MÉRIDA, Yuc. (apro).- Por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones contra un periodista, un juez federal vinculó a proceso al alcalde con licencia de Cacalchén, Pastor Agustín Canul Zárate, y a cinco servidores públicos de esa demarcación: el exdirector de la Policía Municipal, un comandante y tres policías. El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2017 contra el reportero Mauricio Can Tec, de Grupo Megamedia, corporativo que edita los periódicos Diario de Yucatán y la I, quien fue detenido arbitrariamente por policías municipales cuando cubría una diligencia judicial contra el entonces alcalde de Cacalchén por incumplir con sus obligaciones familiares. El periodista interpuso en su momento la denuncia pertinente ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) contra el exedil y los policías que participaron en su detención. Can Tec pidió licencia para separarse del cargo en noviembre pasado con la intención de postularse como candidato de su partido, el PRI, para reelegirse en la alcaldía. Horas después la candidatura le fue negada, por lo que intentó acomodarse en un cargo en el gobierno, sin conseguirlo. En diciembre pasado, el exmunícipe fue detenido por policías estatales por conducir en estado inconveniente. Sus análisis arrojaron que se encontraba en doble estado de intoxicación: alcohol y cocaína. De acuerdo con un comunicado de la Feadle, el juez federal de control “valoró que cuatro elementos policiales detuvieron, sin causa alguna al comunicador, por realizar su trabajo periodístico en el municipio de Cacalchén, y ejercieron violencia para causar lesiones a la víctima”. El juzgador determinó que hay elementos suficientes para vincular a proceso “a quienes ejercían el cargo de presidente municipal y director general de la Policía Municipal, por su probable participación como autores intelectuales del hecho”. El comunicado refiere que “los acontecimientos se dieron mientras el comunicador documentaba periodísticamente hechos relevantes en el municipio pero, al no ser del agrado de las autoridades locales, ordenaron su detención y condicionaron su libertad a la eliminación de los registros fotográficos que recabó, así como su compromiso a no publicar la nota en la que trabajaba”.