OAXACA, Oax. (apro).- Con la “asunción ilegítima y vergonzante” de Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se podría solicitar la desaparición de poderes en Oaxaca, porque uno de ellos, el Judicial, está constituido de manera ilegal, afirmó el doctor en Derecho Rafael García Zavaleta. Luego de dar a conocer que el Poder Judicial de la Federación admitió la demanda de amparo que presentó contra la designación de Bolaños Cacho por el delito de “ejercicio indebido de funciones”, y contra el pleno del TSJ por “abuso de autoridad”, García Zavaleta advirtió que de ser necesario recurrirá a los tribunales internacionales. “Si en Oaxaca se permite que se violen las leyes y se rompa el equilibrio de poderes, vamos a ir a la justicia federal, donde han caminado de manera correcta, pero también sabemos que cuando están en riesgo intereses de grupos, a veces han provocado torcer a la autoridad federal, y si nos niegan el amparo iremos al tribunal colegiado”. Añadió: “Si nos niegan el amparo en el colegiado, pediremos la atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y si la Corte insiste en una actitud ilegal, entonces hemos decidido acudir a tribunales internacionales para que se reclame ante ellos la inconstitucionalidad del representante de uno de los poderes del estado, que es Raúl Bolaños Cacho Guzmán”. Tras denunciar que ha sufrido acoso y hostigamiento al ser “bloqueado en mis asuntos como litigante”, el especialista en Derecho constitucional y electoral reiteró que en este caso hay responsabilidad en el Poder Legislativo por omisión de los diputados, y también del propio Ejecutivo, porque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa no hizo valer las facultades que tiene y permitió que el 13 de marzo de 2017 Bolaños Cacho Guzmán fuera impuesto como presidente del TSJ. García Zavaleta recordó que el 4 agosto de ese año dieron a conocer una carta abierta donde denunciaban que “el nombramiento ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, es una barbaridad cometida por el pleno”. Sin embargo, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, se negó a iniciar una carpeta de investigación de oficio porque hay un conflicto de intereses, debido a que su padre fue colaborador de Bolaños Chaco Guzmán. “Si bien su renuncia no resuelve la ilegalidad cometida con su designación, al menos sí se despeja el camino para que sea el imperio de la ley el que regrese al Tribunal y en general al Poder Judicial del estado de Oaxaca, retornando a su independencia, autonomía, libertad, y restaurando el roto equilibrio de poderes que, de por sí delicado, hoy se encuentra postrado, humillado, roto, por Raúl Bolaños Cacho Guzmán”, recalcó. De igual manera, habló de las graves violaciones que se cometieron a las normas locales y nacionales con la designación de Bolaños Cacho Guzmán, a quien el 11 de diciembre de 2009, dijo, se le autorizó su petición de jubilación de forma voluntaria como magistrado. “Que hubiera una vacante en el Tribunal, no la había; que se sometiera a un examen de oposición, no lo hizo; que a resultas del examen se hubiera mandado una lista de aspirantes al titular del ejecutivo, no se hizo; que se sometiera una terna en el Congreso del estado para que de ahí se nombrara al nuevo magistrado, no se hizo”. Todo esto, agregó, constituye una grave violación a los principios de certeza y legalidad y una violación manifiesta a los derechos humanos de todos, porque “no es posible aceptar la peregrina idea de que ya era magistrado y que regresa a ocupar el lugar que le correspondía. Se viola con ello la certeza”. Además, subrayó, “todos los magistrados jubilados podrían en su momento decir: ‘bueno, me regreso al Tribunal’. ¡No! Ya no son magistrados, son jubilados del Poder Judicial porque ya no forman parte de una sala, no dictan sentencias, no realizan actividad judicial”. García Zavaleta insistió en que en el caso de Bolaños Cacho Guzmán “se violó la ley, y debe aplicarse la ley, y una de las causas graves de separación de los funcionarios públicos es tomar un empleo, cargo o función pública sin reunir las condiciones que se establecen en la ley. Esa situación es inclusive delictiva”. Aclaró que el caso en cuestión incluye a los tres poderes del estado de Oaxaca, y ahora es preciso que lo solucionen los tres, pero en caso de omisión o complicidad, insistió, recurrirá a los tribunales nacionales e internacionales.