CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha sido notificada acerca de la resolución de un tribunal federal que ordenó crear una Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, al tiempo que pidió a la dependencia reponer el procedimiento en el caso de 20 de los detenidos, quienes aseguran haber sido torturados. A pesar de ello, la PGR asegura que realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho. Esta mañana, de manera unánime, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, tal como “lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los protocolos de la ONU”. Ante ello, en un comunicado la PGR refiere que no se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues señala que el mismo desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación. Respecto de las acusaciones de tortura, la Procuraduría refirió que, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas carpetas de investigación, en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul. “La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, acota. Igual advierte que continuará ejerciendo sus facultades constitucionales en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Ello, respecto a la resolución informada por el PJF sobre los amparos en revisión 203/2017 al 206/2018 de un Tribunal Colegiado sobre el caso Iguala.