GUADALAJARA, Jal. (apro).- Una misión civil en la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, detectó que, a causa del conflicto territorial en la zona, crecen la violencia, los abusos de terratenientes y pequeños propietarios y la violación de derechos humanos por parte del alcalde con licencia Aldo Guerrero, quien busca reelegirse. Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT) –conformada por 84 organizaciones– comentó que el funcionario panista “ha propiciado que no se consulte” a las ocho comunidades y sólo “causa conflictos”. Para buscar una solución al conflicto territorial de 38 mil 240 hectáreas, acelerar el proceso de paz y detener la violación de derechos humanos se crearon tres mesas de trabajo: Agraria, Seguridad y Social. “En esta comunidad (San Lorenzo Azqueltán) de una manera paradigmática se vive la impunidad la violencia y la discriminación, y eso es tarea de todos, detener esto que está sucediendo. Además de que se vive ya una deuda histórica con los pueblos wirrarikas y tepehuanos que a partir de 1733 tienen ya títulos de reconocimiento territorial”, refirió Ríos. Quetzal Prado, representante legal de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán en el conflicto agrario, relató que desde 2015 iniciaron su trámite de reconocimiento y titulación a través del juicio agrario número 38 que se dirime en el Tribunal Unitario Agrario 16. Sin embargo, les solicitan una serie de requisitos innecesarios “para la tramitación del expediente”, como “documentos que acrediten cuáles eran las propiedades que estaban dentro de la superficie comunal”, cuando la ley agraria no lo contempla. La representante explicó que, por ello, el año pasado interpusieron un amparo que ya les concedió el Juzgado Primero de Distrito. "Nos concedió el amparo y se acaba de emitir un acuerdo donde la magistrada deja insubsistente este requisito". Según Prado, “la situación de ahorita de violencia ha ido en escalada a partir del 2015 en que ellos formalmente presentan el trámite de reconocimiento y titulación y las personas del Ejido o los pequeños propietarios o el mismo presidente municipal incentivan al despojo de las tierras comunales (...) Entonces, es importante entender que el trasfondo de todo está situación de violencia es un procedimiento agrario”. Y, explicó que, al carecer de un título de propiedad, no cuentan con una certeza jurídica y esto es aprovechado por las “autoridades (municipales) que pretenden utilizar los recursos de la comunidad para bajar programas. Ha pasado ya por lo menos tres veces en el caso del gobierno municipal de Villa Guerrero, y la comunidad ha solicitado el amparo ante los juzgados de distrito para impedir que se exploten sus recursos”. La representante de San Lorenzo Azqueltán detalló que en este momento existe una suspensión judicial debido a que se promovió un proyecto para explotar dos bancos de material. “El gobierno municipal se niega a reconocer los derechos ancestrales que asisten a la comunidad indígena sin embargo el juzgado de distrito otorgó la suspensión a la comunidad”, recalcó. Ramiro Reyes, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, reveló que la violencia “nos tiene asustados a todos los comuneros”. El pasado 19 de abril, recordó, desaparecieron el concejal de San Lorenzo de Azqueltán, Catarino Aguilar Márquez, y el comunero, Noé Aguilar Rojas. Días después aparecieron golpeados a cuatro kilómetros de distancia de la localidad. También comentó que un ejidatario disparó contra dos de sus compañeros, pero no les causó heridas. Reyes denunció que diversas constructoras saquearon sus recursos naturales, como arena y piedra, y que, pesar de que se firmó un convenio para entregar regalías a la comunidad, nunca lo hicieron. Los pobladores pidieron apoyo al municipio para recuperar esas regalías, pero la respuesta es que no pueden hacer nada. La más reciente ocasión que solicitaron ayuda, las autoridades les dijeron que sí, pero a cambio de explicarles en qué gastarían ese dinero. Para él, dijo, eso representó “una bofetada porque nos están discriminando, porque somos una comunidad indígena tenemos derecho a hacer lo que más bien nos convenga con lo que recibamos o con lo que tengamos”. Además, siguió, a unos compañeros de la comunidad de Solta los culpan de la desaparición de Ismael Herrera Lozano, ocurrida hace más de un mes. Por esta razón, pidió a la autoridad que investigue. “Nos dicen tepehuanos asesinos”, lamentó. Quetzal Prado informó que presentaron 15 denuncias por despojo, dos por intento de homicidio y otra por amenazas. Ayer, la Red TDT se reunió con el gobernador Aristóteles Sandoval, los secretarios general de Gobierno, Salud, Educación, así como el rector de la Universidad de Guadalajara, y del propio alcalde con licencia quien, se mostró “confrontativo”, comentó Fernando Ríos.