CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, recibió dos noticias esta semana, una adversa y otra positiva. La primera tiene que ver con el procedimiento de juicio político que el Congreso estatal inició en su contra. El pasado miércoles 9, el exmandatario recibió la notificación respectiva donde se le emplaza a presentar, en un plazo no mayor de 30 días, todas las pruebas que considere necesarias para su defensa. “Tanto él como la propia Comisión Instructora se deben allegar de elementos de prueba o de cargo o descargo en el juicio que se le sigue a Roberto Sandoval. Desde el principio la Comisión ha sido muy cuidadosa en ese tema para todos los implicados en los juicios políticos y creo que hoy no será la excepción”, dijo el diputado Leopoldo Domínguez, presidente del Congreso de Nayarit, luego de hacer el anuncio del inicio del procedimiento legislativo. El exmandatario enfrenta dos juicios políticos en el Congreso estatal por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos. La segunda noticia fue favorable a los intereses del exfuncionario estatal, pues obtuvo la suspensión definitiva para evitar que la Fiscalía General del estado (FGE) ejerza acción penal o se gire una orden de aprehensión en su contra por las recientes denuncias de enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos. La determinación definitiva fue concedida por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal con sede en Puente Grande, Jalisco, Emilio Enrique Pedroza Montes, dentro del expediente incidental de amparo 304/2018, misma que impide que al exmandatario se le vincule a proceso o le sean asegurados bienes. La medida también evitará que la Procuraduría General de la República (PGR) se manifieste sobre la acción penal, pero no que continúe con la investigación y recabe pruebas; tampoco afecta las pesquisas que realiza la Fiscalía General de Nayarit. El juez consideró que la medida solicitada no contraviene disposiciones de orden público, y no otorgársela le habría causado un perjuicio irreparable. El amparo se concedió para el único efecto de que las autoridades responsables, tratándose de asuntos tramitados bajo las reglas del sistema penal tradicional, se abstengan de hacer pronunciamiento alguno en torno al ejercicio de la acción penal, en caso de existir averiguación previa. La suspensión se mantendrá hasta que el juez dicte sentencia definitiva de amparo, por lo que todas las investigaciones serán vigiladas por el mismo juzgado.