Luisa Ortega Díaz es producto de la Revolución Bolivariana, pero ahora reniega del gobierno de Nicolás Maduro. Fiscal general desde 2007, cuando Hugo Chávez gobernaba Venezuela, desempeñó ese cargo hasta el 5 de agosto de 2017. Fue destituida por denunciar la ruptura del orden constitucional en su país. Ahora, desde la oposición, denuncia al mandatario venezolano por corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos, y considera que las elecciones del próximo domingo 20 en su país son un “fraude”. CARACAS (Proceso).- Las elecciones presidenciales en Venezuela el próximo domingo 20 son “un fraude”, considera Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de esa nación. Los beneficios serán para el equipo del presidente Nicolás Maduro, argumenta y agrega: no hay condiciones de igualdad ni información del padrón electoral, el Consejo Nacional Electoral cambia a los votantes de los centros de votación sin avisarles y el Estado no garantiza el derecho a elegir y ser elegido, pues los candidatos potencialmente ganadores son inhabilitados. Ortega conoce muy bien las entrañas de la denominada Revolución Bolivariana. Fue nombrada fiscal general en 2007, durante el mandato de Hugo Chávez, y ­desempeñó ese cargo en el actual gobierno, el de Maduro, hasta 2017, cuando hizo pública su posición contra lo que ha denunciado como ruptura del orden constitucional, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción que involucran al presidente y a sus allegados. Proceso entrevistó a Ortega en la ciudad colombiana de Medellín, donde participó en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En esa ocasión admitió que su error como fiscal fue “no decir muchas cosas a tiempo”. En una segunda entrevista, ahora vía telefónica, asegura que estaría dispuesta a asumir la responsabilidad por esas omisiones. “Persecución sistemática” En vísperas de las elecciones, la debilitada coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llama a la abstención. Parte de la comunidad internacional la respalda, mientras Rusia pide que se respeten los comicios. En tanto, en el exilio funcionan dos poderes paralelos: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con 33 magistrados designados por el Parlamento, de mayoría opositora; y la Fiscalía General de Justicia, que encabeza la propia Ortega. Ambas instancias son reconocidas por la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, pero rechazados por el gobierno de Maduro. Venezuela ha estado en medio de una crisis económica, social y política, acentuada desde las protestas antigubernamentales de 2017 que duraron cuatro meses, durante los cuales más de 100 manifestantes fueron asesinados en medio de una fuerte represión. Ante estos hechos, el Ministerio Público (MP), a cargo de Ortega, denunció violaciones a los derechos humanos. Maduro niega que haya una crisis y responsabiliza a Estados Unidos de operar una guerra económica en su contra. El mandatario convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar una nueva Constitución, la cual se erigió como un superpoder al que los demás poderes del Estado se han tenido que subordinar; luego adelantó los comicios presidenciales que, según la Carta Magna vigente debían realizarse el próximo diciembre. Dentro y fuera de Venezuela Maduro ha sido acusado de violar los derechos humanos. Tanto él como funcionarios de su gobierno han recibido sanciones económicas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Panamá y Suiza. El Grupo de Lima, formado en agosto de 2017 para tratar la crisis en Venezuela –con representantes de 18 países de la región, entre ellos México–, también ha cuestionado al gobierno de Maduro y advirtió que las elecciones del domingo 20 son ilegítimas y sus resultados no serán reconocidos ­internacionalmente. La Fiscalía General encabezada por Ortega se desmarcó del gobierno de Maduro cuando denunció la ruptura del hilo constitucional a raíz de las sentencias 155 y 156, emitidas el 29 de marzo de 2017 por el TSJ que funciona en Caracas –integrado por magistrados abiertamente maduristas–, que le quitaban competencias al Parlamento, de mayoría opositora. El 5 de agosto de 2017 la fiscal fue destituida por la ANC y huyó del país. Desde entonces ha viajado por el mundo denunciando a Maduro y sus funcionarios por corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos. Ortega habla con Proceso de los avances de estas denuncias, las próximas elecciones presidenciales y revela lo que, a su juicio, es la diferencia entre Chávez y Maduro. –¿Qué ha investigado sobre los asesinatos en las protestas de 2017? –Durante esos eventos yo desplegué a un grupo de funcionarios del MP. Ahí encontramos resistencia de parte del Ejecutivo y del Poder Judicial. Recuerdo el caso del joven Juan Pernalete, que lo mató la Guardia Nacional (GN) con una bomba lacrimógena disparada directo al pecho. Eso me trajo problemas con el Ejecutivo, que me pidió informar que lo había matado uno de sus compañeros. “Me negué y le dije que tenía evidencias de que había sido la GN.” Se le pregunta a quién se refiere cuando dice “el Ejecutivo”, y señala directamente a Maduro; al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien además fue alcalde de Caracas y vicepresidente; y a Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo y quien fue presidente del Parlamento y presidente interino en 2002. Ortega recuerda que, “sin tener acceso a la investigación, Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, que hoy es presidenta de la ilegítima ANC, dijeron que al joven Pernalete lo había matado un compañero con una pistola de perno, la que se usa para adormecer al ganado. Yo tuve que desmentir esa versión”. –¿Ha tenido avances en sus investigaciones? –Sí. Acudimos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2017 y este año ampliamos las denuncias. Todas referidas a violaciones a los derechos humanos, entre 2015 y 2017, cuando más de 8 mil venezolanos murieron ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. Denunciamos torturas, juicios militares a civiles, persecuciones, allanamientos masivos sin orden judicial, violación sistemática de derechos humanos. “Por esa razón, la CPI inició el examen preliminar del caso Venezuela. Eso es un importante avance.” –¿Se considera víctima de persecución política por parte de Maduro? –Por supuesto que soy víctima, así como lo es toda la sociedad venezolana. Han diseñado una política de sometimiento y esclavitud. Hay una persecución sistemática al pensamiento disidente, millones de venezolanos han tenido que abandonar el país y están viviendo una tragedia. –¿Qué sabe de los allanamientos a su casa materna y a los hogares de los magistrados en el exilio? –Tenemos recopiladas algunas actas de esas acciones que forman parte del miedo que tienen Nicolás Maduro y Gustavo González López, director de la Policía Política, encargada de ejecutar esos ­atropellos. “Quiero hacer referencia a algo: funcionarios que se hayan prestado para ejecutar esas acciones, ilegales e inconstitucionales, son violadores de los derechos humanos, y si hoy no están siendo sancionados, oportunamente lo serán. Estamos levantando una base de datos, con nombre y apellidos de jueces, fiscales, policías y militares que han participado (en los allanamientos). “Vamos a actuar. Acudiremos a los organismos internacionales, apelaremos a la jurisdicción universal para hacer justicia, pero ellos serán sancionados y tendrán como sitio de reclusión Venezuela; no podrán salir, pero cuando la dictadura caiga, que será pronto, responderán ante la justicia.” Mea culpa Durante la entrevista a la exfiscal se le recuerda que dijo que cometió un error al no denunciar muchas cosas a tiempo. –¿Se siente culpable o responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela por no denunciarlo? –Si tengo que asumir en algún momento la responsabilidad, o si la tengo, yo la asumiría por la calle del medio. Pero todos los eventos que ocurrían en Venezuela los investigué y los denuncié ante las autoridades competentes. Lamentablemente siempre tuve un freno en el Poder Judicial. “Por ejemplo, quisimos imputar al general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional, por violación de derechos humanos, pero el TSJ (de Maduro) dictó una sentencia para ampararlo.” –De las pruebas que tiene del caso Odebrecht, ¿hay personajes de oposición involucrados? –Próximamente voy a plantear otra acción contra una de las personas del gobierno que recibió (dinero) de Odebrecht y diré quiénes son los demás responsables que aparecen en el caso. Oportunamente lo informaré. –¿Cuál fue su experiencia en México? –Me reuní con el procurador general, en ese momento era el doctor Raúl Cervantes. Le entregué elementos que comprometían a Maduro y sus testaferros en el negocio de los alimentos entre México y Venezuela. Unas perversas cajas que maneja el gobierno para controlar a la ciudadanía. La procuraduría mexicana está investigando eso. “También me reuní con Amnistía Internacional en México. Fíjate que no hay comida (en Venezuela) y el Ejecutivo es el que controla el acceso a los pocos alimentos que hay. Crearon este mal llamado ‘Carnet de la Patria’ para el acceso a la comida, pero sólo lo pueden tener los simpatizantes del gobierno. –Desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre Maduro y Chávez? –Chávez se cuidaba un poco del tema de los derechos humanos. Una vez me preguntó por un caso de violación de derechos humanos y me dijo: “Que respondan quienes hayan ejecutado esas acciones”. Esa es la posición que debe tener un jefe de Estado: preguntar, pero no inmiscuirse en los asuntos de otras instituciones. Ese fue el gran problema (en Venezuela), que lamentablemente comenzó con Chávez. Pero Nicolás Maduro es un tirano sin límites en la violación de derechos humanos, en enriquecerse y exterminar a la población. Estamos haciendo un estudio sobre esta nueva forma de genocidio, oportunamente lo publicaremos. Hacer justicia Se le recuerda el caso de la refinería de Amuay, una de las cinco más grandes del mundo, en el occidente de Venezuela, en el estado Falcón. En 2012 una explosión en este centro ocasionó la muerte de más de medio centenar de personas. El vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y viceministro de Petróleo ese año, Eulogio del Pino, atribuyó la tragedia a un “sabotaje”. En noviembre de 2017 fue detenido por corrupción en la estatal petrolera. Las denuncias por negligencia y falta de mantenimiento en Amuay no prosperaron ni bajo el gobierno de Chávez ni el de Maduro. Ortega dice que cuando se produjo la explosión de la refinería de Amuay ella citó a los miembros de la dirección de PDVSA para imputarlos, pero Cilia Flores, esposa de Maduro, y el entonces ministro del Petróleo, Del Pino, les dijeron a los citados que hicieran caso omiso. “Esa información me llegó”, comenta. Afirma que “ha habido un deterioro de las instituciones, de la infraestructura y de todo en Venezuela. No ha habido gobierno que se encargue y la población no ha tenido protección. Yo siempre denuncié, pero frente a hechos que no eran ciertos, también le salía al paso”. –Cuando lo de Amuay, Chávez estaba todavía en el poder. ¿Él supo de las imputaciones que usted intentó? –Recuerdo que Chávez fue (a Amuay), pero estaba muy enfermo. Yo nunca pude hablar con él sobre eso. Sin embargo, a Maduro se lo planteé en 2013. Le dije que los iba a imputar, pero no me dijo absolutamente nada. –¿Cuál es su posición sobre las elecciones presidenciales del domingo? –Yo soy demócrata y creo en las elecciones. Pero éstas no se pueden llamar elecciones, es un fraude. –¿Por qué? –No puedo avalar ni llamar a participar a un evento donde todo está acomodado para que Nicolás Maduro gane. No hay condiciones de igualdad, no tenemos información de la data (electoral), no se le permite votar a los venezolanos en el exilio. Hay una serie de irregularidades que me llevan a concluir que no estamos frente a unas elecciones. Se le pide su opinión sobre Henri Falcón, el exmilitar venezolano que con el apoyo de Chávez fue gobernador del estado de Lara para después, en 2010, pasarse a la oposición y quien ahora se separa de la MUD y se presenta como candidato presidencial este domingo 20, en lo que algunos especulan es una jugada del propio gobierno de Maduro para legitimar las elecciones. “Yo respeto el derecho de cada quien a hacer lo que quiera”, dice Ortega. –En un futuro, ¿se lanzaría a la presidencia de Venezuela? –se le pregunta. –Mi lucha es a favor de todos los venezolanos, para que haya democracia, libertades e institucionalidad, y para que la diáspora pueda retornar a Venezuela. No tengo aspiraciones presidenciales, yo soy la fiscal general y quiero hacer justicia, esa es la única aspiración que tengo. Este reportaje se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.