Y de pronto… silencio estatal sobre los alumnos disueltos en ácido

Luego de que el lunes 23 la fiscalía jalisciense dio a conocer que el Cártel de Jalisco Nueva Generación asesinó y disolvió en ácido a los tres estudiantes de cine tras confundirlos con integrantes de un grupo antagónico, autoridades estatales, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, han mirado a otro lado ante los cuestionamientos contra su investigación. Por lo pronto, familiares de los jóvenes rechazan que sus hijos estén muertos, porque ni siquiera tienen en sus manos las pruebas de lo que el fiscal general y el gobernador han sostenido. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de Jalisco, que encabeza Raúl Sánchez Jiménez, ha dejado más dudas que certezas en los familiares de los tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos el 19 de marzo en el municipio de Tonalá y que, les dio a conocer, fueron asesinados y disueltos en ácido por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los confundieron con miembros de un grupo antagónico.  

El sábado 21, la fiscalía estatal informó a las madres de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y de Marco Francisco García Ávalos que el resultado de la investigación indicaba que los alumnos de la Universidad de Medios Visuales CAAV fueron secuestrados, torturados, asesinados y disueltos en ácido. Sin embargo, las mujeres se negaron a aceptar la versión de la autoridad al no tener los restos de sus hijos y al escuchar que se trata sólo de indicios.

Los familiares de los jóvenes prefieren seguir rezando por su pronta aparición y exigen a la autoridad que mantenga la búsqueda.

Precisamente los rezos los encabeza la madre de Jesús Daniel, una mujer de estatura baja, cabello largo negro y piel morena. Públicamente expone su fe en las manifestaciones públicas recientes contra la desaparición de los jóvenes, como aquella que se realizó el 24 de marzo último, cuando cientos de personas se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, a la que renombraron “Glorieta de los desaparecidos”.

En aquella ocasión, la mamá de Jesús Daniel tomó el micrófono y dedicó unas palabras a Dios, pidiendo la aparición con vida de los estudiantes. Las otras dos mujeres (madres de Javier Salomón y Marco Francisco) hablaron ante los asistentes sobre la última vez que vieron a sus hijos.    

El lunes 23, en conferencia de prensa, cuando la fiscalía presentó un video en el que explicaba cómo sucedieron los secuestros y los homicidios de los estudiantes de cine, se le preguntó a la autoridad cuándo habían informado a las familias los resultados del caso y si ellas habían aceptado lo expuesto.  

El fiscal de Derechos Humanos de Jalisco, Dante Haro, quien además durante cinco meses también se encargó de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (área que desde el lunes 16 está a cargo de José Raúl Rivera) respondió que “las familias han sido comunicadas de manera directa (desde) la semana pasada. Conforme van saliendo los hechos, se van comprobando, se les ha dado toda la información de los operativos, de las personas (involucradas)”. También aseguró que las familias estaban conformes con los resultados de las indagatorias. 

Haro expuso que prueba de ello es que “nos acompaña la licenciada Lina Gutiérrez, quien es la abogada de las familias (de las víctimas) y que, a final de cuentas, ella puede constatar los diferentes tratos y atenciones que se les ha dado”.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, dijo el jueves 26 a Proceso que “es falso” que las madres de los estudiantes de cine estén conformes con los indicios que les ha revelado la fiscalía.

“Las familias no están de acuerdo. En este momento no tienen en sus manos un dictamen científico. En este momento, hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo, y no han vivido el duelo porque no tienen un dictamen. Les han dicho que ya va a llegar, que ya casi lo tienen.

Continuó: “Cuando me refiero a un dictamen, es el que comprueba científicamente que las muestras de ADN (halladas por la policía) coinciden con las de sus hijos. Hasta este momento, ellos no las tienen en su poder; entonces, por eso es que el día de hoy desconocemos el resultado, porque todavía las familias no tienen pruebas de lo que se dijo en esa rueda de prensa”.

Incluso Medina Varela, quien tiene contacto con los padres de familia, explicó que, pese a que la abogada de las víctimas estaba presente en la conferencia de prensa, como lo expuso Haro, los padres de familia desconocían el video que se mostró el lunes 23. 

El líder estudiantil agregó que las víctimas buscarán apoyo de la ONU para que revise la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Jalisco.

El miércoles 25, ante las dudas que ha generado el caso, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la carpeta de investigación de los tres estudiantes estaba puesta a disposición para que sea “revisada por más de un organismo nacional o internacional, para que pueda certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con el que cuenta esta carpeta, efectivamente, corresponden a lo que sucedió y a la realidad”.

Javier Salomón tenía 25 años, era originario de Mexicali; Marco y Daniel, ambos de 20, eran de Tepic y de Los Cabos, respectivamente. 

Quienes los conocieron en la universidad afirman que “ellos siempre estaban juntos para hacer las tareas. Eran un grupito, siempre fueron solidarios. Salomón apoyaba con material y sus ideas; era amable. Daniel es de gran corazón y Marco era el gracioso y el bueno con la tecnología, incluso ayudaba a los profesores cuando un aparato no quería funcionar”.

Inconsistencias 

Fuentes cercanas al caso dieron a conocer a este semanario que Gerardo y Omar, presuntos integrantes del CJNG y presuntos asesinos de los jóvenes, fueron capturados 15 días antes de la conferencia de prensa del lunes 23, en la que la autoridad también informó que ambos fueron vinculados a proceso durante la madrugada del domingo 22, por secuestro agravado. 

Quienes conocen de la investigación, además, dijeron que a los detenidos les fue sembrada droga con el objetivo de mantenerlos en custodia 48 horas más, hecho que podría derrumbar el caso sobre ambos personajes por faltas al debido proceso.  

Otra de las presuntas irregularidades que podrían detonar la libertad de los detenidos es que fue difundida públicamente la identidad de los procesados, pese a que la investigación está en curso. Por ejemplo, de Omar se dio a conocer que se trata de un rapero que se hace llamar QBA y que cobraba 3 mil pesos semanales en el CJNG por disolver los cuerpos de las personas que asesinaban.

Al respecto, se buscó una impresión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Alfonso Hernández Barrón. Sin embargo, el director de Comunicación Social del organismo, Carlos Martínez Maguey, explicó que el ómbudsman estatal no se encontraba y que la posición de la comisión la daría el jueves 26 el primer visitador Javier Perlasca Chávez. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Proceso también solicitó una entrevista en la Fiscalía General de Jalisco para hablar con la jefa de su área de Investigación, Lizette Torres, sobre algunas inconsistencias en el caso. La petición fue hecha el miércoles 25. No obstante, la encargada de la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, Cristina Díaz, rechazó la solicitud. 

De igual manera se buscó a Dante Haro. Vía celular, el funcionario respondió que no estaba autorizado a dar entrevistas, pero comentó que su labor es estar al pendiente de las madres de las víctimas.

Otra de las anomalías del caso que las autoridades no han aclarado es que la Fiscalía informó que Diego Gabriel Mejía, integrante del Cártel Nueva Plaza, antagónico al CJNG, dueño de la casa en la que fueron confundidos los estudiantes de cine, había sido detenido en 2015 en dicho inmueble.

Posteriormente, la misma dependencia estatal dio a conocer que el mismo sujeto fue capturado el 13 de julio de 2015, pero a bordo de un auto (Mural 27/4/2018).   

Las líneas de investigación 

El 19 de marzo pasado los estudiantes del segundo cuatrimestre de la Universidad de Medios Visuales CAAV concluyeron la grabación de un cortometraje para la clase de montaje, tarea que debían entregar el 21 de ese mes. 

El lugar donde grabaron es conocido como La Cabaña, finca que presuntamente era de Edna Judith, tía de Salomón, pero que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en realidad pertenece a Diego Gabriel Mejía. 

Un mando del CJNG se enteró de que el capo rival pronto saldría del Reclusorio Metropolitano, por lo que ordenó vigilar la finca que se ubica en Ocotillo.

Cuando Marco, Daniel y Salomón y su novia Valeria, así como dos primas, una de ellas identificada como Alejandra –hija de Edna–, iban circulando por el nuevo Periférico, entre el kilómetro 19 y 20, a la altura del fraccionamiento Colinas de Tonalá, y se les descompuso uno de los vehículos, seis hombres armados –dos de ellos identificados como Salomón y Juan Carlos Barragán, El Canzón– los detuvieron.

Los captores les dijeron a los jóvenes que eran elementos de la Fiscalía General de Jalisco y únicamente subieron a los tres estudiantes de cine a una de las dos camionetas en las que viajaba el comando.   

Hasta el momento, según fuentes del caso, la autoridad estatal no ha llamado a declarar a alguna de las mujeres que estuvieron en la detención. Además, la madre de Marco declaró a este semanario que la novia de Salomón se fue a Estados Unidos el mismo día en que los jóvenes fueron secuestrados, mientras que Alejandra y la otra chica no se sabe dónde están. 

Ese 19 de marzo los estudiantes fueron llevados a la casa de El Canzón, en la calle Lechuza 8991, colonia Pinar de las Palomas, en Tonalá. De acuerdo con la versión oficial, ahí murió Javier Salomón debido a los golpes que recibió cuando era interrogado para que revelara el paradero de Daniel Mejía.

De manera inmediata, sus captores decidieron asesinar a los otros dos estudiantes. Después, los tres cuerpos fueron trasladados a una finca ubicada en la calle Amapola 450, en la colonia Prados de Coyula, también en Tonalá, para ser disueltos en ácido.

De acuerdo con la Fiscalía, en una gota de sangre se logró identificar material genético de Jesús Daniel. En el caso de Marco, fue mediante cabello hallado en la zona. Sin embargo, no hay rastros de Javier Salomón. 

Una perito que participó en la investigación explicó que en la casa de la calle Amapola se encontró material genético de al menos otras 20 personas. Sin embargo, precisó que pudiera ser de los acusados. 

El Canzón fue asesinado el lunes 2 en la calle 5 de Febrero, en la colonia San Carlos, supuestamente por órdenes de El Cochiloco, jefe de plaza del CJNG en Tonalá, luego de que el primero tenía remordimiento por haber asesinado a los estudiantes y el jefe de plaza temía que fuera a delatarlos. 

La autoridad busca a otros seis sujetos implicados en el homicidio de los tres jóvenes.

Relaciones peligrosas

Edna Judith, tía de Javier Salomón, está vinculada a personas del Cártel Nueva Plaza mediante Elizabeth Alcalá Juárez, suegra de Diego Mejía (pareja de Joana Elizabeth Águila Alcalá), relacionados con el negocio de estéticas o masajes para caballeros.

Edna Judith fue detenida el martes 3, acusada de lenocinio agravado, ya que, de acuerdo con la carpeta de investigación 35243/2018, era administradora de una veintena de estéticas donde se ejercía la prostitución.

Este semanario realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y encontró que a nombre de Edna Judith existe una finca que se ubica en Haciendas de Santa Fe, Sexta Etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con los registros, dicha propiedad la compró el 11 de mayo de 2014 a Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, por 254 mil 649 pesos; para completar el pago solicitó un crédito hipotecario por 67 mil 103 pesos a un plazo de 15 años. 

A nombre de Elizabeth Alcalá se localizaron 10 propiedades. En al menos dos de ellas se encuentran los negocios que administraba Edna Judith. Uno es identificado como Masajes Alcalá y se encuentra en el número 1683 de la avenida Revolución. El otro es Masajes para Caballeros Mediterráneo, que está en avenida Niños Héroes 970, en Guadalajara.

Según la escritura 42685, Elizabeth compró la propiedad de la avenida Revolución el 8 de septiembre de 1998, mientras que la de Niños Héroes la adquirió el 29 de diciembre de 2005 por 1 millón 620 mil pesos, de acuerdo con la escritura 42149.

La Fiscalía de Jalisco identificó a la suegra de Diego Mejía como su testaferro. Sin embargo, existen indicios de que también lo sería su cuñada, de nombre Isis.

Destaca que Isis, siendo menor de edad, compró una propiedad en Guadalajara, en el número 3300 de la calle Marquesa, en la colonia Jardines del Nilo, por 700 mil pesos, el 31 de agosto de 2004, como consta en la escritura 30802.

Sin embargo, según la información recabada, Isis donó dicha propiedad a su madre el 14 de febrero de 2013, y ésta la vendió el 17 de enero de 2018. 

En 2004 Elizabeth compró otro inmueble en Guadalajara, también en la calle Marquesa de Calderón, pero con el número 3343; es de 145 metros cuadrados y pagó por él 1 millón 360 mil pesos. 

El 1 de julio de 2005, según la escritura 37356, la suegra de Diego pagó en efectivo la casa de la calle Francisco López de Gómara 1142, en el fraccionamiento Jardines de la Paz, en Guadalajara. La mujer solicitó en 2008 autorización al municipio para abrir una guardería, la cual todavía funciona.

El 16 de agosto de 2011 compró en 795 mil 195 pesos una vivienda de la calle Joaquín Fernández de Lizardi 3334, colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara. El 29 de diciembre de 2015 compró locales en la colonia Niños Héroes.

La última de sus adquisiciones, con fecha 16 de junio de 2017, fue una casa en Franz Liszt 5558, en la colonia La Estancia, en Zapopan; por ella pagó 3 millones 381 mil pesos.  

Este reportaje se publicó el 29 de abril de 2018 en la edición 2165 de la revista Proceso.

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