Movimiento de Desaparecidos alerta a la CoIDH sobre el “uso político” que gobierno mexicano da a ley en la materia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En un amicus curie que envió a la CoIDH, el Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la voluntad política o debida diligencia del Estado”.

El pasado 13 de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.

Los integrantes de la familia Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha negado su responsabilidad.

Durante la audiencia para abordar el caso en la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, los días 26 y 27 de abril, los representantes del Estado adjudicaron como un logro del gobierno de Enrique Peña Nieto la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición, así como un elemento para eximir de responsabilidad al Estado mexicano de la desaparición de los Alvarado.

En el documento enviado al tribunal de la OEA, los colectivos denunciaron “los obstáculos y retos enfrentados por las familias en la implementación de la Ley General de Desaparición”, como un aporte informativo al juicio en el que se busca que se “condene al Estado mexicano y ordene como una de las garantías de no repetición, la implementación efectiva” de la legislación.

En el contexto del caso Alvarado, hasta ahora impune, el Movimiento de colectivos de familiares “solicita a la Corte IDH que considere insuficiente la adopción de medidas legislativas meramente formales que no se traducen en la garantía de los derechos a la justicia, verdad y reparación para las víctimas”.

En el amicus curie entregado a la CoIDH, el Movimiento narró el proceso legislativo que derivó en la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición, en noviembre de 2017, por el presidente Enrique Peña Neto.

El Movimiento reconoció que el Estado mexicano fue el responsable de legislar, a través del Congreso de la Unión, pero que “no hubiera sido posible si no fuera por la presión que se realizó desde el Movimiento y otros sectores”.

Por el contrario, agregó que “el actuar del gobierno federal fue encaminado a reducir los alcances de la ley general en aspectos fundamentales como la búsqueda de las personas desaparecidas y la responsabilidad penal del superior jerárquico y herramientas de investigación eficaces”.

Con la finalidad de ampliar el contexto de la información que se canalizó a la CoIDH, documental y en la audiencia pública en Costa Rica, los integrantes del Movimiento reiteraron la falta de voluntad política del Estado para aplicar la Ley en materia de desaparición.

“Lamentamos el uso político que el Estado mexicano realiza de una legislación que está vigente en el país no por su iniciativa, sino por la presión social, y más, porque si bien contamos con una legislación en la materia, que considerábamos necesaria, ésta, lejos de garantizar efectivamente los derechos de las personas desaparecidas, desconoció muchas de las propuestas planteadas por el Movimiento y nos generó nuevas problemáticas, como un proceso de implementación que deja ver su falta de voluntad real”, puntualizó el medio centenar de colectivos y decenas de organizaciones civiles.

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