TOLUCA, Edomex. (apro).- Integrantes de la organización “Fuego de la Digna Resistencia” demandaron la liberación de los seis presos políticos de San Pedro Tlanixco –comunidad náhuatl del municipio de Tenancingo– sentenciados a 50 años de prisión por defender su derecho al agua. Los inconformes remitieron este mediodía al Poder Judicial del Estado de México un recurso de apelación contra las tres últimas sentencias, mientras que dijeron que para las tres primeras preparan un amparo. En 2007, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles fueron sentenciados a penas de los 50 a los 54 años de prisión. En noviembre pasado Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez recibieron una condena de al menos cinco décadas para cada uno. En una especie de plantón a las afueras del Palacio Judicial mexiquense, demandaron a los tribunales estatales “actuar con imparcialidad, prontitud y hacer justicia” en este caso en el que acusan la fabricación de un delito para evitar que los detenidos siguieran la lucha en defensa del agua y para favorecer intereses de empresarios extranjeros dedicados al cultivo de la flor. Marisela Molina, esposa de Pedro Sánchez, recordó que el conflicto comenzó en el año 2000, cuando floricultores de Villa Guerrero, municipio líder nacional en la materia, comenzaron a disputar el uso y disfrute del río Texcaltenco que nace en San Pedro Tlanixco. Bajo el gobierno de Arturo Montiel Rojas y con Alfonso Navarrete Prida como procurador de justicia estatal –prosiguió–, los ahora sentenciados fueron detenidos sin que mediara orden de aprehensión, durante un operativo nocturno en que participaron cientos de elementos policiacos que irrumpieron violentamente en las casas y apuntaron con armas largas lo mismo a mujeres, niños y ancianos. Según su versión, el 1 de abril de 2003, integrantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero subieron al pueblo con el argumento de conocer las razones por las que el agua bajaba sucia. “En realidad fueron motivados por su intención de entubarla, a pesar de un amparo que lo impedía. Por usos y costumbres se tocaron las campanas y se movilizó la población. Lamentablemente, debido a que la geografía para subir al pueblo es accidentada, el presidente de la asociación de floricultores resbaló, cayó al barranco y falleció, lo que fue tomado como pretexto para encarcelar a nuestros familiares”, detalló. Molina González advirtió que no existen pruebas suficientes para la emisión de las sentencias. “El Poder Judicial y el Ejecutivo han manejado el caso de manera política”, acusó. César Hernández, integrante del magisterio mexiquense contra la reforma educativa, secundó que los argumentos con que fueron condenados los presos políticos de San Pedro Tlanixco son irrisorios. Por ejemplo, dijo, Dominga González fue detenida, procesada y sentenciada sólo porque los acusadores aseguraron que en el hecho participó una mujer “morena y chaparrita”, descripción que coindice con la de la mayoría de las mujeres de la comunidad. A los sentenciados –lamentó–, tampoco se les reconoce como integrantes de un pueblo indígena sujetos a un sistema de usos y costumbres. “(Jueces y magistrados) usan argumentos falaces y simplistas”, expuso. Otras inconsistencias del proceso son la imposición de la pena máxima en un delito en el que no es posible determinar el grado de participación de cada sentenciado, el aleccionamiento de testigos por parte de los empresarios y la falta de un defensor capacitado en derechos y cultura indígenas. En marzo pasado, los presos políticos de San Pedro Tlanixco fueron condecorados con el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”.