SAN JOSÉ (apro).- Con la solicitud de que sea analizada la Ley de Seguridad Interior (LSI) y fuertes cuestionamientos a la versión oficial que pretende desvirtuar la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado de Chihuahua en 2009, concluyeron este viernes las audiencias para analizar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Desde que se registró la sustracción de los Alvarado, la versión que ha sostenido el Estado mexicano es que los jóvenes fueron víctimas de la delincuencia organizada disfrazada de militares. Representado por el director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Erasmo Lara Cabrera, y la subprocuradora Sara Irene Herrerías, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en el caso, porque en el momento en que ocurrieron los hechos no había una legislación sobre desaparición forzada de personas ni se había reformado el Código de Justicia Militar. Sin embargo, la representación del Estado mexicano insistió en negar que miembros del Ejército Mexicano haya participado en la desaparición de los integrantes de la familia Alvarado. Sostuvo que fue diligente en las investigaciones tomando en cuenta que, desde 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) lleva el caso, que la obligación de investigación “es de medios no de resultados” y se pidió a los jueces de la CoIDH hacer caso omiso de las demandas de pronunciarse sobre la LSI, porque no estaba vigente en el momento en que ser registraron los hechos. En el contexto del 123 periodo de sesiones de la CoIDH, los representantes de las familias de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública a partir de la Ley de Seguridad Interior, a la luz del cúmulo de casos de violaciones a derechos humanos registrados durante la guerra contra el narcotráfico. Y marcaron particularidad en el Operativo Conjunto Chihuahua, en el que se enmarca la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida en el ejido de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura. Los cuestionamientos El juez de origen ecuatoriano, Patricio Pazmiño, cuestionó a los representantes del Estado mexicano sobre las facultades de investigación que se le da a las Fuerzas Armadas con la LSI. Puso en duda la versión oficial de que los autores fueron miembros de la delincuencia organizada disfrazados de militares, debido a que, de 2006 a 2017, sólo se consignó a una persona en Buenaventura, Chihuahua, por usar vestimenta tipo militar, así como calificar la llamada de auxilio que habría realizado Nitza Paola en febrero de 2010, como “extorsiva”, cuando nunca hubo una demanda de dinero de por medio. La presidenta de la CIDH, Margaret May Macaulay, recordó que “hay un consenso internacional de que, al usar las fuerzas militares en funciones de mantenimiento de seguridad, se conduce a riesgos de violaciones a derechos humanos entre ellos uno tan grave como lo es la desaparición forzada de personas”. La comisionada de origen jamaiquino recordó que “agencias nacionales como internacionales de derechos humanos” han coincidió en alertar sobre la persistencia de abusos en México a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, lanzada por el presidente Felipe Calderón Además, dijo, los órganos de Naciones Unidas dedicadas al tema, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) “han asegurado que se trata de un tema generalizado en México, donde habría al menos 30 mil personas aceptadas oficialmente de quienes no se ha podido ofrecer información sobre su paradero”. May Macaulay destacó que la CIDH no desconoce que la intención del Operativo Conjunto Chihuahua (2008-2010) haya buscado proporcionar seguridad ante el crecimiento de la violencia en la entidad, como repite el Estado mexicano, “que evita presentar en el contexto las violaciones a derechos humanos y las desapariciones que ocurrieron al aplica el plan”. La abogada de las víctimas, Alejandra Nuño, consideró pertinente el pronunciamiento de la CoIDH sobre la LSI, “de manera preventiva”, y como “medida de reparación y no repetición”. Al tomar en cuenta que la desaparición de los Alvarado estuvo enmarcada en el Operativo Conjunto Chihuahua, por el que la seguridad pública se militarizó, la defensora apuntó que “al menos en esos operativos había convenios de colaboración con las entidades federativas, ahora la militarización se llevaría a cabo por orden presidencial. Por eso es muy importante lo que pueda decir la CoIDH, de manera preventiva y que recomiende la modificación de la LSI”. Al término de la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola y quien rindió su testimonio ante los jueces del tribunal regional, pidió a éstos “ponerse en sus zapatos” para entender “lo que significa ser un familiar de una víctima de desaparición forzada, tener que acudir a todas las instancias y que nadie te escuche, que nadie quiera investigar porque se trató de militares, que las autoridades reconozca que fueran militares pero que no quieran hacer nada, y luego sufrir amenazas, hostigamiento y tener que salir del país por no querer callar”. Alvarado Espinoza, quien tiene impedido regresar a Estados Unidos donde estaba tramitando un proceso de asilo, apuntó: “Se me dijo que o me quedaba para continuar con el procedimiento o me venía a la Corte y perdía todo. No tengo dónde regresar, mis hijos se quedaron en Estados Unidos, pero estoy tranquila porque es importante que se sepa qué está pasando en México, porque el caso de mis familiares es uno de miles que hay en el país”.