MONTERREY, 4 de junio (apro).- La Fiscalía general de Nuevo León busca a una persona, de identidad no revelada, como presunto autor material del homicidio de la periodista Alicia Díaz, ocurrido el pasado 24 de mayo en su domicilio al sur de esta capital. Por su parte, el exmarido Gerardo Medrano, quien el domingo fue capturado en León, Guanajuato, donde se había refugiado, fue internado ese mismo día en el Penal del Topo Chico, acusado de la autoría intelectual del delito establecido como feminicidio, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez. En conferencia de prensa que ofreció hoy, el funcionario rechazó revelar si hay más personas implicadas, además de las mencionadas, pues hacerlo entorpecería las investigaciones, aunque dijo que todavía no se ha establecido con claridad cuál fue el móvil del asesinato. Sobre la participación del exmarido, Orozco señaló que al imputarlo ante el juez de control, el Ministerio Público comprobó que, con anterioridad, tenía “problemas” con la periodista de El Financiero, de quien se había divorciado y con quien había tenido diferencias relacionadas con la manutención de los tres hijos que procrearon. “Hay información relativa a un sinnúmero de procesos judiciales de índole familiar, de tipo civil e incluso del orden penal, en relación a violencia familiar vivida en el seno donde ambas personas convivían. Esto se corroboró con información documental y entrevistas, para dar sustento a la orden a aprehensión que libró el juez de control”, dijo. El vicefiscal aclaró que también ella había sido denunciada por incurrir en violencia doméstica y proferir amenazas, y adelantó que la Fiscalía General determinará si hay responsabilidad de parte del Ministerio Público que recibió las cinco querellas que intercambiaron las partes, la más reciente en el 2015, si es que no fueron debidamente atendidas. Aunque Díaz murió por una contusión profunda de cráneo, la autoridad no ha encontrado el arma homicida, dijo Orozco. Las evidencias indican que Medrano no estuvo presente al momento del hecho y todavía resta determinar donde se encontraba en ese instante. Se presume que el exmarido pagó por el homicidio, porque encargó la labor a una o más personas, aunque no se ha comprobado si hubo intercambio de numerario, y cuál es la cantidad. De ser encontrado culpable, el presunto responsable alcanzaría una pena máxima de 60 años de prisión, por feminicidio agravado.