularidades en las que incurrió, incluido el uso de personal del que fue su gabinete en Nuevo León para recolectar firmas en horas de trabajo y que se valió de programas públicos para agenciarse credenciales y hasta por haber triangulado fondos. En la sesión extraordinaria y urgente del 10 de abril –al día siguiente del fallo del TEPJF–, todos los consejeros del INE repudiaron la actuación de los magistrados que votaron a favor de Rodríguez Calderón. De manera muy puntual, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del instituto, sentenció: “Explicar no es cuestionar jurídicamente, y en democracia no hay mordaza. Vayamos a los datos duros, los que son reconocidos por tirios y troyanos: en el periodo de búsqueda de apoyo ciudadano, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón envió un total de 2 millones 34 mil 403 apoyos entre octubre y febrero. “De esos, fueron coincidentes con la lista nominal 1 millón 223 mil 408 apoyos, es decir, 810 mil 995 apoyos le fueron descartados. Por las siguientes razones: 266 mil 357 duplicados; 11 mil 748 en padrón pero no en lista nominal; 15 mil 938 bajas del listado (que incluyen a 7 mil 44 personas que habían fallecido y a 7 mil 78 cuya credencial ya no estaba vigente porque tenía más de 10 años de antigüedad); 6 mil 630 no encontrados en el listado nominal o padrón; mil 869 fuera del régimen de excepción (o sea que no vivían en los municipios de alta marginación para entregar su apoyo en papel), y más de medio millón (508 mil 453) de inconsistencias, esto es, fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa de control. “Insisto: de 2 millones 34 mil, no se prevalidaron desde un primer momento 810 mil 995 apoyos. Quedó un universo de 1 millón 223 mil 408. A todos esos apoyos, tras haber detectado problemas de fotocopias, simulaciones y documentos no válidos, se les hizo una revisión censal. No sólo en el caso de Rodríguez Calderón, sino de 31 aspirantes a candidatos independientes a una diputación y al Senado, y de los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial independiente. “¿Qué se encontró en este aspirante? Que 158 mil 532 apoyos caían en lo que se denominó simulación de credencial para votar: cartoncillos, plantillas con pretendida forma de credencial donde se vaciaban datos genuinos de ciudadanos, pero sobre soporte falso. Además, 205 mil 721 fotocopias. Y se identificaron 23 mil 644 apoyos en documento no válido (tarjetas de descuento, licencias de manejo, no credenciales de elector). Resultado: del millón 223 mil, se descontaron 387 mil 897 apoyos. “Eso fue lo que determinó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y entonces se dio derecho de audiencia por cinco días. Ahí, tras revisar el 100% de los apoyos coincidentes con la lista nominal (los siempre llamados prevalidados), se dieron por buenos 14 mil 426, esto es, 3.7% del total. “Así, de los 835 mil 511 apoyos que sí reunieron los requisitos normativos en un primer momento, más los 14 mil 426 recuperados en la garantía de audiencia, se llegó a un monto final, que no ha cambiado ni con la sentencia (del TEPJF), de 849 mil 937 apoyos, es decir, 98.08%. Se quedó a 1.92%, es decir, a 16 mil 656 apoyos de alcanzar el umbral.” La garantía Sobre el argumento central del TEPJF, acerca de que el INE no respetó el derecho de audiencia al Bronco, Murayama indicó en la sesión del 10 de abril: “Vayamos ahora a lo que causó controversia, a lo que se dice de que no tuvo garantía de audiencia, que son los apoyos no validados en mesa de control. Esa revisión se hizo a lo largo del periodo de captación de apoyos y está documentado que en 12 ocasiones el equipo de Rodríguez Calderón acudió a revisar sus firmas entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero. Ahí pidió revisar 392 mil 501 apoyos y se le permitió: de ellas se le validaron 48 mil 334 firmas, 12.3%. “Y en marzo se dio de nueva cuenta espacio para la revisión. Los datos son necios, ahí están: hubo revisión de firmas por el aspirante a lo largo de dos etapas diferentes, entre diciembre y febrero, primero, y luego en marzo otra vez. “Pero como no se trata de creerle a un consejero, veamos qué dice la sentencia que acatamos, la cual reza en la página 89: ‘Considerando el total de respaldos revisados en la etapa de verificación preliminar y final se obtiene lo siguiente’, (ojo: ‘preliminar y final’), ‘universo de inconsistencias revisadas’ y a continuación ‘total de respaldos revisados por supuestas inconsistencias, 780 mil 398’, ‘Total de respaldos subsanados, 62 mil 730’. “¿Dónde quedó el derecho vulnerado para la mayoría del tribunal? Leo también en la página 89 de la sentencia: ‘Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón reunió 98.08% de respaldos válidos respecto del umbral, sin que se le hubiesen permitido revisar todas las supuestas inconsistencias, debido al criterio de la responsable [el INE] de que existían irregularidades insubsanables, esto es, ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y siete (849,937). Por ende, únicamente le faltaron 1.92% para cumplir con el umbral de respaldos ciudadanos requeridos’. Fin de la cita. Por cierto, el tribunal confunde en su sentencia el número de apoyos válidos votado por este consejo (849 mil 937) con las irregularidades insubsanables. “Pero más allá de ese descuido algebraico elemental –sigue el consejero Murayama–, permítaseme señalar cuáles fueron las irregularidades realmente insubsanables para el INE: los muertos (¿o qué, había que revisar si los 7 mil o algunos de ellos habían resucitado?), o aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón (¿querían que afiliáramos fuera de módulo y de norma a quien nunca ha tramitado una credencial?), ¿o ver si los 266 mil duplicados con el mismo nombre y misma clave de elector se habían convertido de una persona en dos diferentes? “Con todo, nos pudieron mandatar a verificar si en ese universo en serio había posibilidad de encontrar apoyos válidos, como por cierto se nos mandató con otro aspirante. En cambio, se infirió que, de ese universo de fallecidos, de nombres jamás registrados en el padrón, de personas repetidas, tal vez se podrían encontrar los 16 mil 656 ciudadanos que faltaron. Y siguen faltando pero, por mandato del Tribunal Electoral, no importa. Acatamos, pero no renunciamos al cabal ejercicio de nuestra autonomía e imparcialidad”, concluyó Murayama. Por otra parte, de acuerdo con organismos ciudadanos de Nuevo León, está en suspenso la denuncia que presentaron en febrero ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra el gobernador con licencia por diversos delitos. Precampaña al estilo PRI El Bronco obtuvo del Congreso de Nuevo León una licencia de seis meses, del 1 de enero al 1 de julio, para buscar la Presidencia. Como gobernador interino quedó Manuel González Flores, su principal operador político y quien desde el inicio de la administración fue secretario general de Gobierno. Como encargado de la gubernatura, González afirmó que Rodríguez no se mezclaría en los asuntos de la administración del estado. Sin embargo, de acuerdo con denuncias, sí empleó el aparato burocrático para tratar de conseguir los apoyos requeridos por el INE. Al final del conteo, El Bronco se convirtió en el aspirante independiente que captó más respaldos, con más de 2 millones. Cuando ya había avanzado la precampaña, el 6 de diciembre el portal de noticias BuzzFed, mediante documentos que obtuvo por la Ley de Transparencia, reveló que por lo menos 205 trabajadores del gobierno nuevoleonés fueron habilitados para reunir firmas de apoyo a Rodríguez Calderón, quien para entonces seguía desempeñándose como mandatario aunque ya estaba concentrado en la precampaña. Entre esos empleados estaba prácticamente todo su gabinete. Al respecto, El Bronco dijo que nadie estaba obligado a seguirlo y que quien le ayudaba lo hacía de manera voluntaria y en su tiempo libre. Desde el principio el INE tuvo dudas de los números que presentaba el aspirante de Nuevo León: el 17 de diciembre dio a conocer que de los 4.1 millones de pesos en gastos que había reportado, únicamente justificaba 620 mil pesos. Un grupo de activistas nuevoleoneses, encabezado por Liliana Flores Benavides, presentó una denuncia ante la junta local del INE en contra del aspirante por presuntos desvíos de recursos públicos, empleo de funcionarios para su causa en horas de trabajo y el uso de programas sociales con fines electorales. Como evidencias, los denunciantes presentaron notas periodísticas y reportes de la autoridad electoral. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, reveló el 22 de marzo que se detectaron datos sospechosos en la recaudación de 17 millones de pesos para la precampaña de Rodríguez Calderón. Una parte de esos fondos pudo haber sido triangulada, señaló el consejero. El gobernador interino reconoció el pasado 2 de abril que el INE llamó a 803 funcionarios estatales, incluido él, para la investigación del INE sobre la recolección de firmas. El funcionario dijo que, pese a todo, no existía irregularidad en la captación de respaldos, pues todo lo habían hecho dentro de la ley. En lo particular, él había recabado 31. Días después brotó más pus: la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó un esquema de triangulación de recursos en su reporte de gastos de precampaña. Según notas de prensa, las empresas Dyjoma y Comercializadora Zelcy habrían entregado a particulares hasta 230 mil pesos que luego transfirieron a Viva la Nueva Independencia, la asociación civil creada para fondear la recolección de los respaldos del Bronco. La resolución del TEPJF que devolvió a Rodríguez Calderón a la jugada presidencial también ocasionó molestia en el Congreso de Nuevo León, donde el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, declaró: “Me parece una decisión lamentable. Y es lamentable no sólo para los ciudadanos de Nuevo León, que hemos vivido las promesas incumplidas de Jaime Rodríguez y el mal gobierno que ha hecho. Lo vemos lamentable porque el Tribunal Electoral pasa por alto todas las irregularidades que tuvo el proceso, las firmas falsas, los recursos que no tienen explicación.” El miércoles 11, el INE interpuso una denuncia penal ante la FEPADE por la presunta captación irregular de apoyos al Bronco. “Hemos recibido una denuncia por parte del INE por actos presuntamente ilícitos en la recolección de firmas. Estamos a la espera de la documentación complementaria. Esto es un proceso de carácter permanente, continuo. Estamos a la espera, son miles de firmas las que ellos tienen registradas y tenemos que iniciar ese procedimiento, tenemos que investigar”, declaró el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana. Este reportaje se publicó el 15 de abril de 2018 en la edición 2163 de la revista Proceso.