GUANAJUATO, Gto. (apro).- El exsacerdote Alberto Athié urgió a las autoridades de procuración de justicia y al Poder Judicial de Guanajuato a actuar con la misma contundencia y garantizar el acceso a la justicia de los menores de la Ciudad del Niño de Salamanca, fundada por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, tal como lo hicieron con la sentencia de 90 años por pederastia contra el sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas Chávez. En este último caso, advirtió que hay integrantes de la Iglesia Católica superiores a Villegas que deben ser investigados. De continuar la protección al padre Gutiérrez Farías por parte de los gobiernos estatal y federal, asumió Athié, las anomalías detectadas en la investigación de la jueza de distrito, Karla Macías Lovera, al interior de Ciudad del Niño serán presentadas ante instancias internacionales y habrá responsabilidad pública de quienes no actuaron y cometieron omisiones. El demandante recordó que, en el caso de Ciudad del Niño, hay un sacerdote (Pedro Gutiérrez Farías) “que aparentemente hacía un gran bien a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad”. Sin embargo, agregó que “aprovechándose de esa autoridad y de ese cargo hace adopciones de cientos de niños, hay abusos sexuales, maltrato infantil, probable venta de niños producto de embarazos de menores albergadas. Se detiene el asunto, se dispersa a los niños, no se da información de dónde están muchos de esos niños y ni la autoridad local ni la federal están actuando. Son cientos de niños, hay una grandísima preocupación”. El exsacerdote –quien ha denunciado numerosos casos de pederastia ante El Vaticano y tribunales– elogió a la Procuraduría y jueces por la sentencia contra el clérigo Jorge Raúl Villegas, pero insistió: “En el caso de Ciudad del Niño vemos claramente una serie de complicidades y los procesos se diluyen en la nada. Guanajuato necesita ser coherente en todos los casos que afectan a niñas y niños de este estado”. Buscan a Nunciatura de El Vaticano Con la abogada Dalia Ramírez Delgado –quien asesoró a los padres de las víctimas en el caso del sacerdote Villegas–; el doctor en Derecho Canónico Dagoberto Valle Arriaga; y el abogado José Manuel Delgado, Alberto Athié anunció que entabló comunicación con la Nunciatura de El Vaticano en México para ahondar en la línea de complicidades y encubrimientos de la jerarquía de la Iglesia Católica en el caso del padre sentenciado por cometer diversos abusos sexuales contra dos menores de quienes era confesor y orientador en el colegio Atenas de Irapuato. Específicamente, salieron a relucir tres nombres: el del arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago; del obispo emérito de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda; y la directora del colegio Atenas, Carmen Carbajal Méndez. “Decir que solamente él es culpable es parte de la verdad, pero ¿quiénes dispusieron que estuviera ahí? Si el arzobispo y el obispo hubieran tomado las precauciones debidas, el sacerdote no hubiera estado en ese contexto y la directora no lo hubiera invitado a la escuela. Aquí es donde hay un encubrimiento y una complicidad del arzobispo, del obispo y de la directora”, dijo el experto en Derecho Canónico, Dagoberto Valle. “Entonces son autoridades a las que hay que investigar y deslindar responsabilidades” y para ello, agregó, es muy importante la independencia que mantengan el Ministerio Público y los jueces para hacer su trabajo “sin ponerse de rodillas ante la autoridad eclesiástica”. Ante la impugnación de la sentencia hecha por los abogados de Jorge Raúl Villegas, la abogada Dalia Ramírez explicó que, a través de algunas páginas en redes sociales, se ha pretendido desestimar el proceso, la denuncia hecha por las víctimas y su conducta, así como la defensa a que tuvo derecho Villegas. “El señor tuvo oportunidad de defenderse y desde que inició el juicio transcurrió un año. Si ha sido declarado culpable en esta etapa, fueron varios jueces los que analizaron el caso en las distintas etapas. Ahora en la revisión al apelar su sentencia, el sacerdote sigue desahogando su defensa y nosotros también por parte de las víctimas. Esperamos que el magistrado del Poder Judicial en quien recaiga el caso tome la decisión basada en el interés superior del menor y sin injerencia de otros ámbitos como la propia Iglesia católica”, planteó. La abogada consideró que no existe un riesgo de que se modifique la sentencia de 90 años –aunque pasaría 60 en prisión– en perjuicio de las víctimas, sino que ésta quedará firme. “Ahora se está manejando que se compraron testigos, que a él no se le admitieron pruebas cuando en el juicio se desistió de varios testigos… No olvidemos que este tipo de delitos son de comisión oculta, en los que debe creerse a las víctimas, y que él fue escuchado durante el juicio y durante mes y medio se desahogaron todas las pruebas”, detalló Dalia Ramírez. También cuestionó los ataques a las dos menores por parte de quienes en redes se dicen defensores del padre Jorge Raúl, incluso a través de una página de Facebook. “Se ha dicho por quienes lo defienden que se investigue la vida de las menores. No es su vida la que está en juicio, sino el hecho de que ese sacerdote agredió sexualmente a las víctimas”, dijo. Protocolo protector En este punto, Alberto Athié resaltó el hecho de que la Iglesia católica mantenga un protocolo que protege a los sacerdotes pederastas, a quienes se envía a clínicas para que reciban atención. “Hay un mecanismo de protección interno y secreto donde solo le informa a Roma de lo que está pasando. Eso, en vez de contener la pederastia, la ha ampliado en tiempo y número. Sacerdotes abusan de cientos de niños en todo el país y en el mundo porque son protegidos y encubiertos”, afirmó. Dagoberto Valle se refirió también al ordenamiento canónico de la Iglesia católica “que abandona a las víctimas y protege a los victimarios” y enmarcó el caso del sacerdote Villegas Chávez: “Un sacerdote que ofrece confesión, guía espiritual en un colegio; el clima es bastante propicio, el menor de edad está completamente vulnerable y expuesto al adulto y al final resulta dañado”. Por ello, insistió en que dentro de la jerarquía católica hubo personajes fundamentales para la comisión de los delitos por parte del padre Villegas, que deben ser investigados y cuya responsabilidad debe ser deslindada y sancionada en su caso. Lo mismo para el sacerdote Pedro Gutiérrez de Ciudad del Niño de Salamanca, añadió Alberto Athié. “El caso está detenido. ¿Por qué? Porque hay una relación de influencias (del sacerdote) con las autoridades, gobernadores, exgobernadores, presidentes municipales, hasta expresidentes… Una relación de complicidad. Mantener este caso congelado es una injusticia gravísima”, remató.