MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Fundación para el Debido Proceso Legal presentaron un amicus curiae (opinión experta) en el juicio de amparo promovido por pobladores mayas de Homún en contra de la instalación de una mega-granja porcícola en plena zona de recarga del Anillo de los Cenotes. El Equipo Indignación, un colectivo defensor de los derechos humanos que acompaña en su litigio a los pobladores de Homún, explicó que el amparo es contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), que autorizaría la operación del criadero de cerdos. Esta opinión experta, presentada en el juicio de amparo que está en etapa de revisión, señala el marco nacional e internacional relativo al derecho al agua y la importancia de su debido respeto y garantía para la realización de otros derechos humanos. Hace unos meses, los lugareños de Homún se constituyeron como Guardianes de los Cenotes, una asociación civil, para defender estos recursos y sus derechos como pueblo maya ante la amenaza que les representa el proyecto de la mega-granja porcícola, el cual no fue consultado con la población. Como Guardianes de los Cenotes han realizado distintas acciones para detener la consumación del proyecto, que resulta altamente contaminante, entre ellas una consulta en la que el pueblo se manifestó mayoritariamente contra la granja. También presentaron un amparo en contra de la aprobación del MIA, entre otros recursos jurídicos. Los activistas de Indignación explicaron que el amicus curiae expone el marco internacional sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental, entendiéndolos no sólo como un acto administrativo a nivel interno, sino como una obligación internacional vinculada al ejercicio de derechos humanos. Igual añadieron que, la opinión del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY y de la Fundación para el Debido Proceso Legal, plantea en el juicio de amparo el papel de los operadores de justicia a la hora de atender casos relacionados con el derecho humano al medio ambiente sano, así como los estándares de carga de la prueba que rigen estos expedientes, que son distintos a los que pudiesen aplicar en otros casos. Luego explicaron que la Fundación para el Debido Proceso es una organización regional, con sede en Washington, integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el estado de derecho en América Latina y los derechos humanos a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia. Además, informaron que los expertos dejaron un documento para su consulta pública.