El siguiente texto es una colaboración especial de Helena Varela, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y de Pablo Reyna, director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ambos moderaron el encuentro con los candidatos. CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El pasado martes 8 de mayo, a convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y decenas de colectivos de víctimas y de derechos humanos, se llevó a cabo un encuentro con cuatro de los cinco candidatos a la presidencia del país alrededor de la agenda de paz, seguridad, verdad y justicia. Cuatro candidatos; una agenda de paz, seguridad, verdad y justicia. Todo, absolutamente predecible. Justo así, predecible, fue la ausencia de Margarita Zavala (¿problemas de agenda o problemas con la agenda de paz?); predecible fue la forma de eludir ciertas preguntas por parte de los candidatos (hay que convocar a comisiones y diálogos, ni sí ni no, “lo haré con lo que se requiera”); predecible fue ver el nivel tan bajo que tienen de apropiación de los temas planteados en el encuentro; predecible fue constatar la enorme brecha que existe entre los candidatos y la ciudadanía. Y, desgraciadamente, predecibles fueron las caras de frustración y desencanto, patentes en quienes asistieron al foro. En total, fueron casi cinco horas, cinco horas en las que fueron pasando, uno tras otro, los cuatro candidatos, para posicionarse frente a una agenda que se les había enviado previamente, y que incluía cinco temas clave: política de seguridad (Ley de Seguridad Interior y el proceso de militarización incluida); política de drogas; fiscalía autónoma e independiente; mecanismos internacionales contra la impunidad, y comisiones de la verdad frente a las violaciones graves de los derechos humanos. Pasaron y nos dejaron bastante poco: Ricardo Anaya y su capacidad de mantenerse en un terreno ambiguo y poco riesgoso, sin entrar en los cómo de las propuestas. Andrés Manuel López Obrador y su voluntarismo unipersonal, basado en la idea de que su sola presencia y la voluntad de hacer frente a la grave situación que vive el país, arreglará todos los problemas. Jaime Rodríguez y su bravuconería disfrazada de discurso de superación personal, a partir de un Nuevo León imaginario en donde todo funciona a la perfección. Y José Antonio Meade y sus fantasías, que olvidan que el partido que lo está auspiciando es responsable de buena parte de los conflictos que se viven en la actualidad. Pasaron y sólo nos dejaron una buena dosis de desaliento. Hubo diferencias, sin duda, entre ellos, pero también hubo ciertos rasgos comunes, como si hubiera un patrón único de candidatura para la presidencia de la república. El primer punto en común es que, en general, los cuatro estaban ahí porque “tenían que estar”, pero no con el verdadero convencimiento de que la agenda de paz y derechos humanos tenga que ser el eje fundamental de sus campañas. Se les veía incómodos, ausentes, rehuyendo al público (tenían la mirada más puesta en nosotros, que nos limitamos a moderar el encuentro, que en sus verdaderos interlocutores, que llenaban el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia). Si bien Anaya externó que hubiera sido deseable abrir un verdadero diálogo y escuchar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que dicho sea de paso ya han expresado sus argumentos y posturas por todos los medios posibles, su propuesta parecía más una estrategia del tipo “hablen ustedes y así no me tengo que comprometer yo”. Cumplieron con el expediente (¿cumplieron?), pero si les hubiéramos ahorrado el viaje, nos lo hubieran agradecido. La segunda coincidencia fue su alejamiento tan brutal de la agenda de paz, seguridad, verdad y justicia, y, sobre todo, su renuencia a pensar en un modelo alternativo, radicalmente diferente al que actualmente tenemos: o defendieron abiertamente la presencia de los militares en las calles, o condicionaron su salida (que es otra forma de justificar la intervención militar). López Obrador pudo ser el más claro en su diagnóstico, al entender el fenómeno de la violencia en un contexto más amplio de desigualdad, pobreza y exclusión; pero a la hora de ofrecer soluciones, no pasaba de apelar a la voluntad política para poder cambiar todo con su pura presencia. Más preocupante todavía resultó constatar que para los cuatro candidatos el tema de los derechos humanos es algo completamente ajeno al modelo de seguridad, como si fueran cuestiones que pudieran abordarse de manera independiente. Ninguno fue capaz de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de cómo se iba a poner un alto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos provocadas desde el Estado. El tercer punto en común, y quizá el más dramático, es la falta de sensibilidad con respecto a cómo la sociedad está viviendo la violencia en nuestro país. Hablan de víctimas, hablan del dolor, hablan de sufrimiento, pero las palabras suenan huecas. No entienden lo que significa la ausencia de alguien, son incapaces de imaginar el significado de las fosas encontradas, son inmunes al desgarramiento y la fractura que vive la sociedad en nuestro país. Por eso, las referencias que pudieron hacer a ese dolor fueron recibidas por el público con ira y frustración. En las interpelaciones se intuía un sentimiento de “no venga usted a decirnos cómo nos sentimos, cuando lo que usted representa es en parte la causa de que estemos como estamos”. Candidatos que no han comprendido la gravedad de la situación que vive México, aunque enuncien que estamos peor que nunca. Candidatos que prometen soluciones en donde siguen sin entrar en cuestiones como las violaciones de derechos humanos, la tortura o las desapariciones forzadas. Más allá de las posturas, cuando las hubo, de los candidatos hemos de tener la certeza que los colectivos de víctimas, la sociedad civil organizada y las organizaciones de derechos humanos seguirán luchando: un cambio real hacia un modelo de seguridad democrática, promover los espacios de debate para el cambio en las política de drogas, impulsando una fiscalía autónoma e independiente, la implementación de mecanismos extraordinarios contra la impunidad con participación de especialistas nacionales y extranjeros que pueda, incluso, perseguir delitos de grave corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, así como la insistencia en la necesidad de una o varias comisiones de la verdad que nos permitan saber qué es lo que ha pasado en estos 12 años de guerra, quienes y por qué han sido víctimas, quienes y por qué han sido perpetradores de tal manera que podamos avanzar hacia una paz justa y digna. Muchos temas quedaron pendientes, y por eso se les emplazó a hablar de ellos, para que, el que resulte ganador en las elecciones del 1 de julio, tenga una reunión similar el próximo 17 de septiembre, y se pueda hablar de desaparecidos, política migratoria, pueblos indígenas, trata, feminicidios o el desmantelamiento patrimonial y financiero del crimen organizado. Sin duda, es un logro que se pueda sentar al próximo presidente de la república y abordar estas temáticas; pero este encuentro sólo nos dejará un sabor amargo, si no conseguimos que haya una verdadera apropiación de la agenda, y un compromiso auténtico para que la agenda de paz, seguridad, verdad y justicia, sea el eje sobre el cual se articule el resto de la propuesta de gobierno, porque, como se les dijo a cada uno de los candidatos, “sin paz, sin verdad, sin justicia y sin seguridad la democracia es sólo una simulación, una ilusión”.