TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Médicos y enfermeras pidieron hoy al gobernador Manuel Velasco Coello frenar la persecución judicial contra trabajadores del Sector Salud, no criminalizar la protesta social en Chiapas y reinstalar en sus puestos a trabajadores despedidos de los hospitales por denunciar el desabasto de medicinas y la falta de insumos. Acompañados del abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, el médico Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y la enfermera María de Jesús Espinosa de los Santos, denunciaron que desde el pasado 27 de diciembre, cuando la Secretaría de Salud interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), empezaron a sufrir persecución y acoso judicial que los tiene “a salto de mata” en busca de refugio con amigos y familiares en el estado y otras entidades del país. Los dos primeros dijeron que lograron un amparo ante la justicia federal para frenar la embestida de las autoridades locales. Recordaron que, desde abril del 2017, cuando iniciaron una protesta con huelga de hambre que duró varias semanas, se firmaron una serie de minutas y acuerdos en la que el gobierno se comprometía a cumplir con las demandas. Sin embargo, el gobierno chiapaneco no sólo no cumplió, sino que usó esas mismas minutas y las anexó como pruebas en las denuncias penales contra ellos. Los inconformes añadieron que, en este contexto de persecución, Límbano Domínguez Alegría, trabajador del Sector Salud y esposo de una enfermera que duró varias semanas en huelga de hambre, cayó preso varias semanas en el penal de El Amate. Tras los amparos y la presión mediática, logró su libertad. En todos los casos, los trabajadores han sido señalados por el delito de motín, un delito a todas luces con un origen de tipo político, dijo el abogado De los Santos Cruz. El defensor añadió que en Chiapas se criminaliza la protesta social, que esto sienta un precedente negativo para la libertad de asociación y de protesta en la entidad. Por último, comentó que señalar a los trabajadores del Sector Salud del delito de motín sólo exhibe el “estado de represión” en la entidad contra quienes se atrevan a manifestar su inconformidad contra las autoridades estatales, como lo hicieron el año pasado los médicos y enfermeras y que hasta hoy siguen bajo acoso y persecución judicial.