LONDRES (apro).- El imponente buque británico HMS Empire Windrush ancló en el puerto de Tilbury Docks, en el condado inglés de Essex, una brumosa mañana del 21 de junio de 1948. En ese icónico barco viajaban unos mil 27 inmigrantes procedentes del Caribe y de otros países, la mayoría de ellos que buscaban radicarse en el Reino Unido para ayudar en la reconstrucción del país, tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Entre los pasajeros que se encontraban en el Windrush había también ciudadanos polacos forzados a escapar de su país, integrantes de la Fuerza Aérea británica y un centenar de ciudadanos británicos. Los pasajeros se dividían en 684 varones adultos, 257 mujeres y 86 niños menores de 12 años, entre ellos varios bebés. De acuerdo con la lista de pasajeros del buque, más de la mitad de las personas a bordo, 539, provenían de Jamaica; 139 de Bermuda; 73 de Trinidad; 66 de México; 44 de la Guyana británica; siete de otros países caribeños y 40 de otras naciones. Unos 119 ciudadanos provenían de Inglaterra. Según una investigación de Nicholas Boston de la City University de Nueva York, aquellos identificados como procedentes de México como su último país de residencia eran un grupo de refugiados polacos que escapaban de la guerra, principalmente mujeres y niños. Muchos de los pasajeros del Windrush pagaron unas 28 libras esterlinas (cerca de mil 370 dólares al valor actual) para viajar a Gran Bretaña en respuesta a anuncios de trabajo publicados en periódicos locales. El buque, que partió de Trinidad el 20 de mayo de 1948, hizo varias escalas antes de llegar a Inglaterra: pasó por Jamaica, por Tampico, en México, La Habana, en Cuba, y finalmente por Bermuda, antes de cruzar el Atlántico Norte. La madre patria Entre los pasajeros se encontraba John Hazel, un boxeador de 21 años; Harold Wilmot, un fabricante de cajas, de 32, y John Richards, un carpintero de 22 años. Todos ellos procedentes de Jamaica. Richards quedó, como tantos otros pasajeros, muy sorprendido al darse cuenta de la diferencia entre “la Madre patria”’ de la que tanto había leído en libros y periódicos, y la realidad que tenía que enfrentar. “Sabía mucho sobre Gran Bretaña de mi época en la escuela, pero llegué a un país totalmente diferente al que esperaba. Eran dos sitios totalmente opuestos”, contó Richards a la BBC al rememorar ese viaje histórico. “Nos decían que en la ‘Madre patria’ íbamos a ser bienvenidos, que todos éramos británicos. Pero cuando pusimos pie en este país, nos dimos cuenta que éramos extranjeros y que nadie iba a cambiar esa realidad”, agregó. Oswald Columbus Denniston, el primer pasajero del Windrush en obtener un trabajo en el Reino Unido, contó que la atmósfera en el barco durante el viaje fue de alegría y mucho optimismo. “Había dos o tres grupos musicales a bordo, cantantes de calypso. Había muchos jamaiquinos, que suelen ser muy alegres. En nuestro país decimos que cuando hay más de seis jamaiquinos juntos, ya hay una fiesta”, contó el hombre. Denniston, que entonces tenía 35 años, obtuvo un trabajo el mismo día que atracó el barco en Inglaterra, al dar raciones de comida en un centro de ayuda de Clapham (Londres), donde los pasajeros del Windrush pasaban los primeros días tras su arribo. El hombre se radicó eventualmente en el colorido barrio de Brixton, en el sur de la capital británica, donde trabajó en un puesto callejero de comidas hasta su muerte en el año 2000, a los 86 años. “Muchos de nosotros creíamos que nos quedaríamos en Inglaterra sólo por algunos años, tal vez cinco, que estudiaríamos y que luego nos regresaríamos a Jamaica. Pero algunos decidimos quedarnos”, agregó. El Windrush ha sido considerado como el símbolo de la primera etapa de inmigración caribeña a Gran Bretaña, período que duró de 1948 a 1971, y muchos de esos inmigrantes son conocidos como “la generación Windrush”. La mayoría de ellos decidió aventurarse a cruzar el Atlántico para conseguir trabajo en Gran Bretaña, que por entonces estaba muy necesitada de enfermeras, trabajadores ferroviarios, conductores de autobuses y otros obreros para trabajar en la reconstrucción del país tras la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. Esos migrantes de colonias o excolonias británicas tenían el derecho automático de asentarse en el Reino Unido. A pesar de haber vivido y trabajado por décadas ahí, muchos de esos inmigrantes se vieron amenazados con la deportación del país, se les negó tratamiento básico contra el cáncer y otras enfermedades en el servicio nacional de salud, subsidios públicos, pensiones y hasta perdieron sus trabajos, porque no pudieron presentar comprobantes de que vivían legalmente en el país. Ello ocurrió debido a duras regulaciones internas impuestas a partir de 2012 por el Ministerio del Interior (entonces bajo el mandato de la actual primera ministra Theresa May) para reducir a toda costa el número de inmigrantes e imponer un mayor número de ‘cuotas’ anuales de deportaciones. El endurecimiento de la ley que promulgó May cuando estaba el frente del Ministerio del Interior hizo que esas personas debieran probar con documentos originales todos los años que habían vivido en el Reino Unido, un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir. Lo cierto es que, tras el escándalo, el gobierno británico se vio obligado a ofrecer disculpas públicas y resarcimientos económicos, facilitar la obtención de la ciudadanía británica y legalizar la situación de residencia sin costos adicionales a todos los inmigrantes afectados. “Nos robaron años de vida” Nick Broderick, que arribó de niño a Gran Bretaña procedente de Jamaica, tuvo que gastar unos 41 mil dólares en la batalla legal contra los denodados intentos de las autoridades para deportarlo. “Es positivo el paso que ha dado el gobierno y creo que ayudará a muchas personas. Espero por mi parte poder reanudar mi vida normal”, contó y se mostró “encantado” de finalmente haber podido obtener su ciudadanía británica. Por su parte, Glenda Caesar, quien arribó de bebé al país procedente de la isla Dominica junto a sus padres en los años 50, recientemente ganó su batalla para obtener la ciudadanía británica. La mujer admitió que todo el proceso legal fue demasiado costoso, además de explicar que las autoridades le pidieron documentación “muy difícil” de obtener. “Fue un proceso muy doloroso y difícil. Perdimos mucho dinero, nos endeudamos. No sólo yo, sino muchos otros en mi misma situación. Nos robaron años de nuestras vidas y este resarcimiento ayudará en algo, pero el daño ya ha sido causado”, continuó. Otro caso fue el de Paulette Wilson, una cocinera de 61 años que había trabajado por años en el restaurante del Palacio de Westminster sirviendo a los legisladores y que, sin embargo, fue enviada en octubre pasado al centro de inmigración de Yarl’s Wood, en Londres, y de allí al aeropuerto de Heathrow para ser deportada a Jamaica, a pesar de no haber estado en ese país desde que tenía 10 años y de no tener allí familiares vivos. Sin embargo, una intervención legal de último minuto impidió su deportación y, gracias a una amplia cobertura de su caso en los medios de prensa británicos -pero especialmente en el The Guardian-, logró obtener su permiso de residencia. Judy Griffith, de 63 años, viajó en 1963 procedente de Barbados a Londres cuando tenía nueve años para reunirse con sus padres que ya se encontraban en Gran Bretaña trabajando como conductores de autobuses. Durante 52 años, estudió, trabajó y pagó sus impuestos en el Reino Unido. Fue empleada durante años en la Policía Metropolitana y en el municipio de Camden, en Londres. Pero en 2012 su vida dio un vuelco cuando al visitar un centro de búsqueda de empleo se le informó: “Usted es una inmigrante ilegal”. Griffith fue informada que su permanencia en Gran Bretaña estaba en peligro por “falta de papeles”. Ello le impidió visitar a su madre gravemente enferma en Barbados en 2016 y no poder asistir a su funeral. Debido a su “limbo legal”, la mujer no pudo encontrar trabajo y estuvo a punto de ser desalojada de su vivienda en Londres. Después de años de batallar contra un pedido de deportación por parte del Ministerio del Interior, Griffith logró que revocaran su caso y finalmente obtuvo la ansiada residencia. “Se la pasaban diciendo que no estaba en el sistema. Pero claro, yo llegué en 1963 cuando no había ordenadores ni sistemas digitales. Esos errores hicieron que no pudiera ver a mi madre antes de su muerte, ni asistir a su funeral. Fue muy doloroso. Todo esto ha sido muy injusto y terrible”, contó. Hubert Howard, de 61 años, pasó por una experiencia igualmente traumática. Había viajado con tres años a Gran Bretaña procedente de Jamaica junto a su madre. Pero en 2012 fue informado que era un ‘inmigrante ilegal’ por falta de “documentación adecuada”. Debido a su situación legal, su principal empleador, The Peabody Trust, lo despidió a pesar de había sido un trabajador ejemplar durante 10 años. Howard había trabajado antes como operario en la compañía ferroviaria British Rail, como plomero y más tarde como portero en una asociación de viviendas. A pesar de haber pagado sus impuestos durante 35 años, ello no valió de nada para las autoridades. Los problemas de Howard comenzaron en 2005 cuando quiso visitar a su madre enferma que se encontraba en Jamaica. Solicitó su pasaporte británico, pero este le fue denegado porque nunca se había naturalizado. Su madre falleció en 2006 sin que él pudiera visitarla. Y cuando May anunció la introducción de nuevas regulaciones inmigratorias en 2012, los problemas para Howard empeoraron aún más, tras ser despedido por su empleador y luego verse imposibilitado de cobrar subsidios de desempleo. En 2015, el hombre recibió una carta del Ministerio del Interior en la que se le informaba que “no tenía estatus legal alguno” y que por ende “debía abandonar el país lo antes posible”. “Ellos básicamente arruinaron mi vida”, contó Howard. “Tenía un trabajo seguro y me lo robaron. Murió mi madre y no pude viajar a verla. No salí de este país desde que tengo cuatro años, es totalmente ridículo”, agregó. Según Howard, los inmigrantes de la llamada “generación Windrush” contribuyeron y trabajaron “para que Gran Bretaña saliera adelante”. “Todo este escándalo ha sido una tragedia nacional que nos avergüenza como país”, continuó. Expulsiones forzadas Tras la disculpa pública por parte del gobierno y el anuncio de resarcimiento financiero a todos los afectados, el pasado 23 de abril, la ministra del Interior, Amber Rudd, debió comparecer ante la comisión de Interior del Parlamento, donde negó reiteradamente haber estado en conocimiento de las “cuotas” anuales para deportaciones de inmigrantes. Sin embargo, la publicación el pasado 29 de abril por parte de The Guardian de una carta secreta que demostraba que Rudd sí sabía de la situación y que se había propuesto como objetivo “incrementar la cantidad de expulsiones forzadas en más de un 10% durante los próximos años”, sumado a sendos pedidos de renuncia por parte del opositor Partido Laborista, hizo que la ministra se viera obligada a abandonar su cargo. Paradójicamente, ese puesto fue ocupado por el parlamentario Sajid Javid, hijo de un conductor de autobuses pakistaní, cuya familia había llegado a Gran Bretaña en los años 60. En la carta de renuncia de Rudd a May del pasado 30 de abril, la saliente funcionaria conservadora indicó: “Con mucho pesar renuncio como Ministra del Interior. Considero necesario hacerlo porque engañé inadvertidamente al Comité parlamentario del Interior sobre las ‘cuotas’ de deportaciones de inmigrantes ilegales durante la interpelación por el tema Windrush”. Según Rudd, desde su comparecencia ante dicho comité, revisó la evidencia y se dio cuenta “de información que fue provista a mi oficina y que daba cuenta de ‘cuotas’”. “Tendría que haber estado al tanto de esto y tomo total responsabilidad al respecto”, subrayó. Tras la polémica, la ministra del Interior en la sombra, la laborista Diane Abbott, sostuvo que el escándalo “representa una mancha enorme” para el país. A pesar de dar la bienvenida a las medidas tomadas por el gobierno y a la renuncia de Rudd, Abbott, hija de inmigrantes caribeños, se mostró muy dolida por todo el daño causado. “Esta generación Windrush ayudó muchísimo al país, tiene mucho orgullo en ser británica y está determinada a trabajar duro y contribuir en pos de la sociedad. Es una vergüenza cómo los ha tratado este gobierno”, afirmó la parlamentaria laborista. También se sumó a las recriminaciones el alcalde de Londres y también hijo de inmigrantes, el laborista Sadiq Khan, quien consideró que lo que ha pasado con la generación Windrush “no es una anormalidad”. Aseguró: “No se debe a un error administrativo. Es consecuencia del ambiente hostil creado por el gobierno" hacia los inmigrantes. Lo cierto es que, la renuncia de Rudd -la primera víctima política por el maltrato oficial a la “generación Windrush”- es un fuerte dolor de cabeza para May, quien no sólo perdió a una de sus principales aliadas dentro del gobierno y a una de las pocas funcionarias pro-europeístas que hacía frente a la bancada ultra-Brexit, sino que deja a los gobernantes conservadores muy debilitados de cara a las elecciones municipales del próximo 3 de mayo en Inglaterra. Resta por verse si el escándalo Windrush modificará las draconianas políticas del gobierno hacia los inmigrantes, en un contexto de creciente xenofobia y racismo en Gran Bretaña por el Brexit.