A casi tres años de ataque militar en Ostula, la justicia no llega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos meses de que se cumplan tres años del ataque militar a la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila Michoacán, Emilia García Carmona, madre del menor Edilberto Reyes, muerto por una bala que le atravesó la cabeza, el 19 de julio de 2015, aún no encuentra consuelo.

Ella y su esposo Miguel, así como familiares de algunos de los diez comuneros que resultaron lesionados por los disparos castrenses, continúan en su lucha por justicia, por lo que este martes acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Llorosa, Emilia reconoce que al acercarse la fecha en que se cumplirá otro año más de la muerte de Edilberto, quien era el menor de sus hijos, el sufrimiento familiar se agrava, porque a la impunidad en la que se encuentra el caso, se suma el olvido de las autoridades para cubrir la reparación del daño por la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la muerte del menor, como la dependencia lo reconoció al aceptar la recomendación 65/2016.

Edilberto, que en 2015 tenía 12 años, murió en el contexto de las protestas de habitantes de Santa María Ostula por la detención de quien entonces era comandante de la Policía Comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda.

Verdía Zepeda fue recientemente destituido de su cargo como comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, luego de que se postulara como candidato a diputado local por el PAN, para el distrito 21 con sede en Coalcoman.

Militares pertenecientes a los batallones de infantería 30, 65 y 82, así como miembros de la Secretaría de Marina y policías del estado de Michoacán, participaron en la detención el mismo 19 de julio, y su paso fue obstaculizado por comunitarios. Fue entonces cuando al menos 17 soldados dispararon contra la población, siendo Edilberto la única víctima mortal. (Proceso 2021)

“Ya viene su novenario, y nosotros en la comunidad tenemos nuestras costumbres, que pueden ser bonitas, pero para mí es una fecha muy triste. ¿Qué necesidad teníamos de andarnos endrogando para hacer el novenario de mi hijo? Lo que pasó nos perjudica a todos, a mis hijos, pero nos damos valor para salir adelante; yo sé que no lo tenemos, hay que luchar por él”, dice Emilia, entrevistada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh).

Ampelio Alejo, padre de Delfino Antonio Alejo, joven que tiene una bala alojada en la ingle, teme que los tiempos electorales sean usados como pretexto para seguir posponiendo el cumplimiento de la recomendación y la continuación de las investigaciones.

“Nos pusieron plazo de dos años, para que se cumpliera la recomendación, vienen las campañas electorales y nos van a decir que no se puede por las campañas, y así se la van a llevar; lo que queremos es que se nos indemnice, que se castigue a los culpables, que nos den una disculpa pública y que no se vuelvan a repetir los hechos, sobre todo porque todo el tiempo hemos estado al acecho de la Marina”, apunta Ampelio.

Apunta que para su hijo Delfino, quien al momento de la agresión militar tenía 17 años, las secuelas de la bala alojada en el cuerpo le costaron un año de escuela y sufrimientos constantes.

“La bala quedó cerca de una vena y no se la pueden quitar, es muy dolorosa, sobre todo cuando hace frío. Lo hemos llevado a hospitales en Guadalajara y Colima, algunos gastos los ha pagado la CEAV, pero no todos, por eso nos urge que cumplan con su palabra”, dice Ampelio Alejo.

El abogado de los agraviados y sus familiares, Raymundo Ortiz Martín del Campo, señala que hasta ahora la averiguación previa abierta por los hechos está estancada, por lo menos desde hace más de un año.

“Quedó pendiente una reconstrucción de los hechos, que fue solicitada por el Ministerio Público, para eso hicimos una asamblea comunitaria para que se admitiera la diligencia, porque eso implicaría la presencia de vehículos militares, soldados, marinos y policías, y en términos comunitarios podría afectar a la población”, narra el abogado.

La Sedena, encubrimiento

Aun cuando los comunitarios aceptaron la diligencia desde hace un año, no se ha llevado a cabo y en cambio el caso ha pasado por unos cuatro agentes ministeriales federales.

Al señalar que, desde hace un año y medio, se espera el resultado de una pericial de criminalística, Ortiz destaca que, pese a las diligencias pendientes, “con los elementos que tiene hasta ahora la PGR ya se puede consignar al soldado que mató a Edilberto, quien está totalmente identificado, manejaba un fusil en la torreta del vehículo, así como a los otros que dispararon con fusil en mano contra la población; son 17 soldados en total”.

El abogado abunda en el encubrimiento que se ha dado a los soldados presuntamente responsables de atacar a los comuneros de Ostula: “Días después de los hechos, al menos a diez soldados, entre ellos el que disparó a Edilberto, fueron dados de baja, es decir, activaron de forma expedita un trámite que dura al menos un año, no sabemos si ya dieron de baja al resto de los soldados señalados, incluso por sus propios compañeros de disparar”.

Ortiz relata que en una semana los agentes ministeriales interrogaron a 200 soldados que, si bien algunos hicieron señalamientos contra sus compañeros, “estaban bien aleccionados para librar de toda responsabilidad a su superior, porque en todo momento dijeron que se les ordenó no disparar”.

“Todo este tiempo lo que ha hecho la Sedena es proteger a sus soldados, después de mucho insistir, lo último que se obtuvo fueron las direcciones de los soldados”, agrega el abogado, quien destaca que la principal exigencia a la PGR es que se investigue la cadena de mando.

“Lo que nos interesa es que se investigue a fondo, porque a los soldados, muchachos tarugos, se les va a girar una orden de aprehensión, pero la gente macabra, los políticos que ordenaron el operativo, siguen ahí”, sostiene Ortiz Martín del Campo.

Socorro Medina, lideresa de la comunidad de Santa María Ostula, apunta que los hechos del 19 de julio de 2015 afectaron a toda la comunidad, que se ha mostrado solidaria con las víctimas y sus familiares.

“Toda la comunidad necesitamos psicólogos, porque todos sufrimos por lo que los soldados hicieron a nuestra gente; da coraje porque para el mal gobierno, es como si no pasara nada, y las personas seguimos sufriendo por lo que pasó hace tres años, lo revivimos en todo momento”, afirma Socorro, quien el 19 de julio estuvo presente durante la agresión castrense.

“Lo que exigimos es que se atienda a las víctimas, 11 directas y ocho indirectas, y que no se vuelvan a repetir los hechos, que no se siga golpeando a la comunidad, nosotros estamos organizados y no nos vamos a quedar callados”, sostiene Socorro Medina.

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