La CNDH pide al Senado considerar criterios internacionales en ley de publicidad oficial

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Senado de la República considerar los estándares internacionales y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial que elaboró semanas atrás para la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental.

La petición va dirigida a las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera, con el fin de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país.

En un comunicado, la CNDH destacó la gran responsabilidad que tienen los legisladores en la emisión de la citada ley, ya que deberán tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con:

El establecimiento de leyes claras y precisas, objetivos legítimos de la publicidad oficial, criterios claros de distribución de la pauta estatal, planificación adecuada, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria, y garantizar el pluralismo informativo.

Una demanda muy sentida de la sociedad y organismos relacionados con dicho tema, abundó, se refiere a que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara, así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión.

El Informe Especial elaborado por la CNDH tiene su origen en las recomendaciones que emitió y dirigió a autoridades federales por no contar con criterios objetivos de asignación sobre la materia, así como en diversas solicitudes de información dirigidas a todas las entidades federativas sobre la manera en que se regula, controla y asigna la publicidad oficial, puntualizó.

 

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