Desde el año 2000, un núcleo de empresarios con influencia en el PAN y el PRI empezó a crear organizaciones para moldear las políticas públicas de educación desde “la sociedad civil”. En 2012 consiguieron que los candidatos presidenciales se comprometieran con su agenda y, de hecho, presumen que la iniciativa “10 por la educación” aportó el 70% de los contenidos de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Ahora quieren comprometer con sus “logros”, ya hechos ley, a los actuales aspirantes a la presidencia, incluido Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene pleito casado Claudio X. González, uno los integrantes más notables de la iniciativa. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En plena contienda electoral, a menos de 60 días de la elección federal del 1 de julio, la iniciativa “10 por la educación”, que se atribuye la autoría de más de 70% de los contenidos de la reforma educativa, advirtió a los candidatos presidenciales que la modificación de los artículos tercero y 72 constitucional “no puede echarse a la basura”. Ahora, igual que en 2012, Mexicanos Primero, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Suma por la Educación y otras organizaciones agrupadas en la iniciativa “10 por la educación” preparan el foro “10 preguntas por la educación”, en el que exigirán a los candidatos que, de “manera puntual” y pública, ofrezcan respuestas sobre el tema, especialmente de la reforma educativa, explica en entrevista David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. De acuerdo con Calderón, para el ejercicio que se realizará el martes 8 cada organización puso sobre la mesa 10 temas de su interés, se elaboró un diagnóstico de cada uno, se obtuvieron indicadores, cifras, datos y todo lo necesario para pedir a los candidatos que definan abiertamente su agenda educativa, a fin de que estas organizaciones puedan tomar “sus decisiones”. Con esas preguntas los candidatos no sólo presentarán sus propuestas para el sector, sino también pueden establecer su posición ante las modificaciones constitucionales realizadas en este sexenio. Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, comenta que “cualquiera de las respuestas puede aprobar o desaprobar la reforma educativa, según como se conteste”. Después del ejercicio los organizadores pedirán que los aspirantes a la presidencia suscriban una serie de compromisos. Así comenzaron a incidir en las políticas educativas en 2012. “Estaremos esperando respuestas muy concretas y compromisos que después se traduzcan en acciones, cuando lleguen a la presidencia. La idea es que con el candidato que quede electo nosotros buscaremos trabajar con su equipo de transición para, desde el primer minuto, trabajar en el plan sectorial de educación y en el Plan Nacional de Desarrollo”, señala Francisco Landeros, exdiputado federal por Acción Nacional y presidente de Suma por la Educación. Al respecto, Calderón Martín del Campo insiste en que al plantear sus preguntas serán “implacables con todos los candidatos” y sobre todo buscarán que sean “precisos” al responder. Sin embargo, precisa acerca de López Obrador, el único aspirante que abiertamente se ha pronunciado contra la reforma: “Cuando dice que va a cancelar la reforma, queremos que nos diga qué exactamente. Son 86 preceptos los que se modificaron en 2013. ¿Cuál quiere cambiar? Queremos señalar que no se pueden cambiar las leyes (la Ley General de Educación, del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación). Lo que se puede es mandar una iniciativa al Congreso de la Unión y éste puede que la apruebe o no; incluso si la aprueba, necesita la mitad más uno de todos los congresos para que haya un cambio. No puedes tener como propuesta de campaña violar la ley, nadie puede”. Fragmento de reportaje especial publicado en Proceso 2166, ya en circulación