TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organismos defensores de los derechos de las mujeres lamentaron que, a año y medio de la declaratoria de alerta por violencia de género (AVG), las autoridades estatales “sigan sin contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de políticas públicas para su erradicación”. En el marco de la presentación del informe denominado “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”, financiado por la Unión Europea (UE) y la embajada de los Países Bajos, activistas se manifestaron preocupadas por la negligencia gubernamental chiapaneca. También expusieron que, de enero de 2014 a octubre pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, documentó 282 asesinatos de mujeres en Chiapas, de los cuales 125 fueron clasificados como feminicidios, es decir, sólo el 44.32%. Y que, durante el periodo referido, la Fiscalía General de Chiapas informó de manera parcial sobre los datos registrados durante ese lapso. Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre cuatro de las 22 variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los feminicidios ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitados a 64 casos. Igual señalaron que las variables proporcionadas tienen que ver con la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la víctima y el victimario, sin embargo, esta información no permite realizar un diagnóstico a profundidad que pueda generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito, mucho menos para que las mismas atiendan de manera particular a las mujeres indígenas, mujeres trans o a las migrantes. Por ello, las ONG han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan. Según cifras obtenidas por Mujeres Libres Colem AC, organización feminista integrante del OCNF, en lo que va del año se han registrado 29 casos, 13 han sido tipificados como feminicidios, dos como posibles feminicidios, cuatro como tentativa de feminicidio y nueve más han sido registrados como muertes violentas por accidentes o suicidios, entre otros. Martha Figueroa Mier, del Colem, dijo que pesar de que la AVG, declarada el 18 de noviembre de 2016, mandata al gobierno del estado a contar con una base de datos que permita conocer la problemática, la autoridad no ofrece características de los feminicidios, lo que es grave e impacta de manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una política de prevención de los delitos. Y que si bien las consignaciones realizadas por feminicidios alcanzan a 87.30% de los casos --contrario a los expedientes por homicidios dolosos de mujeres, de los cuales son judicializados sólo 26%--, éstos son en su mayoría feminicidios íntimos, lo que impide reconocer la participación de otros actores. Figueroa Mier dijo que, en cuanto al protocolo de investigación del estado de Chiapas, el cual se emitió en 2016, éste no incorpora la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y tampoco está actualizado al nuevo sistema de justicia penal. “Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un patrón relacionado con la desaparición y el feminicidio, frente a lo que las autoridades no han realizado las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia”, deploró Figueroa Mier. Junto a activistas de Católicas por el Derecho a Decidir, las ONG exigieron que se cree e implemente una Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las investigaciones e identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios. Además, demandan que la entidad cuente con un protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio, que se promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación, para que en este mismo sentido se promueva la capacitación para las y los operadores, hecho que garantizará la debida diligencia, lo cual permitirá el esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia. En el informe, que se presentó en el Museo de Tuxtla, se documentó que, a nivel nacional, se dio el asesinato de 8 mil 904 mujeres, de los cuales 2 mil 188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%.