CIDHCIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reproches por la denostación al trabajo de la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como advertencias sobre un eventual carpetazo a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante las posibilidades de que los constructores de la “verdad histórica” dejen el poder, fueron expuestas este martes en la audiencia de revisión del Mecanismo de Seguimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia realizada en el contexto del 168º Periodo de Sesiones de la CIDH que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana, es previa a un informe sobre el caso que rendirá la CIDH, y a una visita que se realizará en julio próximo, La reunión presidida por la relatora de país, Esmeralda Arosamena, se tornó ríspida ante la ausencia de avances para localizar a los jóvenes desaparecidos hace 43 meses, y a unos meses de que se lleven a cabo elecciones en México, así como por el pronunciamiento emitido este lunes por el gobierno de Peña Nieto contra el informe “Doble injusticia”, presentado por la ONU-DH, en el que se documentan torturas a al menos 34 personas procesadas por el caso Ayotzinapa, entre ellas quienes supuestamente sustentan la “verdad histórica”. El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, alertó a los comisionados acerca de que el “ataque” a la ONU-DH es consecuente con otras posiciones similares del gobierno de Peña contra el relator de la tortura de y hacia el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), ambos de la ONU, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), actitudes “propias de un Estado autoritario”. Aguirre conminó a los comisionados de la CIDH a defender el informe próximo a publicarse y atender el llamado de los padres y madres de los 43 de que se presente en México. El abogado también protestó por la filtración a medios de comunicación de la intervención telefónica que hizo el gobierno de Estados Unidos a personas vinculadas con Guerreros Unidos y que están siendo procesados en ese país, así como las deficiencias en los procesos judiciales y el rechazo del gobierno de Peña a atender el estudio psicosocial realizado a las víctimas por un grupo multidisciplinario. Para el defensor, esos cuatro elementos son “señales que confirman nuestros peores temores de que la prioridad de esta administración es cerrar el caso, dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder”. En la audiencia, los comisionados Luis Ernesto Vargas y Flavia Prevoisen expresaron su rechazo a los ataques a la ONU-DH, y reconocieron que la labor de la instancia, “aunque no tiene una calidad jurídica”, debe ser atendida por su experiencia en abortar temas de tortura, El comisionado Vargas, de origen colombiano, expresó su particular solidaridad al responsable de la ONU-DH en México, Jan Jarab, y a su equipo, e insistió en lo preocupante que resulta que dicha oficina haya descubierto un “patrón de tortura” que “puede dar al traste con la investigación”. El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, cuestionó a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador Miguel Ruiz Cabañas, sobre las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las filtraciones de la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre conversaciones de los implicados en el caso Ayotzinapa, así como por la escucha telefónica ilegal de que habrían sido víctimas integrantes de las organizaciones que defienden el caso a través del malware Pegasus, adquirido por la PGR. Durante su intervención, Ruiz Cabañas remitió a los comisionados al posicionamiento hecho público este lunes por el gobierno de México, en tanto que el fiscal del caso, Alfredo Higuera Bernal, presentó una numeralia de actividades de búsqueda a través de la tecnología LIDAR. De acuerdo con el encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de 5 mil imágenes obtenidas, se determinó explorar 360 lugares en búsqueda de los jóvenes, de los cuales, de noviembre a abril pasado, se han revisado 325 “sin resultados tangibles”. También refirió que se ha consignado recientemente a 31 personas como responsables de haber participado en los hechos, de las que 16 contarían con procesos abiertos en curso por portación de arma, delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud, en tanto que los cuatro expedientes abiertos por la Fiscalía General de Guerrero ya fueron acumulados en uno solo, tal como lo sugirió el GIEI y la CNDH. En nombre de las madres de los 43, Joaquina García, mamá de Martín Getsemany Sánchez, pidió a los comisionados no abandonarlos: “Se cumple otro 10 de mayo sin nuestros hijos, como madre les pido que no nos dejen por favor”, clamó. Mientras, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, acusó: “Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo, por eso quieren cerrar cada línea haciendo como investigan. Invitamos a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México”.