SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- En el Congreso local, el “honorable gremio del fraude” sentó sus reales a lo largo del trienio. Diputadas y diputados de casi todos los partidos políticos han recurrido a empresas “fantasma” creadas ex profeso para la expedición de facturas con las que han justificado la disposición de más de 25 millones de pesos del presupuesto del Legislativo. De acuerdo con una investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando, basada en documentos obtenidos mediante solicitudes de información pública, de esas empresas también se han servido algunas dependencias del gobierno estatal y hasta la Auditoría Superior. Varias de esas supuestas empresas o comercializadoras, según la indagatoria, fueron constituidas entre 2012 y 2014. La inspección física realizada por Ciudadanos Observando --corroborada por Apro-- permitió confirmar que los domicilios fiscales proporcionados por las compañías presuntamente prestadoras de servicios corresponden a casas vacías o abandonadas tiempo atrás; algunas más están en renta o son utilizadas por personas ajenas. Varias de ellas comparten en ciertos casos el mismo domicilio fiscal, y algunos de los nombres de quienes figuran como representantes aparecen hasta en dos ocasiones. Pero, además, algunas de estas proveedoras están reportadas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por “operaciones presuntamente inexistentes”. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los diputados continúen utilizando sus “servicios” para facturar apoyos, que van desde dulces hasta suministros para talleres mecánicos. El resultado de las investigaciones y revisiones ha desatado denuncias penales ante la Fiscalía General del estado (FGE) por parte de supuestos beneficiarios de municipios como Ciudad del Maíz y esta capital, quienes acusaron a los diputados de usar sus identidades y falsificar sus firmas para cobrar los recursos. Al rastrear solicitudes de los legisladores, los apoyos otorgados y las facturas, Ciudadanos Observando documentó un entramado al que bautizó como “honorable gremio del fraude”. Poco tiempo después de que entró en funciones la actual Legislatura, ciudadanos de diversas organizaciones y portales por la transparencia –como Proyecto Tábano; Frente Ciudadano Anticorrupción, integrado por varias asociaciones sociales, así como el notario Eduardo Martínez Benavente--, además de Ciudadanos Observando, empezaron a detectar anomalías de todo tipo en el ejercicio del presupuesto del Congreso local. En meses recientes, las denuncias públicas y por la vía penal se han multiplicado por un rubro en particular, “ayudas sociales”, para el que legalmente no existe una partida como tal dentro del presupuesto del Poder Legislativo, y es por ello que se ejerce de manera discrecional desde la Junta de Coordinación Política. Hasta fines de 2016, las y los diputados potosinos recibían de manera adicional a su dieta cinco fondos distintos apoyos: legislativo, a la fracción parlamentaria, para gastos de comisión, para gastos de gestoría y quejas, y para gasolina, que en suma rebasaban los cien mil pesos. A raíz de las fuertes críticas, algunos de esos rubros desaparecieron, pero a fin de cuentas una parte fue integrada a la dieta de los legisladores. No obstante, la Junta de Coordinación Política mantuvo el rubro denominado “gestoría institucional”, cuyo manejo también ha sido motivo de cuestionamientos. A principios de enero pasado, asociaciones y organismos integrados en el Frente Anticorrupción recordaron el compromiso de la Legislatura de eliminar este tipo de partidas y bolsas de manejo discrecional. “Yo creo que la sociedad, los medios de comunicación y los organismos, además de repudiar este abuso, tenemos que ir al fondo de quién les está facturando estos apoyos”, dijo entonces el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias. Arcas abiertas Cuatro meses después, reunida la documentación y con datos obtenidos vía transparencia, González Covarrubias expuso que las empresas descubiertas a través de las facturas que usaron diputadas y diputados para justificar recursos que fueron aprobados por la Junta de Coordinación Política, entran en el esquema de las 6 mil 500 que el SAT detectó por transacciones inexistentes. La organización señalada tramitó solicitudes de información en las respectivas unidades de acceso del Congreso local, así como del gobierno del estado y del ayuntamiento de la capital. Dulces, papelería, gestoría, computadoras, materiales para construcción, tinacos, despensas, cenas navideñas, mensajería, asesorías legislativas, estudios de calidad, cursos de capacitación, asesores legales, limpieza de oficinas y hasta insumos para talleres mecánicos fueron facturados por esas empresas mediante oficios de petición de las y los diputados, en respuesta a apoyos y servicios supuestamente solicitados por ciudadanos, en su mayoría personas de escasos recursos económicos. Las empresas que han facturado los montos más altos son: Comercializadora Delger (5.1 millones de pesos), Comercializadora Avidro (5.1 millones), A&M Insumos para la Construcción (4.5 millones), Sistema de Comercialización Nava (4.2 millones), Globalizadora Universal de Mercado Nato (3.3 millones), Distribuidora de Alimentos Mafe del Potosí (1.6 millones de pesos) y Grupo Zemet, con poco más de 1 millón de pesos. Pero no son las únicas. En la lista también figuran: Joef Innovadores, S.A. de C.V.; Angélica Adriana Peredo Gómez; Grupo Gahe de San Luis, S.A. de C.V.; Francisco Benjamín Lozano Canseco; Servicios Integrales Clars, S.A. de C.V.; Servicios Globalizados OGAC, S.A. de C.V.; Consumo de Servicios Básicos, S.A. de C.V.; Construcción y Servicios de Obra Civil, S.A. de C.V.; Dimaconce, S.A. de C.V.; Smart Moon, S.A. de C.V., y León Desarrollo Territorial. Francisco Benjamín Lozano Canseco, por ejemplo, destaca como proveedor del Congreso y también de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Y hay una denuncia penal ante la FGE que lo involucra, junto con empleados de la ASE, por disponer de 600 mil pesos de esta instancia para una fiesta navideña que no se realizó. En el Congreso, el diputado Manuel Barrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), le pagó cerca de 60 mil pesos por supuestos servicios realizados. Sin embargo, sobre el domicilio fiscal que presentó, en la colonia Los Arcos de Aguascalientes, viven personas ajenas a Lozano Canseco, quienes dijeron desconocer de quien se trata. Por su parte, Comercializadora Delger –constituida en 2009-- tiene su domicilio fiscal en un local desocupado en Nicolás Zapata 570 altos de la colonia Tequisquiapan, donde no hay rótulos, muebles, ni nada. Las facturas por un monto total de 5.1 millones de pesos cobradas al Congreso fueron tramitadas por estos diputados (algunos actualmente con licencia): Oscar Bautista (PRI), Enrique Flores (PAN), Ricardo García Melo (Nueva Alianza), José Guadalupe Torres (PRD), José Luis Romero (PRI), Josefina Salazar Báez (PAN), Fernando Chávez (PRI) y Rebeca Terán (PRI). Los dos socios de Delger, Suni Israel Delgado Romero y Mario Omar Marrufo Delgado, aparecen en otros documentos obtenidos vía transparencia, pero en el ayuntamiento de San Luis Potosí, donde cobraron servicios por dos estudios muy distintos: uno sobre la calidad del aire de la ciudad y otro sobre la obesidad y sus causas, en 2011. Un caso similar es el de Comercializadora Avidro, S.A. de C.V. –con 5.1 millones de pesos facturados al Congreso--, que ha “comprobado” erogaciones solicitadas por varios de los diputados mencionados, a los que se suma la priista Martha Orta. El domicilio fiscal en Madrid 135, colonia Jardines de Oriente, corresponde a una vivienda cuyos ocupantes dijeron no tener relación con la empresa. Juan Andrés Martínez Hernández, uno de los socios, también cobró honorarios al ayuntamiento de San Luis por un estudio de calidad del aire en marzo de 2011, por el que recibió 44 mil pesos. En abril de ese mismo año, por el mismo tipo de estudio, Mario Omar Marrufo, uno de los socios de Delger, cobró 46 mil pesos. Otra de las empresas “fantasma” que facturó montos millonarios es Sistema de Comercialización Nava, con domicilio fiscal en Nereo Rodríguez Barragán 1114, interior 1 de la colonia del Valle, sitio que en realidad es la oficina de una escuela de manejo. Como socios figuran Sergio Muñoz Castillo y Martín Fermín Nava Castillo. Este último aparece en tres empresas distintas: Sistema de Comercialización Nava, Asesores y Consultores Potosinos Especializados MUNA SC, y Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier SC. El SAT reportó a esta empresa por presuntas operaciones inexistentes, “lo que no ha sido impedimento para que la Junta de Coordinación; la oficial mayor del Congreso, Beatriz Benavente, y el coordinador de Finanzas, Héctor Meraz, hijo del diputado panista del mismo nombre, dieran el visto bueno al pago de más de 4 millones de pesos en lo que va de la Legislatura”, subrayó el activista José Guadalupe González. En este caso, los pagos fueron solicitados por los legisladores Esther Martínez, José Luis Romero, Josefina Salazar, Jorge Díaz Salinas, Rebeca Terán, Mariano Niño, Xitlálic Sánchez y Oscar Bautista. A su vez, la Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier SC comparte su domicilio fiscal con Globalizadora Universal de Mercadeo Nato, empresa que ha facturado poco más de 3 millones de pesos por presunta proveeduría a diputados como Gerardo Serrano, del PVEM, y la perredista Dulcelina Sánchez. Ambas con sede en Vallejo 786, colonia San Miguelito. Y Globalizadora Universal prácticamente ofrece de todo. Ciudadanos Observando encontró que ha cobrado servicios por encuestas, medallones en camiones urbanos que le pagó el ayuntamiento de la capital en 2015, impermeabilización para la Secretaría de Educación en el mismo año, así como despensas y renta de equipo para eventos al ayuntamiento de Tierra Nueva y al PRI, en 2016.