CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Organizaciones que acompañan a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos celebraron las resoluciones del Poder Judicial de la Federación que ordenan “reponer la investigación del caso Ayotzinapa, dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión Investigadora para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala”. Por ello, los activistas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto acatar el fallo judicial en lo que resta de su gobierno, tal como instruyeron los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. “De manera más atenta y respetuosa se le solicita al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás necesidades que requiera la referida comisión”, se advierte en la sentencia de los amparos en revisión 20372017 y 206/2017 resueltos por los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, según citaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Fundar Centro de Análisis e Investigación. Las organizaciones aplaudieron que el Poder Judicial coincidiera con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en el sentido de que “la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”. Tras destacar que los amparos fueron promovidos por los acusados y no por la representación de las 43 familias, las ONG recordaron que fueron funcionarios de la PGR quienes insistieron en que serían los tribunales los que determinarían la validez de la “verdad histórica”. “La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación, y en ese sentido llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR y que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”, resaltaron en el boletín. Además, el Poder Judicial consideró que “las alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente”, al considerar que el caso tuvo su fundamentación “en la obtención de declaraciones mediante coacción”. Los representantes citaron uno de los párrafos como reveladores de la opinión del Poder Judicial respecto del caso Ayotzinapa: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. Otra de las citas se refiere a la consideración sobre la falta de autonomía e imparcialidad de la PGR en la investigación de la desaparición, lo que se refleja en que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército mexicano y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva a que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina-Armada de México”. Los activistas resaltaron el análisis de los magistrados de que la indagatoria de la PGR giró en torno a “una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”, lo que impidió abundar en otras líneas de investigación. Al recomendar abrir un nuevo periodo de participación del GIEI, el Tribunal Colegiado consideró como un “procedimiento alternativo” el crear una Comisión de la Verdad para corregir los errores de la PGR, instancia en la que tendrían que participar los familiares de las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. Al puntualizar que el Tribunal Colegiado confirmó que “la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha”, las organizaciones alertaron que, “dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial”, se vuelve ineludible impulsar “un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo”. También hicieron un llamado a los tres Poderes de la Unión a tomar en cuenta los derechos de las víctimas para la implementación de la sentencia judicial, misma que reitera que “todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, actores que deberán tener un papel activo en la determinación de las líneas de investigación y las pruebas a practicarse.