CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a autoridades de Chiapas por el caso de una persona a quien se despojó de su ficha de registro para participar en el Examen Nacional del “Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, ciclo escolar 2015- 2016”. En un comunicado, el organismo precisó que a esa persona se le cortó el cabello en la vía pública mientras le tomaban fotografías con teléfonos celulares, en presencia de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, quienes no lo informaron a sus superiores jerárquicos ni proporcionaron el auxilio correspondiente. La recomendación dirigida al gobernador Manuel Velasco, así como al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Luis Fernando Castellanos, y a la encargada del Despacho de la Fiscalía General de Chiapas, María Susana Palacios García, es por la dilación e irregularidades en la averiguación previa iniciada con la denuncia de la afectada y una más por los mismos hechos. La CNDH sostuvo que acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad e integridad personal, al trato digno y a una vida libre de violencia, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal del servicio público para esa entidad. A esto se suma otra víctima de hechos similares ocurridos en esa fecha, quien en días posteriores presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada, aunque no hay constancia de que haya acudido ante la CNDH. El organismo reprobó “esos hechos deleznables” que atentaron contra la dignidad de las personas agraviadas mediante acciones deliberadas, lo que derivó en trato cruel, inhumano y degradante, y por lo cual solicitó a las autoridades correspondientes integrar la averiguación previa del caso y, previo procedimiento, sancionar a los responsables. De igual manera, consideró indispensable investigar la responsabilidad de las personas que intervinieron en la agresión y de los servidores públicos que la presenciaron, quienes no actuaron diligentemente en procuración de justicia y faltaron a sus obligaciones de proteger a la víctima cuando se encontraba en situación de riesgo. Si bien las personas agresoras los superaban en número, añadió, tal circunstancia no les impedía haber notificado a sus mandos superiores, o en su caso, haber resguardado a la víctima después de los hechos. En cuanto a la prevención de riesgos de los mandos superiores de ambas Secretarías, se ordenó investigar la cadena de mando para deslindar responsabilidades, al no haber aplicado planes y estrategias que garantizaran la seguridad de los aspirantes, a pesar de que conocían el contexto del conflicto por la oposición a la aplicación de exámenes por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La CNDH solicitó, entre otros puntos, reparar el daño mediante el pago de compensación a una de las víctimas, brindar a las personas afectadas atención psicológica e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas. Además, coadyuvar en la presentación y seguimiento de la queja ante la autoridad correspondiente en contra de los policías estatales y municipales involucrados en las violaciones a los derechos humanos citados