CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Arquidiócesis Primada de México y la Red de Sobrevivientes de Sacerdotes Abusadores (SNAP, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy un convenio de colaboración para proteger a los niños y jóvenes abusados sexualmente por parte de sacerdotes pederastas. A través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis adelantó que, con este convenio, protegerán de los delitos de “abuso sexual a los niños, jóvenes y adultos en situación de riesgo, así como para promover la responsabilidad local en las iglesias y zonas vulnerables”. Firmado por Marilú Esponda, vocera eclesiástica, y por Joaquín Aguilar, director de SNAP México, el comunicado agrega que, por lo pronto, ya empiezan a elaborar algunos “protocolos” de seguridad para proteger a esas víctimas en las instituciones a cargo de la Arquidiócesis. Precisa el comunicado: “Entre varios trabajos, estamos realizando protocolos que ayuden a la atención ante los casos que se pudieran presentar, así como de apoyo a las víctimas, para crear conciencia y educar a la gente sobre la necesidad de proteger a los niños y personas en nuestros hogares, parroquias, escuelas, hospitales y otras instituciones”. Este convenio resulta inusitado, ya que Joaquín Aguilar, el presidente de SNAP México, demandó penalmente al anterior arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, por proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, quien había abusado del propio Joaquín cuando éste era un niño. Esta demanda fue interpuesta ante la Corte de Los Ángeles, California, por lo que Norberto Rivera tuvo que someterse a largos interrogatorios en sus oficinas de la Ciudad de México. Pero ahora, con el nuevo arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, SNAP México firma este convenio de colaboración para proteger a las víctimas de pederastia sacerdotal. Este convenio representa un giro en la Arquidiócesis Primada de México, ya que durante la administración de Rivera Carrera en dicha circunscripción eclesiástica se cometieron varios hechos de pederastia, algunos de ellos todavía son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).