Activistas exigen frenar plan de reforzamiento militar en la frontera sur

Migrantes centroamericanos en Tlaquepaque, Jalisco. Foto: AP / Refugio Ruiz Migrantes centroamericanos en Tlaquepaque, Jalisco. Foto: AP / Refugio Ruiz

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se pronunció contra el plan del gobierno mexicano para reforzar la seguridad en la frontera sur.

Con un mayor número de elementos de la Gendarmería y otros cuerpos policiacos sólo emulan al gobierno de Estados Unidos y su proyecto de seguridad en su respectiva frontera sur, subrayó la Red, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana.

En un comunicado difundido este jueves, destacó que Chiapas es el principal estado expulsor de población migrante centroamericana en México, y que en la entidad se realiza el 45% de las detenciones de personas migrantes, lo que significa que no se les reconoce como sujetas de refugio para salvar su vida, violando el derecho internacional humanitario.

En 2017, precisó, 37 mil 819 personas migrantes fueron aprehendidas.

En ese sentido, rechazó el reforzamiento de una política migratoria mexicana subordinada a los intereses de control territorial de Estados Unidos.

La mayor presencia de elementos policiacos y militares en la frontera sur de México significa más violencia hacia la población migrante centroamericana, en un contexto de militarización que vulnera los derechos humanos. Esta acción no privilegia la atención integral, sino la criminalización a la migración forzada y de quienes defienden derechos humanos, puntualizó.

“Demandamos un modelo de seguridad integral, con visión de derechos humanos, y exigimos se cancele la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional”, resalta el documento.

Y detalla que el pasado martes 10, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la frontera sur.

Esto, subraya, luego de la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal, de frenar el flujo de migrantes en México como condición para alcanzar la renegociación en torno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica”, abunda el documento.

Tal determinación, añade, se contrapone con el mensaje emitido por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado jueves 5, donde llamó a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que –apunta– fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump.

“Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014”, alegan los activistas de la Red.

Y, en ese sentido, demandan un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional.

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