SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- El delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado, Óscar Candelas Reyes, fue despedido de su cargo en medio de un cúmulo de denuncias en su contra por fungir como funcionario en esta área y al mismo tiempo intervenir como abogado o representante legal de víctimas de delito o de abusos de derechos humanos, al menos en dos casos que han sido del conocimiento público. Uno de ellos es el originado por el desalojo de habitantes de la localidad Noria de San José, una comunidad enclavada en una zona de desarrollo industrial de la capital, cuyo terreno –ejidal- fue presuntamente expropiado por el gobierno del estado y vendido en tiempo del exgobernador panista Marcelo de Los Santos a la inmobiliaria American Industries, compraventa de la que no existe constancia documental alguna. La expropiación condicionó la venta de esos predios a que edificaran viviendas y condiciones para los habitantes de Noria de San José, lo que nunca ocurrió. En cambio, en julio de 2016, cuando Óscar Candelas fungía como Comisionado estatal de víctimas y uno de sus subordinados en el área de asesoría legal era Julio César García Meléndez, éste acudió a Noria de San José y se hizo pasar como actuario (actividad que había desempeñado en el pasado) y, favoreciendo a la inmobiliaria American Industries, encabezó un desalojo con violencia e intervención de fuerzas públicas, incluso agentes ministeriales bajo el mando del comandante Guadalupe Castillo Celestino. En esa ocasión fueron destruidos inmuebles, entre ellos mobiliario de un restaurante, y al menos 30 personas fueron detenidas. Por estos hechos, García Meléndez fue denunciado penalmente y se le encontró responsabilidad en una queja y recomendación de la Comisión estatal de derechos humanos, por violaciones a las garantías de los habitantes de Noria de San José. El otro caso en el que se señala al hasta hoy delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el homicidio de un menor de 16 años de Laguna de San José, en el cual se comprobó que al mismo tiempo en que desde la CEAV le fue encomendado atender a los familiares del menor, Candelas fue representante legal del inculpado. Griselda Haro, una representante de los habitantes de Noria de San José, dijo en entreviste telefónica a Apro que el despido de Candelas Reyes “no es suficiente, porque es posible que hasta liquidación le den, en lugar de que le finquen responsabilidades por lo que hizo con víctimas, como en nuestro caso”. Dijo tener conocimiento desde hace unos días de la decisión del titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, de destituir a Candelas Reyes, aunque ésta se hizo oficial hasta este martes 15. Recordó que en los antecedentes de Óscar Candelas figuran haber sido agente del Ministerio Público, y en esas funciones se le atribuyeron responsabilidades contra víctimas en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De 1999 al 2008 Candelas Reyes laboró en la Procuraduría de Justicia, y del 2014 a la fecha, fue primero director general de atención a víctimas en la CEAV, posteriormente Comisionado estatal de la materia (de 2016 a 2017) y en noviembre del 2017 el actual titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón le confirió el nombramiento de delegado en San Luis Potosí. “Con todo y eso estuvo como Comisionado estatal y como delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al menos en los últimos dos años; ¿cómo es posible?”, reclamó la mujer. “Óscar Candelas y Julio César García Meléndez trabajan juntos en un despacho; ¿cómo iba a poder ser defensor de derechos humanos si litigaba en contra? Nuestras denuncias ante la Fiscalía ya van para dos años y simplemente nos han ignorado. Hay dos recomendaciones de la Comisión estatal de derechos humanos; acabamos de recibir una tercera que es una burla, le recortaron y dejaron fuera al director de la Policía Ministerial, a la Secretaría de Gobierno, cuando ambas instancias intervinieron en el desalojo violento; ninguna corporación le contestó a la CEDH”, reclamó Griselda Haro. Incluso, la mujer recordó que ese 14 de julio del 2016, los vecinos de Noria fueron detenidos frente a los ojos de los observadores de la propia CEDH. “Impugnamos esta recomendación; ya está en trámite ante la CNDH. Pero esto refleja la gravedad, el trasfondo con tantos funcionarios públicos involucrados”. En representación de los afectados de Noria, Haro se comunicó con el titular de la CEAV Jaime Rochín, a quien le estuvo exponiendo lo ocurrido con el delegado Candelas Reyes y su subordinado Julio César García Meléndez. “Yo le hago saber todo esto a Rochín; me responde que ya lo están viendo, que lo estaban analizando. Me dijo que no lo protegía ni es su amigo. Me parece inaceptable que este señor se vaya por la puerta chica, incluso hasta le vayan a dar una indemnización; no lo acepto –dijo Griselda Haro-. Me parece una agresión directa a nosotras las víctimas”.