SAN SALVADOR DE BAHÍA, Brasil (apro).- La política y la sociedad venezolana se encuentran ante una encrucijada. Y sólo les quedan dos salidas: la electoral o la militar. La primera está “bloqueada” dado que el gobierno “sólo realiza elecciones cuando sabe que las va a ganar”; y la segunda es “complicada” porque “la cúpula militar tiene una corresponsabilidad muy directa en la corrupción generalizada”. Edgardo Lander, académico venezolano vinculado a los movimientos sociales, hace una dura crítica del régimen de Maduro desde posiciones de izquierda. Asume un enfoque capaz de analizar y evaluar el contexto reñido con sus propios criterios. En entrevista, Lander narra cómo el Estado bolivariano anula su propia base jurídica: la Constitución chavista de 1999, y que desde febrero del año 2016 el gobierno “viene gobernando con poderes extraordinarios anticonstitucionales.” Esta política “tiene como objetivo el control total del Estado”, afirma. Con base en ello, califica la solidaridad de la izquierda internacional antiimperialista como algo “absolutamente perverso”, dado que se trata de “una solidaridad con Maduro que va en contra del pueblo venezolano.” Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, ha sido una voz disidente tanto ante el discurso oficialista como ante la retórica opositora. Sin embargo, y a pesar de su fuerte crítica, no niega los “procesos de dignificación popular” empujados desde que Hugo Chávez asumió la presidencia hace casi dos décadas. Más bien se pregunta: “¿Cómo será posible a partir de ahí recuperar esas experiencias, recuperar esa vitalidad transformadora y no olvidar?”. Este domingo 20 habrá elecciones presidenciales junto con la elección de los Consejos Municipales y de los Consejos Legislativos estatales. Mientras el presidente Nicolás Maduro busca su reelección, la oposición se divide entre retar al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUD) y llamar a la abstención. -¿Qué es Venezuela? ¿Una dictadura militar, como dicen algunos, o es una República Socialista, como dicen otros? -Bueno, yo creo que Venezuela está caminando en una dirección crecientemente autoritaria. Esto tiene muchos componentes, muchas dimensiones. En primer lugar, a partir del momento en que el gobierno perdió las elecciones parlamentarias en 2015 se encontró en una disyuntiva muy grande. La oposición tenía el control de dos terceras partes de la Asamblea Nacional y podía comenzar a nombrar a integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral; podía aprobar leyes orgánicas que son las leyes que necesitan de una mayoría calificada sin necesidad de negociar con la bancada del gobierno. “El gobierno tenía que decidirse. Era optar por la preservación a como diera lugar de su permanencia en el poder, a nombre de la “Revolución”, u optar por el respeto a la Constitución bolivariana del año 1999 y los contenidos democráticos que implicaban, entre otras cosas, el respeto a la voluntad de los electores. “Queda claro que la opción del gobierno fue por la preservación del poder. Prevaleció la idea de que, como estamos en ‘Revolución’, esas cosas –respetar la propia Constitución– son secundarias. Se trata de concepciones que tienen su raíz en un pensamiento de la izquierda tradicional leninista, aunque este no fuese su discurso explícito. Había que defender la ‘Revolución’ costase lo que costase. Pero ello implicaba dejar a un lado el diseño institucional creado por el proceso bolivariano mediante la Constitución Bolivariana del año 1999 que son las únicas reglas del juego con las cuales cuenta la sociedad venezolana. “Poderes extraordinarios” -¿Cómo se manifestó esta ruptura dentro del esquema jurídico-institucional y cuáles fueron las medidas políticas para alterar el orden democrático? -Lo que hicieron fue anular las elecciones del estado Bolívar con cuatro diputados con una acusación poco seria. Grabaron una conversación telefónica de una funcionaria de dicho estado en la cual habría dicho que habían pagado a alguna gente para que votara por la oposición. Sobre esa base anularon las elecciones en este estado que más de dos años después aún no tiene representación parlamentaria. No se hizo una investigación. No se realizaron nuevas elecciones. No pasó nada. Simplemente se le quitó la mayoría calificada con la que contaba la oposición. “A partir de ahí el gobierno comenzó a tomar decisiones muy graves en el terreno electoral-institucional. Después de las elecciones, cuando todavía no se había instalado la nueva Asamblea Nacional (lo haría en enero del 2016), la vieja Asamblea Nacional nombró apresuradamente a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y la totalidad de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Estos nombramientos apresurados violaron los procedimientos establecidos por la ley. Se ratificó un Consejo Electoral de cuatro rectores a uno a favor del gobierno, y se nombró un Tribunal Supremo de Justicia cien por cien a favor del gobierno. De todas maneras, aún después de haberle quitado a la oposición en forma arbitraria la mayoría calificada que había logrado como resultado de las elecciones parlamentarias, el gobierno empezó a desconocer a la Asamblea Nacional. La desconoció por varias vías. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó a Maduro para que presentara su informe anual y que presentara el presupuesto del año siguiente no ante la Asamblea Nacional sino ante el Tribunal Supremo de Justicia, que sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de equipamiento técnico para evaluar el presupuesto, recibió estos documentos y los aprobó sin discusión alguna. Se fue simplemente dejando al lado a la Asamblea Nacional. - Entonces poco a poco el aparato institucional fue configurándose de tal grado que en última instancia saliera beneficiado y fortalecido el presidente, a costo de los pasos legales democráticos. -De acuerdo con la Constitución Venezolana, en condiciones de una emergencia económica, el presidente puede declarar un estado de excepción y pasar a gobernar con poderes excepcionales temporales. Eso tiene dos requisitos: primero, en un lapso corto tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional -no es algo que se otorga simplemente sino que posteriormente tiene que ser ratificado por la Asamblea- y, segundo, tiene un periodo máximo de tiempo. Maduro declaró este estado de excepción sin pedirle permiso a la Asamblea y cada vez que se vence el periodo él se auto-renueva los poderes extraordinarios. Desde febrero del año 2016 viene gobernando con poderes extraordinarios anticonstitucionales. “A lo que voy es que si uno toma cada una de estas decisiones en si misma puede parecer que no es tan grave, pero si se toman todas juntas es posible constatar que se trata de un manejo autoritario que tiene como objetivo el control total del Estado. Tensiones y contradicciones -Comentó que en 2015, con las elecciones perdidas, empezó este proceso. ¿Hubo antecedentes de este giro hacia lo autoritario? -Uno puede identificar claramente con hechos y sin duda alguna una ruptura del juego constitucional a partir de esta fecha. Pero esta tendencia autoritaria ya existía anteriormente. Desde el principio, el proceso bolivariano estuvo atravesado por contradicciones muy fuertes. Una contradicción fundamental fue entre la ampliación de la democracia por un lado y la concentración de poder por otro. Eso no sólo en el texto constitucional sino en la práctica de las políticas públicas durante los primeros años. Sobre todo después de los años 2002/2003 cuando hubo el golpe de Estado y el paro petrolero empresarial. A partir de ahí hubo un proceso muy poderoso de organización popular y de base. “Al poco tiempo comenzaron a subir los precios del petróleo y los recursos con que contaba el Estado cada año eran mayores. Entonces había una capacidad del Estado de responder a las demandas de la población con una mezcla de las tradiciones político-ideológicas estado-céntricas de la izquierda y un caudillismo clientelar latinoamericano. Desde el comienzo de la gestión de Hugo Chávez hubo un peso muy fuerte de lo militar en el gobierno, que con el tiempo fue incrementándose. Hay una contradicción muy fuerte entre una cultura democrática de participación y la cultura militar que es, por su propia naturaleza, vertical, de obediencia, de no debate, de no discusión. Mientras haya más presencia militar en la estructura del Estado, más freno hay para los mecanismos democráticos participativos. -Parece que en Venezuela al final y a pesar de todo el discurso sobre un proceso revolucionario confluyendo desde abajo y arriba se vivió la vieja experiencia de la izquierda estatista: no saber cómo manejar la ya mencionada contradicción entre democratización popular y concentración de poder. -Por una parte el gobierno estaba impulsando un proceso de organización de base y un proceso de democratización que involucró a millones de personas. No hay que desconocer que fueron procesos de dignificación, de participación, de sentido de pertenencia, de sentir que se tiene la capacidad de incidir sobre la propia vida, sobre el destino del país. Finalmente, desde el Estado se construyó el andamiaje jurídico-institucional del poder popular. En conjunto fueron cinco o seis leyes que convirtieron el poder popular prácticamente en una parte del Estado. Esto estaba atravesado nuevamente por una ambigüedad muy fuerte. Porque una parte de las leyes reivindicó el poder popular autónomo, pero otras partes dictaron que el poder popular estuviese concebido como parte del Estado. Esta contradicción nunca estuvo resuelta. “Otra contradicción nunca resuelta es si la organización de los Consejos Comunales debía ser la base organizativa del nuevo Estado socialista, comunitario, lo que implicaba la participación del conjunto de la sociedad, o si por el contrario éstas debían ser organizaciones chavistas. Como parte de este imaginario de ‘La Revolución’ -así con mayúscula-, una de las cosas que desde el principio se diluyó fue la frontera entre lo público-estatal y lo político-partidista. Esa fue asumida como una separación burguesa que no tenía sentido para ‘La Revolución’. Esto tuvo como consecuencia el control político desde el Estado, el sectarismo, el uso de los recursos públicos por parte del partido de gobierno (PSUV), y se terminó desdibujando la línea entre lo público y lo privado. Con esto, se crearon las condiciones estructurales para la corrupción. Un asunto de fe -Y a pesar de todo eso aún existe una solidaridad internacional muy fuerte con Venezuela... -Yo creo que eso tiene efectos absolutamente perversos. Desde el punto de vista de Venezuela, desde los actores críticos de la izquierda venezolana, eso se ve claramente no como una solidaridad con el pueblo sino una solidaridad con el gobierno de Maduro. Una solidaridad con Maduro que va en contra del pueblo venezolano. Es muy grave porque le da legitimidad. Si uno lee lo que escribe Ignacio Ramonet, fundador de Attac, del Foro Social Mundial y de Le Monde Diplomatique, o lo que escriben los intelectuales de la izquierda latinoamericana como Atilio Boron, ellos están describiendo un país que solo existe en su cabeza. Y no es por falta de información, sino por fe. “Algo muy característico de una parte de la izquierda latinoamericana es esta idea de que la contradicción principal de nuestros tiempos es entre imperialismo y anti-imperialismo. Y Venezuela sería hoy un foco de esta confrontación entre imperialismo y anti-imperialismo por lo cual todo lo demás pasa a ser secundario. Con ello desaparece la posibilidad de una reflexión crítica sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en estos años, y en general sobre la experiencia de los denominados gobiernos progresistas”. -Partiendo ahora de tus descripciones y explicaciones, ¿cuáles son los escenarios posibles para el mediano futuro en Venezuela? -Ahora hay dos escenarios posibles. El primero es él de la intervención externa – yo no creo que eso sea una posibilidad. Y la posibilidad de una revuelta popular yo la veo muy difícil en los siguientes términos: las expresiones populares, saqueos, violencia etc. se van a seguir repitiendo, pero no veo la posibilidad de que haya algún acontecimiento de carácter nacional simultáneo capaz de conducir a una transformación a un cambio de gobierno, puesto que no hay en la actualidad liderazgos suficientemente reconocidos en el mundo popular. Y es más probable que eso terminase en una masacre, en una represión masiva. “Entonces, ¿qué queda ahí? Queda la salida electoral o la salida militar. “La salida electoral está bloqueada por el hecho de que el gobierno sólo realiza elecciones cuando sabe que las va a ganar y cuando tiene el control total de la situación. Y si las hace decide quién no puede participar y quien puede participar, y en qué condiciones puede participar. El caso más característico de esa lógica es lo que ha pasado con el partido Marea Socialista que es un desprendimiento del PSUV, un desprendimiento de izquierda. Para participar en elecciones el partido tiene que registrarse en el Consejo Nacional Electoral cumpliendo para ello con un conjunto de requisitos. Cuando dicha organización introdujo toda la documentación requerida pasaron meses y meses durante los cuales el Consejo Nacional Electoral simplemente no les respondía. Cuando finalmente respondieron, les dijeron que Marea Socialista no sonaba a nombre de un partido sino a una consigna política. En consecuencia, no tienen tarjeta y no pueden, como organización, participar, en ningún proceso electoral. “La salida militar es complicada. Hay mucho malestar en la Fuerza Armada. En su estructura los sectores de más baja jerarquía (la mayoría) están viviendo la misma situación que vive el resto de la población venezolana en término de salarios que no les alcanza, la comida que no llega, medicinas que no se consiguen. La mayor parte de los militares son hombres y sus esposas sufren las dificultades de intentar llevar a los niños a la escuela cuando no hay transporte público y no se puede conseguir comida. “Pero a la vez, la estructura militar venezolana tiene un número muy grande de generales. La cúpula militar tiene una corresponsabilidad muy directa en la corrupción generalizada que caracteriza al actual gobierno. Es, en buena medida, un gobierno militar. ¿Por qué militar? Porque la tercera parte de los ministros son militares, la tercera parte de los gobernadores son militares. Los responsables de las instituciones del Estado donde ha habido más corrupción (otorgamiento de divisas extraordinariamente subsidiadas, control de puertos y fronteras, etc.) han sido mayoritariamente militares activos o retirados. Hay una militarización de la gestión pública muy extendida. Eso hace muy difícil que en los altos niveles del mundo militar pueda gestarse una reacción contra el gobierno. -Ante este escenario pesimista, ¿dónde puede agarrarse uno, para no perder toda la esperanza? -Mi única fuente de optimismo es el hecho de que este golpe ha sido tan brutal que la sociedad venezolana puede estar despertando del hechizo del petróleo. El hechizo de la idea de que éste es un país rico. De que el Estado siempre tendrá capacidad de suplir las demandas de la población. Ese imaginario podría estar llegando a su fin. ¿Creará esto las condiciones para, después de cien años de rentismo petrolero depredador, repensar al país? “En este momento se está viviendo una sensación de impotencia, de falta de una visión de futuro, que termina por determinar todo lo demás. Pero todos los procesos anteriores de dignificación popular, de organización y empoderamiento, como experiencia vivida no se borran. ¿Cómo será posible a partir de ahí recuperar esas experiencias, recuperar esa vitalidad transformadora y no olvidar?”. *Este texto periodístico fue realizado con apoyo de la organización civil alemana Médico Internacional.