MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó esta noche que en la audiencia celebrada hoy en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el empresario Martín Alberto Medina Sonda fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de su exesposa Ema Gabriela Molina Canto. En la audiencia, realizada bajo la modalidad de videoconferencia y con base en los estatutos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGE aportó los datos de prueba pertinentes y solicitó a la autoridad judicial la vinculación a proceso del indiciado. El juez de Control decretó el auto de vinculación y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el 17 de febrero de 2019. Con base en la información reunida en la causa penal 69/2017, los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2017 en un predio del fraccionamiento San Luis de la capital yucateca, en el que la víctima fue atacada y resultó con lesiones que le provocaron la muerte. Tras la vinculación a proceso, las partes involucradas acordaron que el cierre de investigación se realizará de forma inmediata, por lo que en los próximos días se llevará a cabo el cierre correspondiente. El pasado 28 de marzo los sicarios tabasqueños Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar López Tobilla, los asesinos materiales, fueron sentenciados a la pena máxima por este crimen. El Segundo Tribunal de Enjuiciamiento condenó a López Tobilla, de 21 años, a purgar 46 años en prisión y a pagar una multa de 13 mil 588.2 pesos. Su pena fue por los delitos de homicidio calificado, contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, específicamente cocaína, y portación de armas e instrumentos peligrosos. En tanto, Mézquita Avalos, de 26 años, fue condenado a 43 años de prisión y a pagar una multa de 6 mil 39.2 pesos por los delitos de homicidio calificado y contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, específicamente cocaína. De forma solidaria y mancomunada ambos deberán pagar a las víctimas indirectas 8 millones 586 mil pesos como reparación del daño e indemnización, más los gastos que genere el tratamiento sicológico de los tres hijos de Molina Canto. Mézquita y López apuñalaron 17 veces a Ema Gabriela. Entre ambos recibirían 60 mil pesos por ese asesinato que presuntamente habría encargado el exesposo de la víctima, Alberto Martín Medina Sonda, desde la cárcel donde está recluido. Molina Canto estuvo casada con Medina Sonda, socio del exgobernador priista de Tabasco Andrés Granier Melo, actualmente preso, y de Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno tabasqueño durante ese sexenio. En medio de una disputa legal que comenzó en 2010 por la custodia de los tres hijos que procrearon, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra Ema Gabriela y su madre, Ligia Canto, quienes fueron encarceladas por diferentes circunstancias. Molina Canto fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños. El 25 de mayo de 2012 fue la primera vez que Ema Gabriela fue detenida por el delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando aún estaban casados, pero no lo puso a su nombre. El momento de la captura fue aprovechado por aquél para raptar a los niños, quienes viajaban con su madre. Así, Molina Canto inició su tortuosa lucha contra el sistema y su exesposo para recuperar a sus hijos. El tiempo que Ema estuvo presa, su madre continuó el periplo legal. Ambas encararon incluso al presidente Enrique Peña Nieto en demanda de justicia. Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General de Yucatán accedió a emitir una “pre alerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años– en todo el país. Días antes, la abuela fue detenida y trasladada por la PGR a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer. Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde en abril de 2017 fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasado 24 de abril, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, vinculó a proceso a Medina Sonda por el delito de feminicidio agravado, tras ubicársele como el presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión, que cumple en la cárcel tabasqueña donde está confinado. Los cinco implicados fueron detenidos en diferentes momentos y entidades. Ellos son, además de los dos sicarios y Medina Sonda: el mexiquense Rogelio César Reyes Barrueta, “El Güero”, y Manuel Escalante Barrada o Manuel Escalona Barrada o Juan Ramón Moreno Hernández o Ricardo González Monroy o Freddy García Ramírez, las presuntas identidades que ostentaba “El Cachorro”, quien fue detenido en Cárdenas, Tabasco, y es la presunta conexión entre los sicarios y Medina Sonda. El juicio por feminicidio agravado en contra de Medina Sonda estaba en suspenso en espera de la revisión del amparo que tramitó su defensa, y que en primera instancia le fue negado por la justicia federal. En la misma situación se encuentra el proceso contra “El Cachorro”. El caso de “El Güero” es diferente, pues funge como testigo protegido en el caso. Por su cooperación, y su precaria salud, ya que es diabético, recibió el criterio de oportunidad de la Fiscalía con la anuencia de la víctima indirecta, y actualmente se encuentra en libertad.