CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez de Control Gerardo Moreno García impidió al coadyuvante jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, Fernando Gómez-Mont, participar en la audiencia del caso Alejandro Gutiérrez que se realiza en la capital mexicana. Ello, debido a que la imputación penal por peculado que se le sigue al exsecretario general adjunto del PRI fue declarada competencia del fuero federal, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR). Al respecto, César Jáuregui, secretario general del gobierno de Chihuahua, señaló que el defensor del priista, Antonio Collado, pretende quitar el beneficio de “criterio de oportunidad” a dos testigos que han ofrecido pruebas contra el operador de Manlio Fabio Beltrones. El pasado viernes 4, el juez de Distrito impidió la participación de Gómez Mont, quien estaba acompañado del consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, Jorge Alberto Espinoza Cortés, y de la coordinadora jurídica de la Secretaría de Hacienda estatal, Ángela Mónica Ferreira Aguilar. La determinación de Moreno García se dio en la segunda audiencia del proceso penal federal que se sigue contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y dos ex funcionarios de Hacienda de Chihuahua, Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Enrique Tarín García, imputados por el presunto desvío de 250 millones de pesos provenientes del erario y el financiamiento ilícito a campañas electorales del PRI en los comicios para gobernador de 2016. Los tres enfrentan cargos por diferentes delitos y causas penales, pero en el caso del presunto desvío, el caso fue atraído por la PGR a petición de la defensa de los imputados, gracias a la resolución de Moreno García. El gobierno de Chihuahua impugnó la resolución, así como el traslado de los presos de un penal estatal a uno federal. En una primera instancia se otorgó la suspensión del amparo, pero casi inmediatamente después se revocó la determinación y un Tribunal concedió la razón a los abogados y al juez federal. César Jáuregui Robles anunció que procederán contra el juez a través de un amparo y también presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. El secretario de gobierno de Chihuahua argumentó que la entidad sigue siendo el principal ofendido en ese proceso penal contra Gutiérrez, Villegas y Tarín, toda vez que, si bien los recursos públicos fueron otorgados por la federación, al entrar a las arcas de la Secretaría de Hacienda estatal serían destinados al sector educativo. Además, Jáuregui manifestó que la defensa de los exfuncionarios duartistas y del operador de Beltrones pretende revocar los “criterios de oportunidad” que se brindaron a dos testigos con identidad reservada, ya que el gobierno estatal perdió su calidad de ofendido, según el juez, porque el caso es de competencia federal. Jáuregui dijo que hay una clara intención de la justicia federal de proteger a Alejandro Gutiérrez, y ello se demuestra –dijo-- con la decisión de Moreno García y la prontitud para revocar el amparo que presentó la Consejería Jurídica del estado de Chihuahua para frenar los traslados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México y quitar el beneficio de “criterios de oportunidad”. El funcionario estatal refirió que los procesos jurídicos tienen como principio ser expeditos, pero no se aplica con regularidad para el común de la ciudadanía, por lo que resulta extraño que en este caso las autoridades federales estén motivadas a revocar de manera inmediata. También resulta atípico, agregó, el interés por develar las identidades o reservas dentro de la carpeta de investigación, cuando los “criterios de oportunidad” y los testigos con identidad reservada son figuras jurídicas que contempla el Código de Procedimientos Penales y deberían ser respetadas por todas las autoridades de todos los niveles. En el mismo sentido se pronunció el fiscal general César Augusto Peniche Espejel al manifestar que los beneficios de “criterios de oportunidad” y testigos con identidad reservada en una investigación deben preservarse, aunque el caso haya pasado al ámbito federal, porque hay principios procesales y de derechos que fueron aplicados como estrategia de investigación. El fiscal reiteró que el caso fue entregado en su totalidad a la PGR, y pidió que se respeten las investigaciones efectuadas por el gobierno de Chihuahua, tomando en cuenta que en una de las etapas se sumó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).