CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde julio de 2013, alrededor de 400 personas que ocuparon “puestos especiales de confianza” en la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) -liquidada el 11 de octubre de 2009-, han exigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) una reunión para que se cumpla la promesa del exdirector, Jorge Gutiérrez Vera, de que si aceptaban la liquidación los jubilarían o los contratarían en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Al momento de la extinción, involuntariamente acatamos el exhorto de nuestro director general, Ing. Jorge Gutiérrez Vera, para cobrar nuestra liquidación, con la intención de ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no ocurrió, provocando el estado de indefensión en el que nos encontramos. Es importante mencionar que, a lo largo de más de tres años, hemos permanecido en estado de indefensión”, señalaron en un oficio dirigido al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fechado el 3 de julio de 2003. Al funcionario le solicitaron ser considerados como un grupo representativo para realizar negociaciones, en las que solicitan: que se les incluya en las condiciones que se lleguen a acordar para resolver su situación respecto a la jubilación o reinserción laboral, pues la mayoría están desempleados “por la intensa campaña mediática de desprestigio en contra de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo cual contribuyó a quedar fuera del mercado laboral”. “En caso contrario, proponemos que se analicen, de forma particular, la situación de los funcionarios mencionados para llegar a un acuerdo específico, en el cual se nos beneficie con el otorgamiento de jubilación o reinserción en el Sector Energético”, pidieron. El 27 de septiembre de 2014, en el oficio No DACCP-CG/407/13, el entonces director de la Unidad de Gobierno y Concertación Ciudadana de la Segob, Lorenzo Gómez Hernández, les respondió que su oficio había sido turnado “para su atención procedente”, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien fungía como órgano liquidador y era la única instancia facultada para atender y resolver los puntos de su escrito. Por ende, el 4 de octubre de 2013, los afectados enviaron un oficio al entonces director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco Fernández, a quien le solicitaron su jubilación, en los términos de su contrato colectivo de trabajo, los contratos individuales de trabajo y el reglamento para la jubilación, para los empleados de confianza, pues era “imposible el poder conseguir algún empleo por el promedio de edad, ya que para el gobierno federal, la mayoría de los extrabajadores de confianza son muy jóvenes para poder jubilarlos, y para la iniciativa privada somos muy viejos para que nos puedan contratar”, señalaron. Una misiva igual fue enviada al entonces subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, “para el cálculo de los montos correspondientes a las cuotas de jubilación, compensación, por antigüedad, despensa, energía eléctrica, renta de casa, fondo de ahorro y aguinaldo” que les correspondían tras la jubilación, pero no han tenido respuesta favorable.