CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez instructor del caso de la profesora Elba Esther Gordillo, Alejandro Caballero Vértiz, falleció el miércoles 16 de un paro cardiorrespiratorio, en su domicilio en la capital del país. Como titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Caballero Vértiz llevaba el caso de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde que fue consignada por la Procuraduría General de la República (PGR), en febrero de 2013, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Apenas el martes pasado, Caballero Vértiz había negado a la PGR endurecer el aislamiento de prisión domiciliaria de Gordillo, a quien el gobierno de Peña acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero. En febrero, el juez se hizo eco de la PGR para limitar sus contactos con el exterior, pues según la Procuraduría, “podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano”. Su defensa alegó violación a sus derechos humanos. La resolución del juez ocurrió semanas después de que el nieto de la exlíder sindical, René Fujiwara, se sumara a la operación electoral a favor del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Juez desde 2001, Caballero Vértiz resolvió asuntos relevantes relacionados con el narcotráfico, como la orden de aprehensión que dictó en contra del exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, para que fuera extraditado a Estados Unidos. Caro Quintero fue posteriormente puesto en libertad por un Tribunal Colegiado, en agosto de 2013, aunque poco después la Suprema Corte de Justicia revirtió ese fallo. Desde entonces, el excapo se encuentra prófugo. El juez también autorizó la extradición de Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, hijo de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. En el gobierno de Felipe Calderón, Caballero Vértiz también concedió el arraigo en contra del extitular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, acusado por la propia PGR de proteger al narcotráfico. El funcionario obtuvo su libertad años después debido a que fue consignado con pruebas falsas.