TOLUCA, Edomex. (apro).- En asamblea, comuneros de Acazulco, municipio de Ocoyoacac, acordaron recuperar, a través de la movilización, el territorio del que han sido despojados para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en caso de que fallen las tareas de cabildeo y diálogo que emprenderán en lo inmediato. Santiago Pérez, abogado del núcleo agrario, expuso que, si bien existen medidas jurídicas paralelas, éstas suelen ser tardadas y la justicia en papel a veces llega muy tarde, cuando ya está consumada la acción ilegal. Por tanto, indicó que alrededor de mil cien campesinos, de los mil 300 de la asamblea, acordaron esta mañana implementar diversas medidas alternas con las que, en primer lugar, se agotará la búsqueda del diálogo y el cabildeo con los poderes del estado, en el afán de resolver pacíficamente el conflicto. En esa ruta, los afectados han iniciado este jueves 26 la búsqueda de actores políticos para facilitar la mediación, de forma alterna a otras acciones como la realización, el sábado próximo, de un concierto por la dignidad del pueblo indígena de San Jerónimo; o la plantación (en unas dos semanas) de árboles en torno al trazo del proyecto. No obstante, destacó, de fallar todas estas acciones, y “en virtud de que no existe mandato judicial que autorice el reingreso (de gobierno, empresas, maquinaria y trabajadores) al territorio, vamos a recurrir a la movilización social para retirarlos del lugar, porque están fuera del derecho de vía”. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un enfrentamiento con la decisión, indicó que, para evitarlo, ya busca –junto con los campesinos– al gobernador priista Alfredo del Mazo para exigirle que retire a sus elementos de seguridad de la zona. –¿La decisión podría cobrar vidas? –(Es) el gobernador (quien) no ha brindado las condiciones para proteger las vidas de sus ciudadanos. El gobierno del Estado de México, destacó Santiago Pérez, no puede lavarse las manos con el argumento de que no es un tema de su jurisdicción; su primer deber, enfatizó, es cuidar su territorio y a sus habitantes. Además, lamentó, es incongruente facilitar elementos policiacos estatales para un tema que asegura no le compete: “Si no es su asunto, entonces que los retire, que no hable con dos lenguajes”, apeló. Adicionalmente, recordó que están a la espera de la respuesta de la CNDH sobre las medidas cautelares y el retiro de la fuerza pública solicitadas ayer al entablar la queja 34315/2018. Por la vía jurídica, comentó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo no ha turnado la queja contra el sobreseimiento de la demanda 109/2018, pero ha comprometido que lo hará a la brevedad. “Las promociones que ellos ingresan, al siguiente día se acuerdan, mientras las que nosotros ingresamos tardan. El recurso de revisión contra el sobreseimiento ni siquiera ha sido enviado al Tribunal Colegiado; hay mano negra”, acusó. También se estudia entablar un nuevo amparo contra la decisión de introducir a las fuerzas policiacas, pues los días 19 y 20 de abril pasado, en respuesta a una solicitud de la SCT para ejecutar la obra con el uso de la fuerza pública, el mismo juzgado determinó que “no ha lugar” a la petición. La negativa, “atendiendo a que no hay precepto legal que faculte a la suscrita a proceder como lo solicita”, aunado a que el sobreseimiento tampoco “conlleva una ejecución por parte de este órgano jurisdiccional”. De igual manera, por la vía civil se demandará reparar el daño a los comerciantes de la zona de La Marquesa, pues a causa de la introducción de las fuerzas policiacas se estima que tan sólo el fin de semana se dejará de percibir una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, por la ausencia de turistas.