COLIMA, Col. (apro).- Pese a contar en sus leyes con la mejor tipificación del feminicidio en el país, las autoridades estatales no acreditan este delito, cuya aplicación es mínima en comparación con el número de asesinatos de mujeres en Colima. Lo anterior se desprende del informe “Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos Para Acreditar las Razones de Género 2014-2017”, presentado en esta ciudad por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, el OCNF documentó en Colima 118 homicidios de mujeres en el periodo de 2014 a 2017, de los que sólo 35 (29.66%) fueron investigados como feminicidios. Así también, en el primer cuatrimestre de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó 27 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales sólo cinco fueron clasificados como feminicidios por el gobierno estatal. Esta situación, sostuvo el OCNF, “además de una omisión estatal, representa la permisibilidad para que el delito persista, lo que es aún más preocupante en un contexto criminal y de aumento de la violencia contra las mujeres. De igual forma, la falta de acreditación deriva en la ausencia de investigaciones y, por ende, en la impunidad de los casos”. En la presentación del informe participaron Ana Yeli Pérez Garrido y Atziri Elizabeth Ávila López, integrantes del OCNF, así como María del Carmen García García y Efraín Naranjo Cortés, representante estatal del observatorio y presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG). Al acto asistieron decenas de integrantes de organizaciones sociales, entre ellas Clementina Nava Pérez, del Centro de Apoyo a la Mujer, y Adriana Ruiz Visfocri, de Radar4, así como personal del Instituto Colimense de las Mujeres. También estuvieron presentes el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Bernardo Salazar Santana. De acuerdo con el OCNF, los propios agentes del Ministerio Público han manifestado que para acreditar el feminicidio “es necesario demostrar la intencionalidad del agresor, particularmente los motivos de odio o aversión hacia las mujeres”, además de que la autoridad ministerial se niega a acreditarlo, pues lo considera innecesario, ya que a su juicio se resuelven más rápido los homicidios de mujeres que los feminicidios. Sin embargo, señaló el Observatorio, este argumento no se sostiene en la investigación de homicidios, pues éstos también se encuentran en la impunidad, como lo constató el Grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG), que observó que “existen expedientes en trámite desde 2011, lo que de manera coincidente con el resto de los delitos demuestra una dilación en la investigación”; además, el propio Grupo de Trabajo observó que “las autoridades no conocen los elementos del tipo penal”. El OCNF se quejó de que para la elaboración del informe la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima no proporcionó información completa de los años solicitados, además de que en ninguno de los cuatro años analizados las autoridades estatales aportaron variables sobre las características sociodemográficas de las víctimas de feminicidio, ni sobre los hallazgos de los asesinatos; ni brindaron datos sobre su situación jurídica. “La omisión de la información impide conocer la edad de las víctimas, el método a través del cual fueron asesinadas, el lugar del hallazgo, la relación entre la víctima y el victimario, entre otros datos que pueden servir para identificar patrones delictivos y generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito”, indicó. Si bien desde mayo de 2013 Colima cuenta con un protocolo de investigación del delito de feminicidio en el estado, en el que se estableció que toda muerte violenta de mujeres se debe investigar como feminicidio —incluso antes que la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso de Mariana Lima—, la organización advirtió que en la práctica el protocolo no es aplicado y no se ha actualizado al nuevo sistema de justicia penal, por lo tanto no cuenta con los estándares actuales de debida diligencia y perspectiva de género. Ante esta situación, el OCNF hizo un llamado al gobierno estatal para que la Procuraduría General de Justicia investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado. También planteó la necesidad de crear una Unidad de Análisis y Contexto que fortalezca las investigaciones e identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios en el estado, así como actualizar el protocolo de investigación del delito de feminicidio, a fin de que éste promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación. Otra de las demandas fue la reforma de los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que éstos se investiguen de manera oficiosa. El OCNF solicitó además el establecimiento de mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño, que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos, como se hizo en los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG, sin que éstos se supediten a los procesos judiciales. Por último, pidió establecer medidas específicas de política criminal relacionada con el feminicidio, con base en las recomendaciones hechas a través de la AVG decretada para Colima el 20 de junio de 2017. Presente en el evento como representante del gobierno estatal, el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, reconoció que en esa materia “efectivamente hay mucho trabajo por hacer”. Aceptó que los poderes de Colima deben trabajar para abatir la impunidad, para garantizar a las víctimas una investigación siguiendo un protocolo, pues “creo que necesitamos investigar con perspectiva de género, mejorar la investigación y la protección de la evidencia, profesionalizar a nuestros investigadores, crear las unidades de análisis y contexto, garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas y buscar que se cumpla efectivamente con esas recomendaciones”. Concluyó: “Tenemos mucho trabajo que hacer, agradezco que se nos invite, necesitamos trabajar coordinados, seguir teniendo estas mesas, buscar cómo solucionar, cómo establecer esos protocolos que tanto necesitamos, pero aquí estamos para buscar soluciones”.