CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el enfrentamiento entre barzonistas y la familia LeBarón, en abril pasado, los gobiernos federal y de Chihuahua se comprometieron a tomar medidas para evitar “confrontaciones trágicas” por la sobreexplotación de pozos. Un grupo de productores agrícolas, incluidos integrantes de El Barzón, se entrevistó en esta capital con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del estado de Chihuahua (FGE), y exigió acciones concretas para evitar otra tragedia mayor. Los asistentes al encuentro recordaron que, como consecuencia de la lucha por el agua, tres defensores de derechos humanos han sido asesinados en Chihuahua: los esposos Ismael Solorio Solís y Manuela Martha Solís Contreras, así como Alberto Almeida. Y esos asesinatos –subrayaron-- continúan impunes. El último hecho violento por la defensa del agua ocurrió el pasado 30 de abril en el rancho La Mojina, propiedad de tres integrantes de la familia LeBarón, liderados por Joel Francisco Lebarón Soto. En esa ocasión, un grupo de aproximadamente 500 habitantes del ejido Constitución y de otras comunidades aledañas ingresaron a la propiedad para reclamar y verificar el avance de la plantación de nogales, así como el uso de por lo menos nueve pozos que la misma Conagua ya reconoció como ilegales. La familia LeBarón interpuso amparos para continuar utilizando los pozos, “argucias legales” que, según El Barzón, dejan sin agua a varias comunidades en Chihuahua. El contingente de productores que ingresó al predio de los LeBarón, el pasado 30 de abril, fue recibido a balazos. Y la familia de mormones denunció que los campesinos dañaron alrededor de 3 mil nogales e incendiaron una bodega, maquinaria pesada, camionetas pick up y viviendas. En un comunicado difundido este jueves, El Barzón puntualiza: "Afortunadamente la prudencia de nuestro colectivo impidió que se perdieran vidas. (...) Coincidimos con la Fiscalía de Chihuahua en la preocupación de que este tipo de situaciones puedan generalizarse, puesto que este caso es apenas la punta del iceberg de un conflicto que puede tener graves repercusiones sociales. Por ello exigimos a las autoridades, tanto estatales como federales, su acción efectiva para desactivar el conflicto. Ello, independientemente de las acciones jurídicas en curso". La FGE recibió por lo menos dos denuncias de ambas partes para que se investigue la agresión con armas de fuego contra niños, mujeres y hombres, en un caso, y el daño en propiedad ajena, en otro. "Las y los productores agrícolas de la región noroeste del estado de Chihuahua urgimos una solución definitiva a las autoridades. Este conflicto emblemático es producto de la problemática que vivimos por el desbasto de agua en la Cuenca Hidrológica del río del Carmen. Desde décadas atrás somos concesionarios de pozos agropecuarios y siempre hemos cumplido con los requisitos necesarios para hacer un buen uso de los recursos naturales, pero en los últimos años hemos sufrido el desabasto del agua debido a la falta de acción de las autoridades para evitar y sancionar a las personas que han hecho uso ilegal y abusivo del recurso hídrico que compartimos legalmente cientos productores de la región", se lee en el texto de El Barzón. Refiere que desde 2012 ha denunciado ante todas las autoridades el abuso exagerado e ilegal que se comete por parte de un grupo de productores ricos “que está secando nuestros pozos y devastando la tierra”, pero hasta ahora nada se ha hecho al respecto. Añade: "Conagua ha reconocido la ilegalidad de los pozos, pero su acción para la protección del acuífero se ha visto impedida por recursos legaloides interpuestos por la familia LeBarón, en virtud de lo cual se siguen utilizando e incluso se continúa perforando para instalar otros pozos. La extracción ilegal del agua se realiza de la cuenca hidrológica del río del Carmen, expresamente prohibida por una veda desde 1957 debido a la escasez del agua”. El texto remata: “Reiteramos nuestro compromiso con la agricultura sustentable y con el cuidado al medio ambiente (…) Todas nuestras reivindicaciones están fundadas en derecho y manifestamos nuestra absoluta disposición a respetar los fallos de los litigios en curso. En esta lógica hacemos un llamado a la familia LeBarón a abstenerse de la explotación de los pozos referidos, así como de realizar nuevos desmontes, en tanto se resuelvan los litigios en curso".