CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 12 años de la represión policiaca en San Salvador Atenco de mayo de 2006, las 11 mujeres que han denunciado la tortura sexual de que fueron víctimas mantienen viva la esperanza de conseguir verdad, justicia y reparación, antes de que deje la Presidencia Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del Estado de México. En espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emita una sentencia, luego de acudir en noviembre del año pasado a la audiencia pública, Norma Jiménez reconoce en entrevista que, sin ser el objetivo central de su demanda, “sería importante, quizá mediáticamente”, que la resolución del tribunal regional se conozca antes del 1 de diciembre de 2018, “porque Peña Nieto es una figura central en el caso y porque ahora están sentado en la silla presidencial”. Las 11 mujeres de casi 40 que fueron detenidas y agredidas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco se han dolido durante estos 12 años del maltrato y criminalización que sufrieron de parte de las autoridades del Estado de México, incluido el entonces gobernador Peña Nieto, quien atribuyó las denuncias de tortura sexual a un “manualito” de quienes realizan protestas. Norma Jiménez agrega que la resolución también podría ser satisfactoria para otras personas víctimas de los acontecimientos de hace 12 años. “Nunca hemos pensado suplantar la voz de quienes no están en esta denuncia, hubo más de 200 detenidas y hay muchas otras que no fueron detenidas, pero viven ahí en los pueblos y las repercusiones han sido tremendas también. Esta denuncia es más grande de lo que parece, hay más personas ahí y creo que sería importante que la sentencia se diera a conocer antes que Peña dejara el cargo. Aunque, a donde él vaya, el tema no lo va a poder evitar”, puntualiza. La víctima se escucha relajada, a diferencia de los años anteriores en que el recuerdo de los acontecimientos y la impunidad en que se encuentran, quebraban en ocasiones su voz. “Cargamos menos peso encima, para muchas de nosotras, lograr mantener la lucha y llegar a la Corte a exponer nuestro testimonio, aunque haya sido doloroso, es una forma de reparación del daño”, dice Norma, una de las cinco mujeres que se presentó ante los jueces de la CoIDH el 17 de noviembre del 2017. Consciente de que una sentencia del tribunal regional será hacia el Estado mexicano y que “será muy difícil que esas personas específicas tengan repercusiones, mucho menos porque a varios de ellos los han premiado”, explica que la apuesta de las 11 de Atenco es “cambiar el sistema, porque conocemos de muchos casos de mujeres que han vivido lo mismo que nosotras y es como vivir totalmente indefensas”. Norma Jiménez explica que, por su experiencia personal y la que ha conocido por lo menos en los últimos cuatro años a través de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, parecería que “una mujer que fue torturada sexualmente, inmediatamente de ser víctima se convierte en culpable (…), porque después de que nos expusieron en medios, hasta los exámenes ginecológicos, después dijeron que todo nos lo habíamos inventado”. Tras reconocer que denunciar la tortura sexual es muy complicado para las mujeres porque son ellas las que “cargan con la culpa y el estigma”, puntualiza que uno de los objetivos principales de llegar a la CoIDH es cambiar el sistema imperante, que “las mujeres no tengan que pasar por esto, que no sea una práctica cotidiana para las fuerzas del Estado y sean voces silenciadas”. Agrega: “Cuando nos preguntan ¿qué les repararía?, hace que pienses en lo que has perdido a partir de esto, en lo que se ha roto. Cuando tratamos de construir algo que nos haga sentido caemos en cuenta que ésto tiene un nombre y culpables específicos y que en la medida que se investigue y se desgaje este sistema, hay formas de poder parar esta práctica”. En espera de la sentencia Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh), destaca que la sentencia de la CoIDH podría darse a conocer en el segundo semestre de este año, y a partir de ese momento “el Estado estará obligado a su cumplimiento”. Al señalar que las partes involucradas, los representantes de las víctimas, el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya concluyeron su labor en el litigio, agrega que ya sólo queda esperar la determinación de los jueces del tribunal, que debería dar satisfacción en términos de verdad, justicia y reparación, Para la abogada, “el acceso a la verdad no es sólo para las víctimas sino para la sociedad, saber qué pasó ese 3 y 4 de mayo, en tanto que el acceso a la justicia que pasa por la investigación con debida diligencia de todos los responsables, a todos los niveles y tomando en cuenta que se trata de un operativo policiaco y de un escenario donde se daban y se acataban órdenes, es necesario investigar desde una lógica de mando”. Al recordar que en el litigio internacional también se busca impulsar cambios en el país para evitar que casos similares ocurran nuevamente, la abogada del Centro Prodh detalla que las mujeres de Atenco “están planteando desde medidas para fortalecer la atención brindada desde el Estado para documentar casos de tortura, como un instituto forense autónomo, fortalecer el mecanismo creado desde la Conavim de atención a casos de tortura sexual a mujeres, y algo muy inspirador que es crear una organización no gubernamental de acompañamiento a mujeres víctimas de tortura sexual”. Además, entre las medidas de reparación, las mujeres de Atenco consideran “la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de los cuerpos policiacos. Ahí se proponen controles externos en instituciones policiacas; una memoria histórica de lo que ocurrió en el operativo del 3 y 4 de mayo en Atenco; crear un espacio de memoria, y en caso concreto, una disculpa pública y una retractación de parte del Estado”. Y es que, agrega, “el discurso público del Estado después del operativo estuvo encaminado a decir que las denuncias eran falsas, criminalizando a las mujeres, estigmatizándolas. Por ello, las mujeres exigen que se retracte de esas declaraciones de varias autoridades”. Stephanie Brewer descarta que el sentido de la sentencia pueda verse impactado por algún tipo de cabildeo diplomático o político del gobierno mexicano entre los jueces de la CoIDH, al menos para evitar que la resolución se emita antes de concluir el mandato de Enrique Peña Nieto. “No debería impactar, lo único que tendría que tomarse en cuenta es el marco fáctico, el contexto político no es algo que entre en el marco fáctico del caso. Lo que estamos esperando es el análisis de lo que ocurrió ese 3 y de 4 de mayo 2006. Todos los hechos posteriores de impunidad que abarcan al presente y la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se reconozca que el Estado es responsable de una serie de violaciones a derechos humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal por el tema de la tortura sexual; a la libertad personal, por la detención arbitraria y la falta de acceso a la justicia”, resalta la litigante.