CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, condenó el homicidio del periodista Juan Carlos Huerta, y advirtió que mientras “los responsables no estén en la cárcel” la espiral de violencia contra el gremio “tiene el riesgo de continuar”. Entrevistado al término de la inauguración del foro internacional “Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Primer Instrumento Internacional de Derechos Humanos”, González Pérez resaltó que con la muerte de Huerta -ocurrida esta mañana en Villahermosa, Tabasco- suman 134 reporteros asesinados en los últimos 18 años. Tras destacar que en los últimos tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto “la violencia contra periodistas se ha sostenido”, el ombudsman lamentó que el homicidio ocurriera justo en el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador de periódico local Ríodoce. El presidente de la CNDH recordó que en febrero de 2016 emitió la recomendación general número 24 relacionada con los ataques a periodistas, misma que fue llevada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde los mandatarios se comprometieron a “asumirla como política pública”. En un comunicado, el organismo dio a conocer que envió visitadores adjuntos al estado de Tabasco para apoyar a la familia de Huerta, y solicitó al gobierno de Arturo Núñez medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los deudos del periodista. De igual manera, exigió a las autoridades competentes “una investigación pronta e integral que prevenga que este caso quede en la impunidad, investigación que necesariamente deberá contemplar como una de sus líneas la vinculada a la labor periodística que desempeñaba la víctima”. El organismo puntualizó que desde el año 2000 la mayoría de los crímenes de periodistas “permanecen impunes, por lo que la CNDH hace un enérgico llamado a que se revisen y actualicen los esquemas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como que las instancias encargadas de la investigación de estos casos asuman como prioridad el esclarecimiento de los mismos”. Por su parte, José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), alertó que la crisis de violencia en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México podría recrudecerse. Después de conocerse el asesinato de Juan Carlos Huerta en Tabasco, Lara Duque dijo que esta situación -inédita en México- podría aumentar exponencialmente en el marco de las próximas elecciones en nuestro país. De acuerdo con el abogado, el clima de impunidad e inseguridad va en aumento en casi todo el territorio nacional, en contra de la actividad periodística y de los defensores de las garantías individuales, ya que el asesinato de Juan Carlos Huerta es el cuarto que se registra en 2018 en nuestro país. “Van 43 comunicadores asesinados durante en el sexenio de Enrique Peña Nieto y es el número 116 desde que México experimentó un cambio en su régimen con el ingreso a la presidencia de la República de Vicente Fox Quesada través del Partido Acción Nacional (PAN). “Particularmente este 15 de mayo es cuando se cumple un año del asesinato del escritor y periodista Javier Valdez en Sinaloa, y en el marco de una jornada que se lleva a cabo en todo el mundo para recordar la importancia que tiene el ejercicio periodístico profesional”. Prosiguió: “México vive una crisis de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos, derivado de las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas". Lara Duque recordó las palabras de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de las campañas políticas: que el ambiente de violencia podría incrementar a consecuencia de su magnitud y la cultura política de nuestro país. Explicó que la construcción de mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la organización y protesta social, así como la intervención armada del Estado en los territorios, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o asesinadas por integrantes de grupos paramilitares. De igual manera, agregó, la mercantilización, el aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y el acceso a derechos básicos como vivienda digna, agua, electricidad y servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia. “No vamos a parar nuestro trabajo social hasta que cesen las agresiones por parte del Estado y terminen los ataques sistemáticos y permanentes contra nuestros territorios, nuestros recursos y nuestra vida, del lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal representa”, apuntó. También acusó la intención del Estado “de blindarse a través del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares; para herirnos o asesinarnos y, aun así, salir impune”. Añadió: “Es urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como fin evitar la posible agresión o criminalización del Estado”. También hizo ver que la lucha por nuestros derechos humanos es tarea de todos, y "sólo juntos y organizados podremos ganar la batalla frente a tanta violencia, inseguridad e impunidad. El camino hacia ese horizonte de comunidad y prosperidad es, pues, algo que tendremos que seguir construyendo de la mano", concluyó.