Cada tres días, un político asesinado

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Del 8 de septiembre de 2017 (cuando inició el proceso electoral presidencial) al 9 de mayo pasado, han sido asesinados casi un centenar de políticos mexicanos, en su mayoría del ámbito local. En promedio los criminales matan a un político cada tres días; iniciaron el mismo día que el proceso electoral y el más reciente, al momento de escribir el artículo, fue el martes 8.

Los homicidios incluyen a aspirantes a puestos de elección popular, funcionarios, exfuncionarios, dirigentes de partidos y asistentes de todos ellos. Además de los asesinatos, predominan las amenazas físicas y verbales, secuestros y agresiones que también incluyen a familiares de los políticos, con lo cual las agresiones directas ya superan las 200.

Los militantes de todos los partidos con mayor preferencia electoral han sido víctimas de estos ataques. El que mayor número de víctimas reporta es el PRI, seguido del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. Los asesinatos han ocurrido en 29 de las 32 entidades, pero aproximadamente 70% se concentra en seis de ellas, entre las que destacan Guerrero, con casi la quinta parte de los crímenes; Oaxaca, una sexta parte; y después Puebla, Veracruz y Estado de México. Incluso es posible identificar municipios, en muchos casos colindantes, donde se concentran las agresiones letales.

Las autoridades (federales, estatales y municipales) prácticamente se desentendieron del tema durante las precampañas y el período de intercampañas. Fue hasta el 4 de abril pasado, después de que ya habían sido abatidos casi 80 políticos, cuando el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, dieron a conocer el protocolo de seguridad para candidatos.

Los funcionarios señalaron que únicamente se brindaría protección a aquellos aspirantes a puestos de elección que lo soliciten; el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal protegerán a los candidatos presidenciales, en tanto que el resto serán acompañados por la Policía Federal y otras autoridades civiles.

Este tipo de atentados se incrementó con el inicio de la guerra contra el crimen organizado. Al margen de que es necesario hacer una revisión más precisa y detallada sobre las actividades previas de los asesinados, sus promesas de campaña, sus vínculos y demás, es un hecho, por la distribución de los asesinatos, que éstos constituyen una de las vías que la delincuencia organizada utiliza para intervenir en el proceso electoral.

Esto no quiere decir que todos los asesinados hayan estado vinculados a las bandas delictivas, pues el motivo puede ser exactamente el opuesto: negarse a pactar con ellos o la posibilidad de que puedan derrotar al candidato del crimen organizado. Pero en otros casos sí se trata de candidatos de uno de los grupos que disputan el territorio o de personas que incumplieron compromisos previos con ellos.

El caso más sonado en este siglo es el del aspirante a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010, abatido días antes de la elección constitucional; pero los políticos víctimas de la delincuencia organizada a lo largo de estos años suman ya cerca de un millar, en su mayoría del ámbito local y principalmente municipal.

La razón es muy obvia. A los grupos de la delincuencia organizada les interesa tener el control de territorios estratégicos, sea por la producción de droga, el tránsito o el consumo de la misma. Para eso lo más sencillo es controlar a las autoridades municipales, que además de tener las atribuciones que les interesan controlar, son las más vulnerables por su debilidad estructural: bajo presupuesto, mal equipamiento de los cuerpos de seguridad y personal mal capacitado o involucrado con los grupos delincuenciales, entre los más destacados.

También en el ámbito de los asesinatos políticos el número, la frecuencia y la distribución muestra con meridiana claridad la incapacidad de las autoridades mexicanas para diseñar una estrategia eficaz para evitarlo o al menos capturar a los responsables y abatir los índices de impunidad.

Aunque los crímenes se cometen en el ámbito local, por estar vinculados a la delincuencia organizada la responsabilidad es de las autoridades federales, que nuevamente pretenden delegarla a las autoridades estatales.
Por supuesto que en una elección de las dimensiones de la que este año se presenta por primera vez en la historia, es imposible que las autoridades civiles y militares puedan asignar vigilancia especial a cada uno de los más de 3 mil 400 candidatos a puestos de elección popular (sin tomar en cuenta el número de regidores y síndicos que integran los mil 596 ayuntamientos, pues en ese caso la cifra rebasa los 10 mil), porque serían necesarios tantos efectivos que se descuidaría la seguridad del resto de la población.

La lógica de la Secretaría de Gobernación es totalmente equivocada, pues para ser efectiva no debe orientarse a proteger a cada uno de los candidatos, sino a diseñar una estrategia que permita identificar las zonas de alto riesgo (tanto por los datos históricos como por reunir las características que interesan al crimen organizado) y así en realidad brindar seguridad a toda la población, no únicamente a los candidatos.

No se puede olvidar que el crimen organizado también amenaza y amedrenta a comunidades completas para que voten por el candidato que ellos quieren impulsar o en contra de aquél que no quieren que llegue.

El drástico aumento de los asesinatos de candidatos es una muestra más de lo equivocado de las estrategias de los dos últimos gobiernos federales para combatir al crimen organizado. La solución no puede ser resguardar con personal del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal y de otras autoridades civiles a cada candidato que lo solicite, sino garantizar la seguridad de toda la población y, en todo caso, si se considera conveniente asignar uno o dos guardias para los candidatos que se consideran más vulnerables por la importancia del puesto para el que compiten o por la peligrosidad de la zona donde se encuentra enclavado el municipio.

Con la estrategia que planteó Gobernación, definitivamente no se puede garantizar la seguridad de todos los candidatos; pero seguramente seguirá responsabilizando de los crímenes que ocurran a las policías estatales y municipales, como ha sido la tónica del sexenio: desplegar estrategias equivocadas y fallidas, y cuando fracasan, culpar a otras instancias de gobierno. 

Este análisis se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.

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