CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En materia migratoria, el “efecto Trump” ya cobró consecuencias en México: para salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su relación con Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó incrementar la militarización de su frontera sur para cerrar el paso a los migrantes centroamericanos. “Los migrantes, refugiados y residentes autóctonos de la frontera sur de México resultan las principales víctimas de las turbulencias en la relación (bilateral)”, observó el Grupo de Crisis sobre América Latina en un informe publicado hoy, en el que analizó las consecuencias de la llegada al poder de Donald Trump sobre las políticas migratorias de México. “México buscó sacar la espina de la administración de Trump al cumplir con los reclamos de Estados Unidos respecto a la seguridad, la migración y el desarrollo económico en su frontera sur”, aseguró el documento, al recordar que el canciller, Luis Videgaray Caso, planteó que la seguridad de la frontera sur de México era una de las principales áreas de “interés común” entre ambos gobiernos. “El gobierno de México amagó con condicionar su combate al tráfico de drogas y su política migratoria respecto a los transmigrantes centroamericanos a ciertos aspectos favorables de la renegociación del TLCAN”, subrayó. En abril pasado, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron el posible despliegue de agentes de la Gendarmería Nacional en la entidad para controlar los flujos migratorios -entre otros-, apenas unos días después que Trump enviara soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México. Y es que, según el Grupo, en su frontera sur “México actúa en los hechos como brazo operativo de control migratorio para Estados Unidos”, sobre todo desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, que fue diseñado por la Secretaría de Marina (Semar) y lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto en verano de 2014. A raíz de la implementación del plan, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a más migrantes centroamericanos que las autoridades estadunidenses. A la par, se multiplicaron los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y otros abusos contra los migrantes: según Médicos Sin Fronteras, dos de cada tres migrantes en tránsito por el país sufren violencia. Además, el informe –elaborado con base en un centenar de entrevistas llevadas a cabo en las ciudades sureñas de México, así como con funcionarios, expertos y defensores de derechos humanos– subrayó que en 99% de los casos, las agresiones quedan impunes, a pesar de que existen fiscalías especializadas en delitos cometidos contra migrantes en varios estados del país. Desde que se instaló en la Casa Blanca, Trump no dejó de vituperar contra México y atacar a su gobierno: amenazó con construir el muro fronterizo, realizar deportaciones masivas y terminar el TLCAN, y desplegó el ejército en la frontera con México. En respuesta, la administración de Peña Nieto optó por mantener abiertos sus canales de comunicación con Washington, con el objetivo de preservar la “estabilidad macroeconómica”, con magros resultados pero un “costo a la imagen de importantes personajes políticos”, planteó el informe. Videgaray, añadió el documento, agrupó en un mismo “paquete” los temas prioritarios de la relación bilateral –migración, seguridad, comercio e inversiones– para “ganar fuerza en la renegociación del TLCAN” e insistió en la disposición de México en “reforzar sus esfuerzos militares para controlar la migración”. Solicitan refugio en México Ante el endurecimiento de la política migratoria de Trump y el miedo de una deportación rápida, muchos migrantes centroamericanos ya no se arriesgan a cruzar a Estados Unidos y piden refugio a México. Ello provocó una reducción drástica de las aprehensiones de migrantes centroamericanos en Estados Unidos –de 57 mil 736 detenciones cada mes en promedio pasó a 23 mil 31 en promedio–; en paralelo, generó un disparo en 1,114% de las solicitudes de refugio en México entre 2015 y 2017. En 2017, México recibió 14 mil 596 solicitudes de asilo -casi dos veces más que el año anterior-, y autorizó apenas mil 907. El número de solicitudes desbordó al sistema de asilo, específicamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que sufre “carencias de personal y de recursos” y está “a punto de colapsar”, sostiene el informe. En septiembre pasado, por ejemplo, el sistema de protección internacional mexicano incluso se “paralizó” después de los dos terremotos que destrozaron al sur y al centro del país. Pero además del desbordamiento de las autoridades, el informe recordó los múltiples obstáculos que enfrentan los refugiados para interponer una solicitud de asilo en el país: la Comar no tiene oficinas en los cruces fronterizos, el proceso resulta tardado y tortuoso, y a menudo los agentes migratorios no informan a los migrantes sobre su derecho a pedir asilo. La alarma fue mayor, al subrayar que en varias ciudades fronterizas mexicanas crece el resentimiento y la criminalización de los migrantes centroamericanos, marcados por los reclamos nacientes para que México erija a su vez un muro en su frontera sur, manifestaciones antiinmigrantes o ataques contra los albergues esparcidos a lo largo de la ruta migratoria. “Las reacciones nacionalistas ante las bravatas de Trump provocaron una reacción racista y xenofóbica contra los centroamericanos en México y específicamente en la frontera sur”, deploró. Y exhortó: “La política fronteriza de México, que forma parte actualmente de los esfuerzos del gobierno para lograr sus objetivos en sus negociaciones con Estados Unidos, debería enfocarse en prevenir los resentimientos locales crecientes, el crimen y la violencia que acecha su frontera sur”. Estar en México tampoco garantiza a los refugiados una vida segura: el informe recordó que el país atraviesa la etapa más violenta de su historia reciente –las autoridades reportaron más de 29 mil víctimas de asesinatos el año pasado–, marcada por el recrudecimiento de la guerra entre cárteles cada vez más fragmentados. En Tabasco, por ejemplo, la situación se tensó en la ruta migratoria que une Tenosique con Medias Aguas, a raíz de la fragmentación del cártel de Los Zetas en múltiples células criminales independientes dedicadas a la extorsión o el robo de combustible, y al surgimiento en la región del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Chiapas, pandillas de origen centroamericano pelean contra células de Los Zetas y del CJNG para acaparar las rutas de traslado de cocaína que dejó de operar el Cártel de Sinaloa después de la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. “Desde luego víctimas del crimen en su viaje hacia el norte, los centroamericanos deben ahora escapar de un número extendido de organizaciones criminales dispuestas a secuestrar, abusar de ellos física o sexualmente o matarlos. Pandillas incluso atacaron albergues de migrantes”, recalcó.